La laicidad del Estado mexicano. Transformando el paradigma.
Por: Elio Masferrer Kan. *
En enero de 1860 el Congreso de La Reforma dio carácter constitucional la libertad de los ciudadanos de practicar la religión que decidieran, asimismo consideraba que la religión era un asunto privado de las personas y prohibía el culto público, eliminando, por ejemplo, las procesiones, prohibiendo a los curas actividades de culto público fuera del ámbito del atrio de los templos. También quitaba a los sacerdotes derechos políticos por jurar fidelidad a un monarca extranjero (el Papa).
Planteándose una estricta separación entre el Estado Mexicano y las iglesias, o mas precisamente; la Iglesia Católica Apostólica y Romana, la última institución vigente de la Colonia española. Recordemos que el rey de España, por el Real Patronato designaba obispos, fijaba criterios a las órdenes religiosas para ingresar a sus territorios, aprobaba o rechazaba la aplicación de las Bulas (decretos) del Papa en sus territorios y además recaudaba y “entregaba” el diezmo ala Iglesia. La Constitución anterior (1824) establecía que la Iglesia Católica era la única permitida en el país.
La Reforma abría las puertas del país a otras iglesias, la Iglesia no aceptó los cambios en forma pasiva y en muchos casos organizó el linchamiento de misioneros y conversos. Entre 1926 y 1929 alentó un movimiento armado, Los Cristeros, quienes protagonizaron la Guerra Cristera contra el Gobierno Federal, obligando a que el ejército surgido de la Revolución Mexicana derrotara al ejército cristero, fusilando a sacerdotes involucrados en el alzamiento.
Las medidas para controlar la insurrección tienen varias lecturas, para algunos eran anticatólicas, para otros simplemente anticlericales. Los sectores mas radicales de los integristas católicos denunciaban una conspiración “judía, protestante, masónica y comunista”. Una curiosa y extraña amalgama pues según el Censo de Población el 99.1% de la población se declaraba católica, al igual que la mayoría de los masones. La Iglesia se confrontaba así con un laicismo radical, que sólo es comparable con el instaurado en Uruguay, para citar el contexto latinoamericano.
La Iglesia Católica, después de la derrota militar definió una estrategia de “largo plazo” para recuperar los espacios sociales y políticos perdidos: el “laicismo positivo” del Estado, una figura metafórica según la cual se le reconoce a la Iglesia un conjunto de roles en la formación de los sistemas de valores sociales, este papel le permite colocarse como custodia de la excelencia de los comportamientos, a la vez que descarga en el Estado todas las fallas y perjuicios.
En México dicha estrategia se consolidó cuándo se estableció en 2011, en la Constitución el concepto de Libertad Religiosa desalojando de la misma el concepto de Libertad de Cultos que instaurara la Reforma Liberal del Siglo XIX. La diferencia es aparentemente inocua. Se instaló en la Constitución un principio de “Personalidad del Derecho”, según el cual ciertas normas jurídicas no se aplican a personas, que soslayan prohibiciones o exigen trato especial, por sus convicciones religiosas. Este concepto desalojó de la Constitución el principio liberal de igualdad ante la ley, e incluso conceptos mas modernos cómo el de equidad, una modificación sustancial que identificaba grupos o sectores vulnerables que tienen ciertos derechos en función de una peculiar posición estructural, que implica medidas especiales para acceder a la justicia, funda el concepto: “con mis hijos no te metas”.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intentó establecer valores de moral pública o de ética gubernamental que fue violentamente rechazado por varias iglesias que veían el peligro para sus intereses que se instaurara un concepto de moral pública al margen de sus criterios. Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum continuó con el concepto de laicismo positivo. En las campañas electorales, las dos contrincantes con más posibilidades (Claudia y Xóchitl Gálvez) se entrevistaron con el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. Luego se estableció un diálogo con la Iglesia en materia de seguridad pública, donde paradójicamente la misma Iglesia asume las críticas de la oposición política. La paradoja es que las encuestas muestran el abandono de muchos jóvenes y adultos (particularmente las mujeres) de las propuestas religiosas tradicionales y exponen la búsqueda de nuevas propuestas espirituales. El Gobierno, una vez más, le apuesta a “lo viejo”, sin entender “lo nuevo”.
*Doctor en antropología, profesor investigador emérito ENAH-INAH