Mercados que atesoran cajas negras: El centralismo devorador en El Salvador.

En el torbellino coyuntural de El Salvador, donde el poder se concentra como un agujero negro succionando todo a su paso, los mercados municipales han caído en la trampa del centralismo. Este sistema no solo atesora instituciones y actividades rentables para engordar las «cajas negras» del régimen esos fondos opacos que nadie audita ni explica, sino que teje una fina red de clientelismo y corrupción bajo la máscara de eficiencia y calidad de servicios. Es otro maquillaje concentrador que encubre manejos turbios, donde el dinero público desaparece en un laberinto de favores y comisiones.

Ya lo vimos venir cuando crearon la Asociación del Centro Histórico, esa oficina que cobra por permisos de funcionamiento de negocios , construcción y remodelación en las grandes ciudades; la Dirección de Obras Municipales (DOM), que monopoliza las mega obras en todo el país y ha sido señalada por irregularidades y riesgos de corrupción; los agro mercados que compran a importadores «amigos» del círculo cercano; la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), que se apodera de la recolección de basura, quitando ingresos a las alcaldías; y ahora, desde Casa Presidencial, manejan la Red Nacional de Hospitales, con una orientación clara hacia la gradual privatización de servicios médicos.

Todo esto, orquestado para que la gente agradezca y endose su apoyo al presidente como «el único que resuelve», aunque los problemas sociales y económicos sigan igual o peor. En el proceso, se apartan funciones, tasas e ingresos de las municipalidades, dejando a las alcaldías como cascarones vacíos.

La concentración en la Dirección Nacional de Mercados (DNM) es el último golpe centraliza el control de mercados y plazas públicas, descalabrando la relación de las municipalidades con la gente y sus fuentes de ingresos para operar. ¿Eficiencia? Más bien, un pretexto para canalizar fondos hacia el «centralismo de todo», lejos de la fiscalización local. Los negocios donde han metido mano suelen fracasar o desquebrajarse pronto, porque los convierten en «cajas» que estiran hasta reventar.

El ejemplo perfecto: el Mercado Cuscatlán, que hace una década, cuando el actual presidente era alcalde de San Salvador, lo vendió con su locuacidad grandilocuente como «el mejor y más moderno de toda Centroamérica».

Hoy, es un símbolo de fracaso, con pérdidas millonarias y deudas que superan la decena de millones. Y ahora, repiten el show con el Mercado San Miguelito, que aseguran costó $34 millones, y que sus instalaciones modernas solo se encuentran en Europa según dijo el presidente; pero que el día después de su inauguración, una tormenta vespertina voló láminas del techo central como una señal misteriosa, casi de presagio, de pactos con el lado oscuro.

Modus Operandi: El arte de la opacidad.

El patrón es claro en su cinismo, identifican bienes y servicios rentables que pasan a formar parte de figuras público-privadas, favoreciendo un ecosistema donde el Estado se convierte en socio de intereses ocultos.

– Se contratan propiedades e inmuebles a precios sobrevalorados, asegurando comisiones jugosas que regresan al contratante o al círculo de poder.

– Cuentan con un grupo de proveedores de «alta confianza», vinculados a funcionarios del partido oficial Nuevas Ideas o recomendados por el núcleo gobernante.

– Se ha confabulado un sistema que ordeña, deriva y triangula recursos del presupuesto nacional, préstamos y donaciones hacia un «hoyo negro» sin fondo esas cajas negras manejadas desde CAPRES y sus lugartenientes, que transfieren fondos para una acumulación sin fin.

De ahí se explica cómo el partido oficial no solo obtiene fondos de los más de 34 mil empleados incorporados al Estado desde su llegada, sino que ahora dispone de recursos blanqueados para campañas. Si las elecciones fueran mañana, tendrían fondos de sobra para propaganda y movilidad territorial, con el bonus de instituciones públicas que hacen «lado» al régimen.

La red de mercados es solo otra pieza en este rompecabezas armado que deja de apoyar lo público a través de las municipalidades, quitándoles ingresos y administración, para nutrir un ecosistema de negocios fantasmas y elefantes blancos que aportan cientos de miles hasta millones a las cajas negras del grupo gobernante. Es un consorcio de empresas que expolian el dinero público para instituciones oscuras. Y en este laberinto de opacidad, los mercados no son solo centros de comercio, sino portales a ganancias desviadas que financian lujos invisibles para el pueblo, pero palpables para la élite.

El periodismo investigativo ese que incomoda, que se infiltra en las grietas del silencio oficial apenas logra, a cuentagotas, sacar a luz los retazos de una verdad que los círculos gobernantes quisieran enterrar bajo decretos, propaganda y censura. Lo revelado hasta ahora apunta a un patrón evidente con la dinámica de crear figuras legales que encubran negocios blindados, ingresos fijos y seguros, diseñados no para sostener al país, sino para lubricar la maquinaria de poder, riqueza y ostentación de una élite que se multiplica en el lujo mientras predica austeridad y se castiga con «medicina amarga al pueblo».

¿De dónde provienen algunas ganancias?

En 2022, el gobierno lanzó la Chivo Wallet, presentada como un “neobanco” destinado al intercambio entre dólares y Bitcoin, además de servir como canal para recibir remesas del exterior. En ese marco, se anunció la entrega de 30 dólares en Bitcoin a un millón de personas. Sin embargo, nunca se verificó si realmente esa cantidad fue entregada y si alcanzó al número de beneficiarios reales anunciado.

La narrativa oficial aseguraba que esos 30 dólares, guardados en Bitcoin, convertirían a los sectores populares en futuros inversionistas. En la práctica, la mayoría de las personas utilizaron ese bono como un simple vale para compras en el supermercado, sin convertirse en “pequeños ahorradores digitales” ni los «nuevos ricos por el Bitcoin» que se prometió en la mentira #100.

Quienes sí aprovecharon el esquema fueron funcionarios y allegados al poder: con altos ingresos cuyo origen en muchos casos no se ha transparentado compraron Bitcoin a un precio promedio de 23 mil dólares. Con la revalorización posterior de la criptomoneda, a finales de 2024 superó los 100 mil dólares por unidad, multiplicaron su inversión hasta por cinco veces.

Esa operación explica, el origen de una parte de la riqueza repentina de ciertos grupos de poder vinculados al partido oficial y a altos funcionarios del gobierno, aunque no se haya reconocido públicamente.

Mientras tanto, al llegar a 2025, la realidad de la mayoría de la población sigue siendo la misma o incluso peor. En contraste, quienes concentraron esas ganancias continúan acumulando propiedades, bienes y capital, asegurando su permanencia y reelección en cargos políticos o, en el peor de los casos para ellos, garantizando una jubilación suficiente para vivir décadas sin necesidad de trabajar. Los pobres no se volvieron ricos con los $30 en Bitcoin y el espectacular proyecto de adopción Bitcoin vendido al mundo, la «Chivo Wallet» proyecto privado financiado con fondos públicos , terminó con millonarias pérdidas, marcada por glitches, baja adopción (menos del 5%)y críticas internacionales, al gobierno bitcoinero no le importa pues al fin y al cabo, no es su dinero, sino lo saqueado de los fondos públicos, préstamos y donaciones que deberían paliar la pobreza, no engordar carteras opacas.

De esas operaciones opacas, conocidas solo por quienes las ejecutan, pero invisibles para la ciudadanía, surge la actitud de prepotencia y molestia de quienes creen no tener que rendir cuentas. Así, la familia presidencial, ciertos diputados, dirigencia del partido oficialista , funcionarios y sus círculos cercanos aparecen, casi de la noche a la mañana, como nuevos millonarios: propietarios de mansiones, cancelando créditos a largo plazo en apenas tres cuotas, viajando en jets privados, moviendo fondos en bancos offshore en Europa o el caribe y protagonizando un nivel de derroche que ni siquiera los préstamos más generosos del banco estatal rebautizado popularmente como “Banco Diputecario” por su cartera de préstamos hecha a la medida de diputados y altos funcionarios podrían justificar o cubrir.

Allí, entre transacciones que nadie supervisa, se recicla el dinero fresco y recurrente que alimenta la maquinaria. Y de esas operaciones opacas para la ciudadanía, cristalinas solo para los beneficiarios (del grupo exclusivo de poder). Tas el fracaso del intento de bitcoinizar a la gente para encubrir sus transacciones ahora han creado una oficina nacional para gestionar criptomonedas, que cuenta con asesoría internacional con sueldo presidencial de consultor de transnacionales, el gasto no importa pues el fondo público paga.

La incógnita no es si habrá un día en que se destapen las bóvedas digitales donde se resguarda esta información porque ya están en la nube, listas para ser abiertas, sino qué sucederá cuando las trazas de la blockchain, aunque complejas, permitan determinar de dónde salió cada dólar y quién lo inyectó en la maquinaria. Ese será el momento de la verdad y el instante en que el castillo de naipes del poder, sostenido en humo y criptos, revele que su grandeza no era más que una pirámide de papel disfrazada de modernidad.

Cuando llegue el momento en que se confirme lo que intuíamos sobre esa riqueza repentina y esos caprichos obscenos no fueron por milagro o magia de la economía ni por aciertos de buen gobierno, sino simples atajos financieros, un “mercado negro disfrazado de honestidad con etiqueta” pero que sus transacciones apestan a casino exclusivo. Lo sorprendente no será descubrirlo ya lo olíamos, sino comprobar que estaba registrado en ceros y unos desde el principio. Solo que, a nosotros, el pueblo, nos dejan fuera del dato o nos mantienen distraidos mientras su negocio está en marcha. Porque, al final, como recuerdan las viejas escrituras, nada permanece oculto bajo el cielo ni enterrado en la tierra.

Si alguna vez, después de esos 7 años de reserva de información que parecen eternos, el pueblo supiera qué han hecho con los recursos y todo lo que esconden… ¿qué reacción tendrían? Quizá ninguna, porque buena parte de la población ya no se inmuta y se ha acostumbrado a la precariedad sin servicios, atención ni apoyo social. Aún no salen de la burbuja publicitaria, ese escenario de luces y show que se intensifica cuando el régimen sufre caídas de popularidad en redes y medios.

Es normal y observable que, tras crisis de imagen, y caídas de popularidad y enojo reflejado en redes, surjan nuevos ángulos de marketing y persuasión como spots en TV cada 5 minutos, masivos posts en redes, y especialmente las cadenas de radio y TV obligadas donde el mensaje presidencial son ahora más largos, no menos de 90 minutos. Orientado por asesores de imagen, el gobernante usa un collage confuso de temas sin relación, medias verdades recortadas en la parte que le afecta, disfrazadas como sabiduría popular. Un guion que incluso envían a youtubers internacionales, quienes lo replican como reflexiones de gurús.

La respuesta oficial se reduce a un sarcástico “¡muy bien y gracias!”, mientras el centralismo avanza como una aplanadora, imparable en su afán por desmantelar la democracia local bajo el maquillaje de un falso progreso. Pero los maquillajes siempre se corren: ¿hasta cuándo durará el espectáculo antes de que el techo se desplome y la verdad se imponga, o la propia blockchain esa que prometieron como sinónimo de transparencia exhiba sin piedad el lujo ostentoso financiado con las carencias de todos?

La respuesta oficial: “¡muy bien y gracias!”

Todo este desfalco, desvío de fondos e inversiones especulativas estilo casino, lejos de proyectos que palíen las urgencias sociales hospitales desabastecidos, escuelas en ruinas, barrios y colonias sin agua ni empleo, se ha naturalizado como si fuese parte del paisaje político, mientras el centralismo avanza como un rodillo, imparable en su afán de desmantelar lo poco que queda de democracia local bajo el disfraz de modernidad, eficiencia de servicios y “progreso”.

La farsa tiene fecha de caducidad: la pregunta no es si caerá, sino cuándo. ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse el show antes de que el techo se vuele por completo, o de que la trazabilidad de la blockchain esa memoria digital imposible de borrar termine por desnudar el verdadero origen del lujo y las fortunas?

El riesgo es evidente cuando cada aplauso ciego y cada silencio cómplice nos empujan, no hacia un país con futuro, sino hacia un espejo que nos devuelve la imagen de la precariedad, la ruina institucional y el desgobierno que alimenta la miseria. Nos acercamos, paso a paso, a parecernos más a Haití: empobrecidos, saqueados y convertidos en un experimento fallido de lo que alguna vez se llamó República. Y si no se rompe el embrujo ahora, lo que hoy se disfraza de modernidad terminará siendo recordado como «la más descarada estafa política, nunca vista en nuestra historia.»

Pero aún hay margen que no nos han quitado y que enseña que los pueblos despiertan cuando comprenden que la resignación, no debe ser destino ni opción.

Solo con la acción colectiva, el reclamo ciudadano y la fuerza de la memoria tendremos herramientas capaces de detener la decadencia y devolver dignidad al porvenir. El futuro no está escrito y depende de la valentía de quienes se atrevan a romper silencios y el miedo para construir, desde abajo, la República que nos han arrebatado.