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EXISTE ALGUNA POLÍTICA PÚBLICA EN LO LABORAL CAPAZ DE HACER CAMBIOS SUSTANTIVOS EN EL MERCADO DE TRABAJO SALVADOREÑO.

Por: Róger Hernán Gutiérrez.

En todos estos años de ejercicio gubernamental, pasado y presente, en lo ministerial en la cartera de trabajo y previsión social, no ha existido ninguna política laboral en la materia socio laboral; situación que denota la escasa visión estratégica que el actual gobierno pone a la situación del empleo—del trabajo como razón sustancial para mejorar los ingresos, el bienestar por la satisfacción de las necesidades básicas para una existencia digna y decente, entre otras cosas primordiales para un desarrollo económico sustantivo para las familias y la comunidad a la que pertenecen estas poblaciones laborales.

Una política pública en lo laboral debe corresponder con un sistema salarial adecuado, protección, cumplimiento y ejercicio cabal de los derechos laborales inherentes al tipo y clase de trabajo que existe y se pretende impulsar en lo estratégico. El reflejo de esta ausencia de una política laboral es el propio ejercicio de la cartera de trabajo; donde elementos y procesos esenciales para propender al respeto de los derechos humanos inherentes al trabajo y condiciones laborales para su protección y defensa no han existido. Con ello la prioridad gubernamental no tiene nada que ver con los ingresos básicos, que pudieran garantizar para todas las personas que laboran el bienestar familiar y de la comunidad.

Esto a nuestro entender es básico, por cuanto daría pauta a pensar que el gobierno actual había tomado como decisión política importante trabajar en el desarrollo y defensa de los derechos de la clase trabajadora, y no de los intereses de la clase dominante. El tiempo nos dio la razón, y el trabajo, ocupación o empleo, no ha tenido la política pública capaz de fortalecer lo que se tiene y crear nuevos puestos de trabajo. Esta forma de ver el trabajo ha llevado a que haya decrecido, que los pocos puestos se concentren en actividades económicas de comercio y servicios, de poco valor agregado y en una reducción de la producción para dinamizar la economía y una alta concentración de la riqueza producida.

El modelo económico impulsado fue continuar con la dinámica de las remesas como parte del producto interno bruto, y elemento vital para el sostenimiento del consumo necesario para la compra de los escasos bienes y servicios producidos en un mercado interno sumamente restringido y con poca capacidad adquisitiva, por el alto subempleo y la alta informalidad laboral, sin derechos, sin remuneración y protección social. Este marco del mercado laboral no ha sido del interés gubernamental y el actual ministro de Trabajo sólo ha seguido la senda del menor esfuerzo, una acción invalidante e indecente de dicha cartera, a efecto de no hacer olas que puedan llevarlo a señalamientos del presidente, que le arriesguen su puesto de trabajo.

Se continuó con un mayor desmontaje de la poca institucionalidad pública, que dejó arena en su ejercicio, reduciendo el personal de secretarías existentes para potenciar los derechos como la educación, la salud, las comunicaciones, la materia fiscal, la formación profesional, la vivienda, la cultura, la previsión social, resultando en servicios públicos cada vez más deficientes para la ciudadanía en general. Mayor desprotección laboral al faltar a derechos adquiridos contemplados en la ley del servicio civil, Constitución de la República, contratación

colectiva, en el otorgamiento de indemnizaciones, en la protección para los derechos a pensiones (vejez, invalidez y sobrevivencia), salud médico-hospitalaria, formación profesional y demás derechos humanos contemplados en la materia sociolaboral.

Sin existencia de programas básicos, ni la capacidad del Estado para desarrollar la economía y el mercado de trabajo, acorde a los apoyos esenciales al sector empleador y sector laboral. Escasez financiera en la cartera de trabajo, que llevó a vender sus servicios públicos, incapaz de llevar alguna planeación estratégica que desarrolle las actividades económicas en al agro y la industria como elementos de mayor dinámica productiva; y hasta ahora una alta deficiencia en materia de gestión de datos y tecnologías de información y comunicaciones entre otras. Siendo los anuncios gubernamentales y de empleadores bastante sesgados, incoherentes en la práctica, y de poca utilidad para la fuerza de trabajo que necesita y se propone para impulsar una economía solidaria.

EL ministro de Trabajo ha mostrado poca voluntad en su gestión, pero igual ha continuado a la base con un sindicalismo de viejo cuño, incapaz de proponer sus intereses de manera autónoma e independiente, esta escasa presión no permite que las cuestiones laborales tengan la vitalidad necesaria para mejorar la microeconomía de la gente. El trabajo decente, sigue faltando, y las intenciones para un mejoramiento al respecto, caen en saco roto por el alto endeudamiento del gobierno, sin políticas fiscales progresivas, la alta concentración de la riqueza en grupos mínimos dominantes; y un empresariado negativo que se queja que no tiene la seguridad jurídica, como tampoco la voluntad para invertir con el riesgo necesario.

Se requieren dinámicas básicas para una alta participación del sector laboral, y dentro de la política pública la incorporación de un diálogo social, con la información y datos necesarios para un debate franco y sincero para darle rumbo al país y lo socio económico.

  • Sindicalista salvadoreño.
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