¿ES LEGÍTIMO CUESTIONAR UN GOBIERNO QUE NOS TRAJO UNA RELATIVA SEGURIDAD?

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández, Educador.

Pareciera un sinsentido porque ha logrado traernos la seguridad que tanto deseábamos, que durante décadas fue solo un anhelo.

Y, sin embargo, algo huele mal.

Cuando contrató a una persona para construir mi casa, y ésta me dice que solo podré pedirle cuentas después de siete años, sin que en el inter pueda yo saber nada, pues, he dejado que me vean la cara.

Y eso ha sucedido.

Ningún gobierno ha tenido los recursos que éste tiene, pues contrató más recursos financieros que todos los gobiernos juntos que le precedieron.

Y, sin embargo, no hay dinero.

¿Dónde está toda esa plata?

La banca multilateral afirma haber entregado en condición de empréstito, al país, hasta 2023, algo más de 21 mil millardos. ¿Sabes cuánto dinero es?, solo estima como se escribe semejante cifra, un 21 seguido de 27 ceros, una cifra sencillamente incomprensible.

Bueno, pero hay seguridad, sin duda buena parte de esos dineros fue destinado justo a ese propósito.

¿Hmmm?

Tanto la DEA como nuestros vecinos, endilgan como el tráfico de drogas ha aumentado desde nuestro país hacia EU y Europa con éste gobierno, por lo que esa afirmación es sencillamente falsa, por otro lado, el trasiego de armas que circulan desde y hacia Sudamérica, aumentó de acuerdo a las mismas fuentes, que señalan como el país se ha convertido en una plataforma para ello, lo que el monitoreo que sobre nuestros cielos tienen los militares estadounidenses confirma, también los militares mexicanos, que así atajan la mayoría de vuelos salidos de nuestro país al ingresar a su mejicano, y sin que nuestras autoridades sabiéndolo, hagan algo.

¿Y qué hay del empleo o de la seguridad jurídica?

Desde hace seis años dejó de privilegiar el empleo, y la pérdida de esos 160.000 empleos del sector privado desde la pandemia, o los más de 20,000 empleos perdidos por razones político ideológicas en el sector público confirman, pues el régimen lo instrumentaliza para imponer sus condiciones al ejercicio laboral, manipulándolo además partidariamente, lo que es agravado porque la completa institucionalidad a sido desmontada para favorecer el arbitrio del caudillo, sus intereses particulares y los que representa, lo que sencillamente ningún inversionista ve con buenos ojos para arriesgar su capital en un país carente de seguridad jurídica, que para colmo no produce nada y es por completo dependiente por un lado del endeudamiento crónico como del capricho leporino de un solo individuo.

Y qué decir de los asesinatos cometidos por el régimen por medio de sus agentes, o los secuestros y las desapariciones de la que es responsable por sus tratos con las pandillas, que subsisten y siguen operando a pesar de lo afirmado.

Y el colmo de los colmos; es un régimen que circunscribe su triunfo electoral a esos pactos con las pandillas, que siguen vigentes a pesar de lo que se afirma, así como con el narco y los traficantes de armas.

Así que, ¿deberíamos apoyar un gobierno así?

ENTONCES; ¿ESTAMOS COMO PUEBLO OBLIGADOS A SEÑALAR LAS FALTAS A UN GOBIERNO, AUNQUE ÉSTE HAYA APARENTEMENTE RESUELTO EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA?

El contrato social impone roles muy bien definidos a cada actor dentro de la República, y el de regular la seguridad pública, es de responsabilidad particular del estado y de nadie más.

Así las cosas, al cumplir el estado con el mandato de velar porque la seguridad pública sea vigente, sencillamente cumple su función constitucional, purgando las transgresiones a la ley, por lo que, entendamos, ¡no está haciendo nada extraordinario!, sino simplemente cumpliendo una de las tareas por la que existe, por lo que los ciudadanos si bien estamos llamados a respaldarlo en ello, no debemos sorprendernos pues ya lo establece la ley.

Aclarado esto, podemos explicarlo porque la seguridad pública y dada nuestra historia y particular idiosincrasia, ha estado crónicamente ausente en nuestro diario vivir, lo que en particular es vigente entre los sectores pauperizados y excluidos, por lo que es comprensible que en particular los que han sido más gravemente golpeados por la ilegalidad, sientan una suerte de agradecimiento hacia el régimen que así establece finalmente un cierto grado de seguridad, que empero al ser examinado no responde al deber ser de la legalidad, sino a intereses espurios de clase dirigidos a profundizar las desigualdades y la inequidad social, que todos vemos se han agravado por el espíritu aporofóbico y excluyente que supone la base de la política adelantada desde el régimen.

Dicho de modo simple; el cumplimiento del deber ser institucional en un gobierno, se traduce en el reconocimiento y respaldo de los sectores sociales que previamente fueron obviados, y que para el caso, fueron además víctimas diarias de la inseguridad; de ahí lo extraordinario, y para agravar, podemos corroborarlo, nunca han sido respaldados por el  estado, dejándolos a su suerte enfrentarlo, lo que a su vez además evidencia que este orden social aparente, pudo siempre imponerse si solo se hubiera contado con la debida voluntad para hacerlo, como que además y por lo mismo es sujeto de una perversa manipulación por parte del régimen, que podemos comprobar por otro lado, porque las pandillas, existen tanto por la exclusión como porque responden a intereses político partidarios, así como el narco y el tráfico de armas, que además son manifestación de los intereses supranacionales con los que la política criolla de derecha y las élites están comprometidas.

Por otro lado, la narrativa oficialista del régimen no soporta el más mínimo examen, cayéndose por su propio peso, como lo es el caso del recientemente celebrado 1000 días sin delitos de sangre, que no es más que una cruel falacia que solo responde a la más vulgar propaganda, no a ninguna veracidad, lo que se extrapola a todo el quehacer del régimen.

Entonces, por supuesto que asumir una actitud crítica para con el régimen es lo propio, un mandato instituido constitucionalmente, mientras asumir una actitud sumisa solo refrenda la corruptela y la ilegalidad que suponen este régimen.