Al concretarse aquella teatral presentación de la ilegal candidatura del actual ejecutivo ante el TSE, aún algunos albergamos la expectativa de que los magistrados habrían de comprender su deber ante la República y la Historia, cumpliendo con su obligación de rechazar semejante transgresión.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández
Al formalizarse esa candidatura para participar en las elecciones venideras, sencillamente todo el marco legal fue quebrado desde adentro, por los mismos magistrados salvo uno, para quienes no existe ninguna justificación, lo que los reduce al papel de simples cómplices de esta ilegalidad que ahora sustentan artificialmente con naturalidad.
Y es que olvidaron que incluso las amenazas proferidas desde la ilegal corte suprema, son ilegítimas pues provienen de un ente espurio e ilegal, producto de un golpe de estado, perpetrado por el régimen con el ánimo de asegurarse, lo que implica que las resoluciones emanadas de ella, ¡son ilegales!, y su cumplimiento no es obligatorio.
Olvidan para el caso que hasta 23,000 funcionarios han sido retirados de sus cargos por el régimen, por razones ideológicas, a los que hay que acotar que otro número no estimado de funcionarios públicos, entre los que se encuentran jueces, colaboradores jurídicos, médicos, docentes, etcétera, han sufrido toda suerte de abusos al abrazar con valor la institucionalidad para no ser cómplices de las ilegalidades del régimen, por lo que han sido rebajados de cargo, suspendido en su ejercicio, interrumpido el pago de sus salarios, separados de sus nombramientos, tratados con injusticia, todo, por ampararse en la legalidad.
Esos magistrados que incumplieron sus obligaciones para con la Constitución, que la transgreden, al lado de estas víctimas solo pueden alegar en su favor que las anima el garantizar sus privilegios y salario, por lo que no tienen justificación ante la ley que afirman representar, y ante la cual más temprano que tarde darán cuentas, así como a la conciencia de sus hijos que algún día les demandarán, avergonzándose.
Ahora, esos mismos que favorecieron desconocer la legalidad nos dicen que debemos estar seguros de que están comprometidos para garantizar que la voluntad electoral de los salvadoreños se cumplirá, de acuerdo a la presidenta del TSE, “…por lo que debemos confiar…” en los resultados de los comicios venideros.
No podemos como ciudadanía fiarnos del compromiso que alega tener el TSE para con los intereses del soberano, y menos aún el que asegura con la legalidad, pues se ha conformado un autoritarismo electoral defendido por el propio TSE en particular como por el régimen en general, caracterizado por el desmontaje de la institucionalidad como por las medidas dirigidas a asegurar la dispersión de la oposición.
Debemos añadir a la ecuación el que el estado de excepción más la reserva jurídica son adefesios que sustentan por temor al régimen, reduciendo al soberano a apenas un observador aterrorizado, sin el valor o el civismo o el compromiso para hacer, para construir las condiciones que garanticen el retorno de la institucionalidad.
Pues el régimen llegó para quedarse, para menospreciando la institucionalidad echar raíces en la ausencia de ninguna legalidad.
*Educador salvadoreño
