CARTAS MARCADAS A FAVOR DE LOS PUDIENTES. Pura farsa el Consejo Nacional del Salario Mínimo en El Salvador.

En un contexto donde el gobierno ha sido acusado de deslegitimar la consulta ciudadana y anular espacios de participación genuina, la reciente conformación y actuación del Consejo Nacional del Salario Mínimo (CSM) emerge como un ejemplo paradigmático de cómo se orquestan aparentes consensos para encubrir planes que benefician a unos pocos.

Hoy, el CSM se presenta como un organismo “tripartito” entre gobierno, empresa privada y trabajadores, pero el equilibrio es una ilusión. Gobierno y sector privado operan como un solo bloque, mientras que la “representación” de los trabajadores está en manos de sindicatos alineados y cooptados. Resultado: no hay debate real, ni capacidad de análisis, ni propuestas genuinas. La prueba más reciente fue la revisión del salario mínimo en junio de 2025: tras una semana de “discusión”, aprobaron exactamente lo que ordenó el Ejecutivo, sin cambiar una coma.

Este organismo, supuestamente tripartito y equilibrado, opera bajo la tutela del Ministro de Trabajo, del cual funcionarios han sido señalados internacionalmente por su rol en la desarticulación de organizaciones sindicales. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos los ha incluido en listas de actores corruptos por obstruir investigaciones y socavar instituciones democráticas. Cabe preguntarse: ¿qué pretenden legitimar ahora con esta fachada de diálogo?

La historia de El Salvador está marcada por manipulaciones institucionales que disfrazan despojos en nombre del «progreso económico». En el siglo XIX, específicamente en 1881 y 1882, se abolieron las tierras comunales y ejidos mediante decretos que facilitaron la masificación del cultivo de café, concentrando la propiedad en manos de elites oligárquicas. Estas medidas incluyeron leyes contra la vagancia para forzar mano de obra barata y hasta ajustes en el calendario festivo, como el traslado de la celebración del Divino Salvador del Mundo a agosto, alineado con la temporada de cosecha para asegurar disponibilidad laboral. El resultado fue un boom exportador que enriqueció a pocos, mientras la mayoría enfrentaba pobreza y desigualdad.

Avanzando al siglo XX, en las décadas de los 60 y 70, El Salvador atrajo empresas transnacionales como Texas Instruments y Coca-Cola, posicionándose como líder regional en industrias como la textil, el calzado y hasta la producción discográfica. Sin embargo, este «desarrollo» no se tradujo en bienestar para los trabajadores. Bajos salarios y explotación persistieron, exacerbados por la Guerra de las Cien Horas con Honduras en 1969, un conflicto que cerró el Mercado Común Centroamericano y afectó duramente la economía salvadoreña, más industrializada que la hondureña. El crecimiento económico no implicó redistribución; al contrario, profundizó la brecha social, ya que faltaron políticas que mejoraran condiciones laborales, el factor clave en la generación de riqueza.

Mientras tanto, el gobierno continúa repitiendo la retórica del “despegue económico”, la “reconversión productiva”, el “milagro económico que viene” y las “oportunidades para todos”, eslóganes tan gastados como engañosos. La realidad es que, mientras las mipymes aportan más en impuestos que las grandes empresas, una ley recién aprobada exime de cualquier tributo a los inversionistas extranjeros que traigan más de 2 mil millones de dólares. Una medida que, lejos de atraer capital productivo, convierte a esta economía bananera en un paraíso fiscal disfrazado, atractivo únicamente para quienes buscan evadir impuestos y gravámenes. Este escenario resulta especialmente conveniente para el «exchange» de moneda digital THONCOIN (stablecoins), cuyos patrocinadores mantienen estrechos vínculos con el clan gobernante.

Lo que nunca se menciona es lo esencial: ¿qué beneficios concretos obtendrán los trabajadores y sus familias de toda esa supuesta bonanza?

Estos patrones se repiten hoy: visiones de «despegue económico» con énfasis en productividad y reconversión productiva, pero sin mención a beneficios reales para los trabajadores y sus familias. Slogans como «oportunidades para todos» suenan huecos cuando la realidad es de precariedad.

El CSM, conformado por representantes del gobierno, la empresa privada y los trabajadores, aparenta equidad. Sin embargo, es un desbalance ajustado que simula consenso. La alianza entre gobierno y sector privado domina, mientras la representación sindical está cooptada por figuras alineadas con el Ministro de Trabajo, experto en desarticular sindicatos, como lo reconoció implícitamente el gobierno estadounidense al sancionarlo por corrupción y obstrucción.

La prueba más reciente es la revisión del salario mínimo en mayo de 2025. Tras una semana de «discusiones», el consejo aprobó por unanimidad el incremento del 12% propuesto por el Ejecutivo, efectivo desde junio 1, elevando el salario en sectores como comercio, servicios e industria de $365 a $408.80 mensuales. No hubo análisis independiente ni propuestas alternativas; simplemente se ratificó la orden presidencial. Pese al aumento, El Salvador mantiene el segundo salario mínimo más bajo de Centroamérica, perpetuando la explotación.

Otra evidencia de la falta de representación genuina es el silencio de federaciones y confederaciones sindicales avaladas por el Ministerio ante los despidos masivos. En los seis años de Bukele, se reportan más de 35,000 despidos en instituciones gubernamentales, incluyendo 14,000 solo entre 2024 y marzo 2025, y adicionales en maquilas que cierran sin cumplir pasivos laborales. Poco se han denunciado públicamente estos abusos, confirmando su cooptación.

La respuesta es clara: ninguno. El CSM es solo un decorado que busca legitimar un plan económico hecho a la medida de las élites locales y extranjeras que siempre han sido favorecidas. El conflicto social por la injusticia laboral no es un tema que este gobierno ni la élite empresarial estén dispuestos a estudiar, mucho menos a resolver.

En esencia, el CSM no es un espacio deliberativo, sino una herramienta para legitimar planes económicos que, como siempre, favorecen a elites locales y externas. Ignora lecciones históricas de conflictos sociales por injusticia, como los levantamientos por desigualdad en el siglo XX. Nada bueno saldrá de esto: el «consenso» es una ilusión que encubre la perpetuación de la pobreza y la precariedad laboral. Urge una verdadera participación sindical independiente para que el desarrollo no sea solo crecimiento, sino justicia redistributiva. ¿Hasta cuándo seguiremos repitiendo ciclos de manipulación?

Más que esperar milagros, hay que construirlos entre los afectados que cada vez se multiplican más con este régimen, urge reactivar la lucha reivindicativa de aquellos trabajadores que no han claudicado ante el poder. Aunque el temor persista, la dignidad se impone, porque el hambre enseña a desafiarlo. Así, se alistan para conmemorar este próximo 15 de septiembre no solo como fiesta nacional, sino como recordatorio de que la verdadera independencia también se libra en la defensa del salario justo, de los derechos laborales y de la voz de quienes generan la riqueza de la nación.