El Salvador: PODER Y DERECHO.

POR: MIGUEL BLANDINO.
El poder es la condición que hace posible la vigencia y la garantía de todo derecho. Quien no cuenta con esa condición, simple y llanamente es incapaz de legislar para hacer valer sus intereses o de defenderlos si es necesario. Tal aseveración es absolutamente válida en cualquier sociedad y en todo tiempo.
Por otra parte, la política es la actividad en la que diferentes grupos humanos ponen sobre la mesa sus intereses y pugnan por hacerlos prevalecer frente a los de otros, es decir, para que los demás los reconozcan y les otorguen el valor que se reclama.
Mientras tanto, el Derecho es la codificación efectiva y positiva de los intereses de los que cuentan con la condición necesaria y suficiente para hacerlos valer, de manera primordial, frente al conjunto de todos los intereses del resto de grupos humanos.
En este tipo de asuntos, que son los verdaderamente esenciales, no existe lugar para el auto engaño: solo el que tiene las botas bien puestas y atadas tiene la posibilidad de imponerse, pisando todos los callos de los que calzan alpargatas y, más aun, de los que vienen descalzos. Solo el que tiene la decisión y actúa para arrebatarle sus botas al opresor, es capaz de cambiar su situación de sometimiento imponiendo su ley.
Dicho de otra manera, para que los intereses de un grupo social sean reconocidos y garantizados en el plano de la realidad no se necesita solamente que sean puestos de modo formal en el texto de una ley, sino que se cuente con una fuerza superior que haga inútil todo esfuerzo contrario para anularlos.
Revisemos, a modo de comprobación.
A tenor de la literalidad del texto del Art. 3º constitucional salvadoreño, “Todas las personas son iguales ante la ley”, debe entenderse que nadie está por encima de ella y que todos deben someterse ante su majestad, porque esa es la voluntad del que según la misma Constitución Política es el soberano, o sea, la porción de la población total de los mayores de dieciocho años que están facultados para elegir mediante el voto y hacen uso de esa prerrogativa.
Y sí, en el mundo ideal, perfectamente abstracto, claro que tiene que ser de ese modo. Sí, porque al ir a la etimología de “democracia”, resulta que demos significa el pueblo y cratos quiere decir poder, y si ponemos juntas las dos palabras griegas, democracia es el poder del pueblo.
¡Sí, Chucha!, solo que no vivimos en el Hyperuranion, el Topus Uranus, de la imaginación del sublime Platón, sino en el mundo imperfecto de los seres humanos de la Caverna, concretamente, en la de los cavernícolas bukele de El Salvador.
El año 2009, en las elecciones presidenciales del 15 de marzo, el resultado del recuento de votos dio como ganador al candidato de la izquierda. Dos meses antes, el 18 de enero, en las legislativas, el FMLN había obtenido el mayor número de diputados -35 de las 84 curules en disputa-, y en las municipales logró cerca del 40% de las 262 presidencias municipales, así como la mayoría de representantes en los Concejos Municipales. Pero el partido político llamado FMLN jamás tuvo el poder. Todo lo que consiguió el FMLN fue la posibilidad de administrar una parte del gobierno en el país, a nivel general y a nivel local.
Cualquiera con cierta experiencia y lucidez puede entender que el administrador no es siempre el que decide y orienta las acciones. Veamos un ejemplo salvadoreño:
En El Salvador, al igual que en el resto de los países latinoamericanos de la última década del siglo XX, el modelo neoliberal había obligado a los gobernantes a vender a empresarios privados la infraestructura y empresas estatales -estratégicas en términos de seguridad y generadoras de enormes ingresos- que pertenecían a la Nación entera: telefónicas, puertos, aeropuertos, carreteras, distribuidoras de energía eléctrica, etc.
Después, mediante argucias, los gobernantes obedientes a los extranjeros, obligaron a los usuarios a pagar indefinidamente unas cuotas extra en el recibo del servicio, para devolverle a las empresas lo que gastaron inicialmente al invertir en aquel negocio.
De ese modo, por ejemplo, en la factura del servicio de telefonía, los salvadoreños pagaban cada mes una cuota obligatoria de USD 9.43 a France Telecom -desde el 17 de julio de 1998, cuando por USD 275 millones adquirió el 51% de las acciones de la estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)- y a lo largo de doce años los usuarios le devolvieron lo que pagó por adueñarse del mercado telefónico.
Cuando los diputados efemelenistas, cumpliendo con una propuesta de campaña, introdujeron una reforma a la ley para eliminar dicha cuota fija, los usuarios apoyaron jubilosos y, con ellos, toda la población que sufría los azotes del modelo neoliberal.
Ante semejante abrumadora mayoría social de respaldo a la reforma propuesta por los legisladores izquierdistas, todos los partidos, desde uno minúsculo centroizquierdista hasta el bloque de la derecha poderosa de ARENA y sus viejos socios, representados en la Asamblea Legislativa, se sintieron obligados a dar sus votos favorables…, pero, Mauricio Funes -el “progresista” Presidente de la República- vetó el decreto aduciendo su ilegitimidad por populismo descarado del mismo partido que lo había llevado a su alto cargo en el ejecutivo.
En realidad, a Mauricio lo convencieron los dueños de las telefónicas y otros inversionistas nacionales y extranjeros. La fuga de capitales era su amenaza explícita y, por supuesto, implícitamente, el fresco recuerdo de la piyama de Mel Zelaya bajándose del avión que lo condujo a su exilio tras el golpe de Estado en Honduras.
Finalmente, los diputados en absoluta mayoría, por unanimidad, superaron el funes-to veto y la cuota obligatoria fue eliminada de los recibos… ¿Y los empresarios? Ni uno solo se largó del país. Por el contrario, en ese tiempo creció aún más la Inversión Extranjera Directa (IED) que tenía a El Salvador como destino.
El poder, por un instante, lo agarró con fuerza el pueblo salvadoreño en sus manos, por su decisión de luchar en respaldo de una Asamblea Legislativa que, por una primera vez, se puso del lado de sus intereses y dio forma jurídica a la voluntad popular.
El Derecho no es otra cosa que el poder de legislar, ejercido con absoluta convicción y decisión hasta vencer para imponer y defender los intereses de una o de otra clase social, digo yo sin ser letrado, solo por la experiencia de viejo. El poder, obviamente, no es de los vacilantes ni de las veletas pendulares oscilantes, a quienes les toca el papel de obedecer, en contra del interés propio, el mandato de las leyes que les imponen otros, en favor de los poderosos sin importar cuantos sean.
Cualquier otra explicación, en todo caso no es sino retórica idealista o poesía romántica hecha a la medida de los incautos, esos infaltables soñadores que como las polillas revolotean alrededor de la peligrosa pero atractiva flama de la creencia en una mítica pero falaz igualdad de todas las personas ante la ley.
En aras de su interés y en obediencia al mandato de sus amos –los que le han conferido el poder que ostenta-, bukele ha desatendido desde el 1º de Junio de 2019 la obediencia debida al texto de la Constitución Política y a toda ley y reglamento de la República. Ha desarticulado las instituciones republicanas y eliminado de ellas todo el espíritu original de su ley de creación. Y lo hace simplemente porque puede, o sea, porque tiene el poder para gobernar a capricho, decreto por decreto, a la medida de la necesidad concreta y específica de cada momento del proyecto político, económico, social y cultural que le han diseñado y está desarrollando por encargo.
Pero que bukele escriba el Derecho de ese modo no es ninguna novedad. Fidel Castro y los revolucionarios cubanos gobernaron decreto tras decreto, sin un marco constitucional, desde que asumieron las riendas del país, en 1959, y hasta el año de 1976 cuando decidieron institucionalizar el proceso revolucionario ¿Por qué? Porque podían. Porque tenían el poder para hacerlo. La diferencia, entre ambos regímenes, radica en los intereses de clase que cada uno promueve. Por lo demás, la relación entre Poder y Derecho es la misma: el derecho lo tiene solo quien ejerce su poder. Después usa la ley para subyugar legalmente a otros y quien se opone es delincuente.