El Salvador: LOS SECRETOS ESTATALES.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández, Educador.

Las finanzas públicas, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, lo relativo a los financistas del oficialismo y todo lo tocante a las finanzas públicas, han sido ocultadas por siete años con ese mamotreto jurídico denominado ley alabí, pese al compromiso pactado con la banca multilateral para establecer la transparencia como normativa en el ejercicio público, evadiéndola gobernación con una nueva veda informativa, esta vez para los agentes extranjeros, justificándose en el supuesto de que hacer pública dicha información supondría vulnerar el secreto fiscal, además de la norma sobre protección a datos personales.

Eufemismos. Un mero mentís.

Las acciones generadas desde el estado, son solo posibles por los recursos que detenta, financiados con dineros provistos por el soberano, por la población a través de sus impuestos, lo que debemos entender que no los sacan espontáneamente desde una maceta o un bombín, sino que se las proveemos mediando los impuestos, que aporta la población menos favorecida al erario público – porque las clases pudientes, que son las únicas favorecidas financieramente, evaden sus obligaciones fiscales – por lo que, entendamos, para que pueda adelantarse cualquier proyecto se sirven de dineros públicos, incluso cuando devienen de financiamiento extranjero, que al final son respaldados por esos recursos, por lo que su manejo debiera ser “transparente”.

Lo que significa que su manejo debe ser gestionado para el fin único que se dispensan, no para otro propósito.

En el caso que nos ocupa, la ley citada [RAEX, Ley de Agentes Extranjeros], ya establece que el manejo de recursos financieros habrá de ser ´público´ [Art.6], es decir, que la información que derive su gestión habrá de estar a disposición de cualquiera, en cualquier momento, como los controles que le hicieron, y los controladores que dieron su visto bueno al tal ejercicio, para lo que se añade que “…será la Asamblea Legislativa la que promoverá que su ejercicio sea transparente…”, implicando lo referido, es decir, animando a la población aplique la contraloría social.

Cuando de nuevo los estamentos estatales impiden que la población pueda acceder a dicha información, entonces el propio estado violenta lo que la ley que él mismo elaboró establece, denegando intencionalmente a la población ejercer su derecho a monitorear el quehacer estatal, denegando además un elemental derecho a los ciudadanos, que deriva en la sospecha válida de que el gobierno encubre un ilícito dirigido a favorecerse y a los de siempre.

Llana corrupción.

Esto debe conducirnos a entender que dichas regulaciones fueron creadas por el oficialismo para encubrir ilícitos cometidos por personeros en el ejercicio público desde el oficialismo, lo que deriva en enriquecimiento ilícito por el mal manejo de recursos públicos, pues supone el desvío de recursos financieros provenientes del erario público para destinarlo a un fin que no es el programado.

Esta madeja argumentativa tiene el propósito de señalar la corruptela del régimen, que se escuda en argumentos maliciosos, con los que procura ocultar sus robos, mientras precariza a la población, que será la que pague sus descarados robos.

¿Hasta cuándo?