Editorial: PENSIONES. La otra gran deuda social.
Por: Enrique Fernández.
En El Salvador, la pérdida de derechos se ha vuelto casi rutina. Ya no sorprende que, de la noche a la mañana, se elimine o recorte alguna prestación que costó décadas de lucha y organización. El sistema de pensiones es quizá el ejemplo más doloroso de esta normalización de retrocesos.
La llamada Ley de Pensiones, en sus diferentes versiones y en el caso de la reforma de 2022 ,lejos de saldar la deuda histórica con los trabajadores, está diseñada para beneficiar a quienes administran el sistema, mientras que los verdaderos afectados —los cotizantes y futuros jubilados— quedan cada vez más desprotegidos.
En un país sin crecimiento y con derechos congelados; según el censo poblacional, el bono demográfico que inlcuye a la población entre 18 y 60 años, considerada activa se mantiene prácticamente estancado desde hace cinco años. La razón principal: la migración. No hay creación significativa de empleos, ni desarrollo económico sostenido, y con ello se pierden también programas sociales que deberían acompañar el envejecimiento de la población.Donde a pesar de lo que se divulga en medios oficiales lo único que crece son las opacidades, los negocios del grupo de poder y el imparable endeudamiento interno y externo como dinámica gobernante.
Existe antecedentes de un grupo protestante cuya bandera era estatizar el sistema de pensiones ,pasaron al silencio actual.En años pasados, sindicalistas y técnicos impulsaron la campaña “No a las AFPs”, un movimiento que, más allá de la defensa de los derechos, también funcionó como un ataque político al gobierno de izquierda de entonces. En 2017 criticaron con dureza la reforma aprobada en ese momento.
Pero llama la atención el silencio absoluto tras la reforma de 2022 bajo el gobierno de Nayib Bukele. Con cero consulta ciudadana, se ordenó una nueva ley que redujo el aporte del trabajador del 11% al 9%, disminuyendo la masa monetaria acumulada a largo plazo. Un retroceso claro, aunque disfrazado de modernización.
Cobertura baja y concentración de beneficios
Según datos del censo nacional del BCR, la población económicamente activa (PEA) ronda los 3.2 millones de personas. Pero solo 1.7 millones están afiliados al sistema de pensiones y, de estos, apenas 870 mil cotizan de forma efectiva cada mes. En otras palabras ,más de la mitad de la fuerza laboral ni siquiera entra en el juego, y de quienes sí, muchos lo hacen de manera intermitente. Así, cuando se habla de cobertura, la cifra real es desoladora,menos del 30% de la población trabajadora podrá jubilarse con una pensión formal.
El Banco Central de Reserva confirma la paradoja: la tasa de crecimiento económico en 2023 apenas llegó al 2.6%, una de las más bajas de Centroamérica. Mientras tanto, la emigración sigue drenando población joven, el “bono demográfico”. Hoy, más del 25% de los salvadoreños vive en el exterior, enviando remesas que equivalen al 26% del PIB. Lo que implica que la juventud produce riqueza, pero fuera del país; adentro, los sistemas de seguridad social se marchitan como plantas olvidadas al sol.
Los números son contundentes: la cobertura de cotizantes sigue siendo casi la misma que en 2017. Apenas el 30% de la población trabajadora adulta está en condiciones de pensionarse.
La nueva ley, además, fortalece la rentabilidad de las dos AFPs dominantes, consolidando un duopolio intocable. En este contexto, surge la pregunta: ¿qué nuevas sorpresas traerá la reforma que exige el FMI para continuar aprobando préstamos al país? El trasfondo es evidente: darle al Estado mayor margen financiero para pagar la deuda, aunque ello signifique seguir debilitando la seguridad social.
En el plano fiscal, la presión es aún mayor. Según el FMI, la deuda pública salvadoreña se acerca al 84% del PIB en 2024. Para sostener los pagos, el organismo ya recomienda nuevas “adecuaciones” al sistema de pensiones. Traducción: más recortes disfrazados de modernización. Porque lo urgente, según los acreedores, no es garantizar pensiones dignas, sino asegurar que el Estado pague puntual sus compromisos financieros. Una antítesis dolorosa: mientras los ancianos hacen fila con pensiones de US$325 mensuales en promedio (ISSS-AFPs), el país destina miles de millones al servicio de la deuda externa.
La Superintendencia del Sistema Financiero reporta que, tras esa reforma, el fondo de pensiones ronda los US$13,000 millones, pero sigue siendo administrado por solo dos AFPs privadas, que perciben utilidades garantizadas. La promesa de mayor cobertura y mejores beneficios quedó en papel: los números de afiliados y pensionados prácticamente no han variado respecto a 2017.
El diálogo que nunca llega,pues lo más grave es el abandono del diálogo social. Casi un millón de afectados quedan fuera de cualquier mesa de discusión. La Asamblea Legislativa se limita a obedecer órdenes presidenciales, aprobando leyes “exprés” que apenas se leen antes de votarse, y que incluso aparecen publicadas en instancias oficiales minutos después de presentadas.
El proceso democrático, reducido a un trámite burocrático, es tan rápido que hasta parece broma: una ley lista antes de ser discutida, como si la política se hubiera convertido en una mala comedia de enredos.
Así, el sistema de pensiones salvadoreño se mantiene como un espejo de la política nacional: promete futuro, pero solo refleja pasado. Se presenta como salvavidas, pero funciona como ancla. Y mientras el país envejece en silencio, los administradores celebran su rentabilidad. La gran ironía es que, en un país de migrantes, la única jubilación asegurada parece ser la que se logra afuera, nunca adentro.
El resultado: un sistema que avanza a espaldas de los trabajadores y en beneficio de pocos.
Esta reflexión busca abrir un debate urgente: ¿hasta cuándo aceptaremos reformas diseñadas sin voz ciudadana, que hipotecan el futuro de quienes sostienen al país con su trabajo?