Categoría: Editorial

No solo Washington decide “quién es el malo y quién es el bueno y también cuándo el malo se vuelve bueno y el bueno se vuelve malo”, tal como lamenta Bukele; Moscú y Pekín también lo hacen y, antes, Gran Bretaña y Francia, y todos los imperios. Dictaminar el bien y el mal es competencia de ellos.

Por: Rodolfo Cardenal*

El mismo Bukele decide quién es bueno y quién es malo, y cuándo alguien deja de ser una u otra cosa. Ejemplo de ello son la justicia que administra y el criterio para designar funcionarios. Los imperios no tienen amigos, sino compañeros de viaje y solo en la medida en que sus intereses coinciden. Es necio y torpe confiar en sus buenas palabras.

La guerra de Ucrania y la crisis del petróleo han acercado a Washington no solo a Caracas, sino también a Teherán. Hábilmente, Caracas ha reaccionado de manera positiva, sin romper con Moscú. El acercamiento le abre a Venezuela la posibilidad de paliar su crisis económica y obtener el reconocimiento de su presidente. Teherán tampoco ha cerrado la puerta. Enredado en sus filias y fobias, Bukele carece de flexibilidad para aprovechar las oportunidades. En el ámbito internacional, la tolerancia y la creatividad son cruciales para mejorar la propia posición. La coyuntura internacional ha convertido al petróleo de Venezuela y de Irán en un bien muy valioso. El Salvador no tiene petróleo, pero, a diferencia de Venezuela, no solo desperdicia las aberturas para avanzar, sino que se enclaustra aún más. Los imperios están para quedarse. En consecuencia, hay que contar con ellos y negociar inteligente y astutamente. Bukele, en cambio, elige mirar hacia adentro. Intenta explotar la crisis mundial para consolidar su posición interna.

En una comparecencia de casi dos horas de palabra atropellada y prolija, atribuyó los males internos a las potencias mundiales y, por consiguiente, se declaró impotente para contener los efectos negativos de la pandemia, de los trastornos experimentados por la producción y la cadena de suministros, de la inflación y de la guerra. Es cierto que el origen de esas crisis está fuera de su control, pero también es verdad que, excepto la última, las demás tienen al menos dos años de castigar a la gente sin que él haya hecho algo para suavizar su impacto. Excepto la pandemia, y solo al comienzo, Bukele se ha desentendido de todas ellas. Solo se ha interesado en el bitcóin. Su posición actual es débil. La gente resiente cada vez más las consecuencias de esas crisis. Tal vez por eso dedicó casi una hora a recorrer los noticieros internacionales que informaron sobre ellas. Quizás dudoso de su credibilidad, no se atrevió a hablar por sí mismo. Bukele asumió el papel de presentador de noticias y convirtió su comparecencia en noticiero de radio y televisión para declararse una víctima más de las potencias.

Si Estados Unidos acudió a Venezuela a causa del petróleo y si la Unión Europea se niega a prescindir del suministro de gas ruso, mucho menos margen de maniobra tiene el presidente de El Salvador. Dicho esto, Bukele anunció once medidas económicas, cuya eficacia es muy relativa. Suprimió algunos impuestos a los derivados del petróleo, liberó de aranceles la import1ación de bienes cuyo arancel ya es cero y pretende controlar los precios de algunos bienes básicos. El farragoso énfasis en el costo de estas medidas le sirvió para subrayar su papel de víctima de circunstancias externas.

Contrario a su liberalismo decimonónico, Bukele insistió en intervenir en el mercado para controlar los precios y contener la inflación. Ordenó desplegar inspectores, policías y soldados en puntos estratégicos y aumentar las sanciones a los rebeldes. A primera vista, convence. Pero la tarea es inasequible, porque no tiene capacidad para intervenir en la economía de esa manera. No lo hizo antes y no lo hará ahora. El despliegue de estos primeros días no es universalizable ni sostenible a mediano plazo. El caos generado a raíz de la captura de un connotado busero y de la confiscación de sus vehículos augura el fracaso del plan. La improvisada operación presidencial y su torpe ejecución han generado más descontento que satisfacción en la población. Endurecer las sanciones es ineficaz, porque no hay agente que identifique a los infractores. Asistimos a acciones demostrativas de una voluntad presidencial que se agota en su demostración.

Al final, Bukele se refugió en el tradicional llamado a la conciencia de la empresa privada para que traslade el beneficio de sus medidas al consumidor, reduzca el margen de ganancia y no se aproveche de la coyuntura. E invitó a su audiencia a hacer un acto de fe para creer que ahora hay mejor educación, salud e infraestructura. Pero los llamados a la conciencia y los actos de fe se estrellan contra el egoísmo y la ambición de dinero, de poder y de fama. La política internacional ha resultado demasiado compleja para un régimen incauto e inculto.

*Director del Centro Monseñor Romero.

En respuesta a las críticas ciudadanas por la inacción gubernamental frente al incremento del costo de la vida, ahora agravado por la situación política y energética internacional, el presidente Nayib Bukele anunció la semana pasada en cadena de radio y televisión varias medidas para reducir el precio de los combustibles y algunos productos básicos.

Editorial ARPAS

Entre las medidas más relevantes están suspender temporalmente algunos impuestos a los combustibles y eliminar aranceles a la importación de productos básicos. Según Bukele, con la primera medida el galón de gasolina bajará 25 centavos y la segunda disminuirá el precio de los alimentos.

Dichas medidas son -a primera vista- positivas. Sin embargo, una revisión más a fondo muestra que son tardías, insuficientes y demagógicas.
Son tardías porque el alto costo de la vida no es un problema de las últimas semanas o meses, sino desde el inicio de la administración Bukele. El aumento de los precios de los alimentos y otros productos venía desde mucho antes de la invasión de Rusia a Ucrania, pero el gobierno no tomó acciones más allá de las ineficaces “verificaciones” de la Defensoría del Consumidor.

Pero aun frente a la crisis provocada por la guerra en el este de Europa, otros mandatarios de la región tomaron acciones antes que el gobernante salvadoreño.

Son insuficientes por temporales y porque no abordan estructuralmente el problema vinculado a los bajos salarios, el esquema tributario regresivo donde “pagan más los que menos tienen” y la desregulación de precios de productos básicos. Si Bukele de verdad quisiera impactar anunciaría un aumento salarial acorde al costo de la vida, una reforma fiscal progresiva “donde paguen más quienes tienen más”, eliminación o reducción del IVA a los alimentos y otros productos básico y controles de precios a bienes y servicios esenciales.

En redes sociales la gente también reclama con toda razón la falta de anuncios sobre reducir gastos públicos innecesarios en propaganda, lobistas, compra de bitcoins, etc. Ahorrando estos gastos, Bukele podría -por ejemplo- pagar las pensiones atrasadas a los adultos mayores y establecer subsidios para otros sectores vulnerables.

Y son demagógicas porque sólo buscan un efecto mediático que haga creer que el gobierno actúa y defiende los derechos de la gente, pero no tienen un impacto real. Es posible que después del pomposo anuncio presidencial la población seguirá comprando igual o más caro el combustible, la comida y las medicinas.

El anuncio fue un golpe propagandístico, como lo es también el espectáculo montado alrededor del transportista Catalino Miranda. ¿O acaso Bukele hará lo mismo con empresarios oligarcas que también suben precios? ¿Se imaginan a policías capturando a Carlos Calleja y militares interviniendo Súper Selectos por subir los precios? ¿O a Roberto Kriete por encarecer descaradamente los boletos aéreos de AVIANCA?…

Ojalá más temprano que tarde la población sea consciente de estas falacias propagandísticas y exija soluciones reales a los problemas que le afectan.

La justicia social es un deber del Estado para con la ciudadanía. En el primer numeral de la Constitución se describe a la persona humana como fundamento del Estado y se señala las responsabilidades básicas de este con los ciudadanos. Pese a ello, los políticos y los funcionarios apenas hablan de justicia social. Menos aún la empresa privada.

Es un término constitucional casi olvidado, muy poco desarrollado en las leyes y en las instituciones públicas de El Salvador. En el siglo XIX, cuando se acuñó el concepto, la justicia social se definió como el establecimiento de la igualdad para todos los seres humanos en los derechos básicos que se desprenden de la dignidad de la persona. Tal como se le lee en el documento fundacional de la OIT, “La paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social”.

Al ser la justicia social una obligación constitucional del Estado salvadoreño y un derecho de cada ciudadano, resulta necesario corregir la desigualdad de acceso a los derechos básicos. ¿Todos los salvadoreños tienen el mismo derecho a la salud? Es evidente que no. La existencia de dos sistemas públicos de salud con diferente capacidad de atención y cuido muestra que en este derecho básico hay desigualdad.

Con respecto a las pensiones, la cuestión es aún más grave: tres cuartas partes de la población está excluida de ese servicio. Por otra parte, una alta proporción de los estudiantes no termina el bachillerato y la baja calidad de muchos institutos y colegios priva a un buen grupo de jóvenes de una formación adecuada.

Además, es obligatorio preguntarse si es justo que el Estado pague a algunos de sus funcionarios el equivalente a 20 salarios mínimos. Si el Estado se ciñera a la justicia social que le exige la Constitución, esa exhibición de desigualdad sería imposible.

La creencia de ser superior a otras personas, y por tanto con mayores derechos, está culturalmente muy incrustada en las élites salvadoreñas. Los altos salarios estatales y los variados sobresueldos, aunque legales, son socialmente injustos, violan un principio constitucional.

Igual sucede con una ley de impuestos que permite acaparar mucha riqueza mientras otros ciudadanos, con los mismos derechos, pasan hambre. La indiferencia y desprecio de las élites a la justicia social es, entre otros factores, una de las causas de que con tanta facilidad los políticos violen la Constitución de la República y haya tanto beneplácito ante la adopción de medidas populistas.

En 1931, el papa Pío XI decía que la distribución de la riqueza debía regirse por los principios de la justicia social. El destino universal de los bienes y, por tanto, el acceso a ellos tiene prioridad sobre la propiedad privada. No la excluye, pero la pone al servicio de que todos tengan al menos la posibilidad de satisfacer sus derechos básicos y desarrollar plenamente sus capacidades.

Acaparar y despojar son correlativos. La justicia social habla de otra cosa: satisfacción plena de los derechos. El derecho a la libertad de empresa no puede estar por encima de los derechos de la gente, ni de la dignidad de los pobres, ni del respeto al medio ambiente. Sin justicia social no hay desarrollo equitativo y sostenible.

(Editorial UCA)

Todo Gobierno se desgasta políticamente con el paso del tiempo. Aunque el de Bukele todavía mantiene altos índices de respaldo social, los signos de desgaste ya son evidentes. Lenta pero gradualmente la población se va desencantando de las promesas que en un inicio entusiasmaron, pero que hoy contrastan con la realidad diaria. Cada vez más gente cae en cuenta de las negativas implicaciones de dejar la suerte del país en manos de un muy reducido grupo de clara tendencia autoritaria. Frente a lo que pasa en El Salvador, hay al menos cuatro tipos de personas.

Por un lado, las que gracias a la propaganda del mandatario han establecido un vínculo emocional con él que les impide ver los signos antidemocráticos, la corrupción y la falta de humanismo del régimen. Para ellos, todo lo que venga del presidente y de quienes le rodean —sin importar la trayectoria y catadura moral de estos— debe ser respaldado, porque persigue el bien del país. Según las últimas encuestas, este grupo sigue siendo mayoritario, pero su tamaño se ha reducido. Un segundo tipo es el de las personas pasivas: las que observan lo que pasa, se dan cuenta de que el país no va por buen camino, saben que los pronósticos económicos no son halagüeños, están en contra de muchas medidas gubernamentales, pero no hacen ni dicen nada. Muchos no quieren expresarse o comprometerse por temor a represalias mediáticas o laborales. De este modo, por omisión, terminan avalando las actuaciones de Bukele y sus funcionarios.

El tercer grupo es el de los que activamente alertan sobre la situación y resisten la embestida autoritaria. Estas personas expresan su descontento, protestan en la calle, se movilizan para hacer sentir su oposición, pero aún no tienen una propuesta o alternativa ante el estilo autoritario de gobernar. Su afán es resistir hasta que pase la tormenta. Finalmente, el cuarto tipo es el de quienes se oponen a lo que está haciendo el Gobierno, desaprueban la actitud del presidente, lo denuncian y buscan alternativas para que el país se enrumbe en un camino más prometedor, más democrático, inclusivo y humano.

Aunque todavía faltan dos años para las elecciones generales de 2024, el régimen ya está en campaña. El ejemplo más claro es el perfil partidario de la Dirección de Obras Municipales (DOM), una artimaña diseñada para restarle alcaldes a los otrora partidos mayoritarios. Algunos sectores descontentos con el Gobierno también tienen puestos sus ojos en 2024. Unos proponen crear nuevos partidos o reciclar los existentes; otros buscan posibles candidatos o candidatas. Tienen en común su oposición a que se consolide un régimen autoritario, pero poco más. Y en los dos años que le restan a la administración de Bukele, pueden pasar muchas cosas, demasiadas.

De cara al bien del país, el primer paso es contar con una propuesta que beneficie a la mayoría de la población y tenga en su centro los derechos humanos y la justicia social. Cuando se actúa con el único interés de salir de un problema, se corre el riesgo de crear otro igual o peor, tal como sucedió en Guatemala con la elección de Alejandro Giammattei. Es fundamental tener claro qué se ofrece o busca como alternativa a lo que hay, y actuar de manera coordinada, superando las diferencias sectoriales y los esencialismos. La dispersión solo favorece a quien ostenta el poder. Sin un proyecto claro y unificado, difícilmente cambiarán las cosas.

Todas las fechas que el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, y sus más altos funcionarios anunciaron como punto de partida de una eventual invasión militar de Rusia contra Ucrania se vencieron, sin que un solo soldado o tanque de Moscú haya cruzado la línea de demarcación.

Por: Guillermo Alvarado

Más aún, el presidente Vladimir Putin anunció que una vez terminados los ejercicios militares realizados en esa zona, sus tropas comenzaron a retirarse a sus cuarteles de manera gradual y escalonada, según corresponde a sus propios programas y no a un calendario impuesto desde Washington.

La cantaleta de la Casa Blanca, sin embargo, se mantiene intacta y el fin de semana Biden volvió, una vez más, a anunciar la “inminente” operación militar rusa, sólo que esta vez acompañada de irresponsables provocaciones que incrementaron la tensión.

Entre ellas la más peligrosa es el inicio de una ofensiva contra las zonas de Ucrania que auto proclamaron su independencia, Lugansk y Donetsk, donde fue necesario evacuar a miles de civiles, hombres mujeres y niños, hacia la vecina Rusia para proteger su vida y su seguridad.
A la vez el presidente ucraniano, muy cercano a Estados Unidos, Volodymyr Zelensky, exigió que se acelere el proceso de adhesión de su país a la OTAN, a sabiendas de que la expansión de la organización guerrerista hacia las fronteras con Rusia es el meollo del conflicto.

En las últimas tres décadas esa alianza militar pasó de 16 a 30 miembros, muchos de ellos que formaban parte de la antigua Unión Soviética y hoy son vecinos del territorio ruso, violando así compromisos internacionales.

Los reclamos de Moscú de que se garantice su seguridad y cese esta aproximación bélica hacia sus límites soberanos fueron desoídos por Estados Unidos y la Unión Europea y precisamente esa es la fuente de la actual crisis en esa región.

Resulta increíble que los miembros del mecanismo integrador del viejo continente no se hayan dado cuenta, o no les importe, lo que es peor, de que si se desata la guerra que desea Washington, esta se librará en su territorio y les tocará a ellos poner los muertos y el sufrimiento.

La Casa Blanca demostró en Corea, Vietnam, Iraq y Afganistán que no le importa perder algunos miles de sus soldados, que son hijos de obreros y de las minorías étnicas, nunca de los millonarios y oligarcas, pero los europeos parecen olvidar el terror de las dos matanzas universales del siglo pasado.

En sus cálculos bélicos Biden parece estar basado en la falsa premisa de que los ramalazos de la guerra no llegarán a su país, pero esta vez podría estar brutalmente equivocado.

Monitorear el acontecer nacional lleva una y otra vez a una realidad marcada por la violencia, expresada tanto en los homicidios y las desapariciones como en la dinámica de las relaciones interpersonales ante situaciones de conflicto.

Una violencia que forma parte de la cultura machista profundamente enraizada en la sociedad salvadoreña; tan arraigada que ya se considera natural. La violencia y el machismo son parte de los elementos estructurales que condicionan a nuestra sociedad, causan un profundo daño a sus miembros e impiden el desarrollo humano.

Actuar con violencia no se limita a causar daño físico a otra persona. También es imponer a la fuerza una idea o una forma de pensar, ser indiferente ante el sufrimiento y las necesidades de los demás, despreciar a otros. Violencia es todo aquello que le impide a las personas desarrollar a plenitud su potencial y vivir de forma fraterna y armónica con sus semejantes. El papa Pablo VI, hace ya 55 años, afirmó que el desarrollo integral de la persona y los pueblos es el nuevo nombre de la paz, pues ambos factores están interrelacionados: “Combatir la miseria y luchar contra la injusticia es promover, a la par que el mayor bienestar, el progreso humano y espiritual de todos, y, por consiguiente, el bien común de la humanidad. La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres”.

La sociedad salvadoreña está lejos de ese orden querido por Dios, en el que, como señala Pablo VI, todas las personas puedan aspirar a su legítimo deseo de “verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de ser humano; ser más instruidos;(…) y los pueblos aspiran a la necesidad de añadir a esta libertad política un crecimiento autónomo y digno, social no menos que económico, a fin de asegurar a sus ciudadanos su pleno desarrollo humano y ocupar el puesto que les corresponde en el concierto de las naciones”.

En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2022, el papa Francisco propone tres caminos para conseguir y mantener la paz, o en otras palabras, tres caminos que conducen hacia ese desarrollo integral al que aspira toda persona: el diálogo intergeneracional, la educación y el trabajo. Pareciera que al escribir su mensaje el papa hubiera pensado en El Salvador, señalándonos el camino a seguir para superar la violencia, el desempleo y los profundos déficit de la educación.

Para el papa, “dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos”. El diálogo busca, pues, el entendimiento, la comprensión, la construcción de algo nuevo que surge de poner en común diversas ideas o posiciones, para avanzar hacia un futuro mejor. Una dinámica que debe ser incluyente: “Los procesos de construcción de la paz no pueden prescindir del diálogo entre los depositarios de la memoria ?los mayores? y los continuadores de la historia ?los jóvenes?; tampoco pueden prescindir de la voluntad de cada uno de nosotros de dar cabida al otro, de no pretender ocupar todo el escenario persiguiendo los propios intereses inmediatos como si no hubiera pasado ni futuro”.

Y tan importante como el diálogo es ofrecer a la población una educación que haga “a la persona más libre y responsable” y sea la “base de una sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso”. Por ello, nos dice el papa, invertir “en la educación de las jóvenes generaciones es el camino principal que las conduce, por medio de una preparación específica, a ocupar de manera provechosa un lugar adecuado en el mundo del trabajo”.

Por último, Francisco llama a reconocer la importancia del trabajo para la plena realización de la dignidad humana, en tanto que “es expresión de uno mismo y de los propios dones, pero también es compromiso, esfuerzo, colaboración con otros, porque se trabaja siempre con o por alguien. En esta perspectiva marcadamente social, el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso”. De ahí la vital necesidad de garantizar el acceso a un trabajo “en condiciones dignas y decentes, orientadas al bien común y al cuidado de la creación”.

Para el papa, toda persona tiene la obligación de ser artesana de la paz para “la construcción de un mundo más pacífico: partiendo del propio corazón y de las relaciones en la familia, en la sociedad y con el medioambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y entre los Estados”. Ojalá El Salvador atendiera ese llamado; en particular, aquellos que obcecada y estratégicamente insisten en sembrar discordia, odio, división.

Todo país que quiere un futuro digno lo planifica con base en la realidad. Y puesto que la capacidad de acceder a datos objetivos ha aumentado enormemente en esta época, la dificultad de dicha planificación radica más bien en encontrar la voluntad de reflexionar adecuadamente sobre las cifras y estudios con los que se cuenta.

En el caso de nuestro país, abundan los datos sobre la economía, la productividad, la población, los recursos naturales, el mercado laboral y las necesidades educativas. Pero se suele rehuir el estudio de la realidad, prefiriendo prometer y presentar renders de un futuro espléndido sin considerar costos y beneficios. La represa de El Chaparral es un ejemplo. Anunciada a un costo de poco más de 200 millones de dólares, terminará requiriendo el triple. La rentabilidad de la obra quedó en el área de los sueños: pura imaginación.

Sobre todo en lo relativo al desarrollo y la protección social, la planificación nacional es prácticamente inexistente. Una buena muestra se encuentra en el tema del envejecimiento de la población. Los cálculos de la Cepal sobre el incremento de la población adulta mayor en los próximos decenios deberían ser motivo de alerta y de acción. Según el censo de población, en 2020 había un poco menos de 800 mil personas mayores de 60 años; en el año 2050, afirma la Cepal, habrá un millón y medio de personas con esa edad.

Pese a que ese aumento de la población adulta mayor generará nuevas necesidades y problemas, la ausencia de pensamiento y de planificación al respecto es notable. En la actualidad, solo un 25% de la población mayor de 60 años tiene pensión. La Cepal calcula, basándose en datos oficiales, que el porcentaje de mayores de 60 años con discapacidad severa es del 13.2%. En otras palabras, unos 100 mil ancianos padecen un nivel de incapacidad que necesita cuido; dentro de 30 años serán 300 mil.

Los datos disponibles son suficientes para planificar un sistema de pensiones y una economía del cuido que contribuyan a solucionar los problemas que se derivarán del escenario que se avecina. Por desgracia, es casi seguro que nada se hará. La mayoría de quienes tienen dinero velan en exclusiva por sus inversiones y ganancias; los políticos, por la permanencia en el poder. Y cuando miembros de la sociedad civil critican esa incapacidad gubernamental de pensar el futuro y esa tendencia de los poderosos a centrarse solamente en sus intereses, se les ignora o se les ataca sin tregua, buscando desprestigiar a quien alza la voz.

Si no se planifica el futuro, no habrá salida a la violencia, la marginalidad, la corrupción y la vulnerabilidad. La planificación requiere transparencia, realismo y participación ciudadana. Sin ello, los proyectos gubernamentales se reducen a puras promesas o especulaciones. Los pequeños avances que El Salvador ha logrado hasta el presente han tenido como base el diálogo, el estudio y la información. Dejar a un lado ese camino solo llevará al fracaso.

Por: Saúl Baños*

Hay datos que dan cuenta que entre 2002 y 2004 se inició con las prácticas de fosas o cementerios clandestinos en la historia reciente de El Salvador. Uno de los primeros casos que acaparó la atención mediática, fue el hallazgo en 2005 de los cuerpos de varias personas en un cementerio clandestino de la Comunidad Iberia, de San Salvador.

Entre 2005 y 2013 la Fiscalía General de la República reconoció haber trabajado en alrededor de 80 cementerios clandestinos, mientras que entre 2014 y 2016 las autoridades identificaron 158 cementerios clandestinos donde yacían cuerpos de centenares de víctimas, muchas de las cuales habían sido reportadas previamente como desaparecidas. Alrededor del 70% de estos sitios fueron localizados con el apoyo de pandilleros a quienes se les otorgó el criterio de oportunidad.

Esa oprobiosa práctica, lamentablemente, no se ha podido controlar por los distintos gobiernos hasta llegar al actual.

Las autoridades se han venido negando a revelar el número de cuerpos que han sido exhumados en las fosas encontradas en los casos de Chalchuapa, que se conoció en 2021; y en los casos más recientes como el de la fosa encontrada en el municipio de El Paisnal, departamento de Chalatenango; y también el del municipio de Nuevo Cuscatlán.

Este último caso se conoció desde el año pasado y las investigaciones han trascendido hasta el 2022. Un medio de comunicación publicó el viernes 4 de febrero de 2022 que en esa fosa había cerca de 26 cuerpos, esto según información brindada por el Ministro de Seguridad.

Teniendo conocimiento de esta información, es válido preguntarse qué tan confiables pueden ser las cifras sobre homicidios que las autoridades están revelando.

Por ejemplo, de acuerdo a datos proporcionados por la Policía Nacional Civil, en el mes de enero de 2022 se tuvieron 78 homicidios, y se dijo que la cifra era menor comparada con la que se registró en el mismo periodo de 2021, cuando hubo 115 homicidios. El mensaje que se manda desde la oficialidad es que el Plan Control Territorial es cada vez más efectivo.

Pero ¿Qué tan confiables pueden ser esas cifras si se contrastan con estos casos de personas no identificadas encontradas en estas fosas?

La respuesta obvia es que las cifras cambiarían, y por tanto, nos están dando información imprecisa, es decir que no es cierta.

Incluso, se puede poner en tela de duda la frase con la que se asegura que en el país hay días con cero homicidios. Pues no hay que olvidar que ese slogan viene siendo usado desde allá por 2013 cuando el ahora presidente de la República era alcalde justamente de Nuevo Cuscatlán. Es de recordar que en enero de 2014 él tuiteó que en todo el 2013 hubo cero homicidios en ese municipio. Ahora vemos que como presidente ha retomado el mismo slogan pero lo aplica a todo el país diciendo que se tienen días con cero homicidios.

Sin duda, el problema de la desaparición de personas es sumamente complejo y no va a desaparecer mientras el Estado no reconozca el fenómeno de las desapariciones de personas como una de las principales amenazas a la vida y seguridad de la población salvadoreña, y mientras no adopte una política nacional de prevención, búsqueda y reparación integral de las víctimas de desaparición. Además de la política, o como parte de ella, se deben tomar otras medidas como:

Garantizar una investigación diligente, objetiva e imparcial que permita localizar e identificar a todas las posibles víctimas.

Solicitar la asistencia técnica de entidades especializadas en materia forense, pues con tantos cuerpos encontrados en las fosas, es posible que el personal con que se cuenta no dé abasto y posiblemente no se estén siguiendo los procedimientos de manera adecuada.

También, la Asamblea Legislativa debería retomar la discusión y el estudio de las diversas propuestas de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, presentadas recientemente, incluyendo la propuesta analizada en la legislatura anterior.
En la discusión y formulación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas debe ser considerada la consulta a los Comités y grupos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de derechos humanos, principalmente aquellas que atienden víctimas de la desaparición.

Además, debería definirse una estrategia comunicacional que provea mecanismos de rendición de cuentas y transparencia a la opinión pública, a los medios de comunicación; en torno al avance y resultados de las investigaciones.

En la medida en que no se reconozca el problema, su complejidad crecerá y su atención será mucho más difícil; así también crecerán las amenazas a la vida y seguridad de la población salvadoreña.

 *Abogado, Defensor de Derechos Humanos.

Es simple: sin transparencia no hay democracia. Aunque el derecho de acceso a la información pública sea más o menos reciente, su concepción siempre estuvo unida a la idea de democracia.

Algunos teóricos ubican el origen de la transparencia en el siglo XVI, cuanto en Suecia se estableció que, como un derecho constitucional, los datos gubernamentales fueran hecho públicos. El término “gobierno abierto”, relacionado con la transparencia, se comenzó a usar en los años cincuenta del siglo pasado en Estados Unidos. En El Salvador, el derecho de acceso a la información llegó mucho después.

En 2011 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue catalogada como una de las mejores a nivel internacional. Casi dos años después se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública. En pocos años, este derecho se fue haciendo parte de la cultura de la gestión oficial, pese a que la mayoría de la población no lo hiciera suyo de manera significativa. Muy pronto, la labor del Instituto se volvió molesta para los Gobiernos del FMLN, porque aquel procuraba hacer cumplir la ley cuando se declaraba, sin fundamentos, la reserva de alguna información.

La democracia se distingue de los absolutismos, entre otras cosas, por el respeto a las libertades humanas y por perseguir el bien común. La democracia es incompatible con el secretismo de Estado porque el ocultamiento de la información buscan esconder que los funcionarios trabajan en beneficio de intereses particulares, no del general. Por ello, la transparencia se ha vuelto un presupuesto del Estado de derecho, en tanto que hace posible el control y la rendición de cuentas de todos los ámbitos de la gestión pública. A ningún régimen autoritario le conviene que la gente sepa cómo se manejan los asuntos públicos, porque la información es fuente de poder.

Una ciudadanía informada se empodera para pedir que se le rindan cuentas. Por el contrario, una ciudadanía pasiva, que solo observa lo que hacen los gobernantes, facilita los actos de corrupción y la violación de sus mismos derechos. En este punto radica la defensa que hacen muchos políticos de la democracia representativa y el rechazo a la democracia participativa. La democracia representativa se basa en la creencia de que la población da una especie de cheque en blanco a los funcionarios que elige. Sin embargo, si bien la democracia se basa en la elección de representantes, estos no tienen un poder absoluto y deben rendirle cuentas a la ciudadanía que los eligió. La gente tiene el derecho y el deber de participar en la dinámica nacional exigiendo cuentas claras tanto del uso del dinero público como de las decisiones políticas que se toman.

Los autoritarismos contemporáneos ocupan la democracia para llegar al poder. Una vez en él, apelan a la voluntad popular para hacer lo que quieren sin rendirle cuentas a nadie y destruir la misma democracia que les permitió ser elegidos. Es claro que El Salvador vive un grave retroceso en materia de transparencia y, por tanto, de democracia. Si algo caracteriza al ejercicio del poder en la administración actual es la opacidad en el manejo de los recursos públicos y en el proceso de toma de decisiones, la eliminación de los organismos de control del ejercicio del poder y un discurso que condena los vicios más rancios de la vieja política mientras en en la práctica se les repite e incluso supera.

Una de las primeras víctimas del Gobierno de Bukele fue el Instituto de Acceso a la Información Pública. El presidente, a través del nombramiento de subalternos suyos, convirtió en un florero decorativo a la que fue una de las instancias protagónicas en el avance de la democracia. Después se trastocó el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública a fin de, entre otras cosas, dar más poder al titular del Instituto y así obstaculizar el acceso a la información. La última estocada es desnaturalizar la misma ley, volviendo reservada la información que de oficio debe ser pública. Cuando ese paso se dé, no quedará nada de la ley que fue motivo de orgullo hace más de una década.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó nuevamente al presidente Nayib Bukele a eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal, señalando “graves riesgos para la estabilidad financiera y la protección de los consumidores”.

El llamado de dicho organismo financiero internacional coincide con la estrepitosa caída del cripto activo, que disminuyó su valor de 55,000 dólares a menos de 35,000, ocasionando a El Salvador pérdidas por unos 25 millones de dólares en solo cuatro meses.

Ciertamente el bitcoin debe ser eliminado, no porque lo diga el FMI (que no es una instancia benéfica interesada en el bienestar del país y de gente); sino porque es una apuesta fracasada que solo genera pérdidas, incertidumbre y corrupción en el uso de fondos públicos que Bukele dispone desde su celular sin ningún control.
Por algo la gran mayoría de la población lo rechaza: alrededor del 70% de los encuestados en el último estudio de opinión pública de la UCA, porcentaje que no ha variado desde que se aprobó la Ley del Bitcoin en septiembre del año pasado.

Es probable que el Bitcoin también se use para ocultar dineros provenientes de la corrupción y otras actividades ilícitas o sirva como nuevo paraíso fiscal para grandes evasores de impuestos. Además de fraudes financieros y el robo de datos a través de la billetera digital “Chivo Wallet”.

Bukele vendió el Bitcoin como panacea para resolver el problema de las finanzas públicas y atraer inversiones, por eso hasta ofreció construir una ciudad privada para los “bitcoiners” y anunció la emisión de bonos en bitcoin por 1,000 millones de dólares.

El presidente debería ponerse serio, aceptar su fracaso y asumir que los problemas son más complejos de lo que él imagina y que no se resuelven inventando cosas mágicas o con propaganda. Y que la solución del déficit de las finanzas públicas no es imponer el uso de un activo digital que ni siquiera es moneda.

Tampoco es solución el financiamiento del FMI que sólo busca asegurar que el país le pague su deuda y que se endeude más y -de paso- imponer su recetario fiscal neoliberal: subir el IVA, reducir pensiones, eliminar subsidios y reducir el “gasto público”.

Ni siquiera lo son préstamos exprés que pudieran otorgar países con gobernantes autoritarios, a los que Bukele acuda para suplir la negativa del FMI y la inviabilidad de sus bonos en bitcoin.

Como hemos dicho tantas veces en editoriales anteriores, la solución pasa por una profunda reforma tributaria progresiva donde “paguen más quienes tienen más”, a través de impuestos directos al patrimonio de los más ricos, a la gran ganancia empresarial, grandes transferencias financieras y a los bienes y servicios de lujo.

Esto incluye también una persecución real a la evasión y elusión tributaria, desprivatizar las pensiones, renegociar la deuda externa, evitar la corrupción y reducir los gastos inútiles en propaganda, asesores y lobistas.

Ojalá Bukele deje de jugar y asuma el rol que le corresponde como presidente.

(Editorial Arpas)

No siempre los problemas más grandes de un país son los más sentidos por su gente, así como no siempre los logros nacionales coinciden con los de cada familia o persona.

Por ejemplo, en algunos períodos de la historia, la economía salvadoreña a nivel macro presentaba cifras exitosas mientras la mayoría de familias vivía en la pobreza. Sin embargo, a veces coinciden. Según los resultados de la última encuesta del Iudop, el principal problema del país es también el principal flagelo de las familias salvadoreña: la precariedad de la economía.

Para el 43% de la población, el principal reto de El Salvador tiene que ver con la situación económica (desempleo, alto costo de la vida y pobreza). El porcentaje se eleva hasta el 54.6% cuando la gente responde cuál es el principal problema que le afecta a su familia. La situación económica es también la principal preocupación de la gente. Un 56.2% cree que el aumento al salario mínimo ayudó poco o nada a aliviar la economía familiar y un 63.5% opina que en 2021 la economía siguió igual o empeoró con respecto al año 2020.

Lo que más reciente el bolsillo de los salvadoreños es el alto costo de la canasta básica. 93 de cada 100 encuestados creen que aumentó en 2021; en particular, 79 de cada 100 piensan que se incrementó algo o mucho. Esta problemática está amarrada a la principal política económica del país. Cuatro meses después de haberse implementado la circulación del bitcóin, 70 de cada 100 personas le tienen poca o ninguna confianza; 76.4% piensa que la economía sigue igual con la introducción de la criptomoneda y 11.1% piensa que ha empeorado.

En la encuesta, más de la mitad de la gente dijo que había bajado la billetera electrónica gubernamental solo para canjear los 30 dólares de bienvenida. Con respecto al bitcóin, el punto en que hay más unanimidad es en que su uso debe ser voluntario: así lo cree el 97.5% de los encuestados. La gente no está en contra del bitcóin per se, sino de su imposición y de que se utilice dinero público para comprarlo.

Desde la perspectiva de los ciudadanos, el otro gran problema del país es la inseguridad y la criminalidad. Aunque la población tiene una opinión muy favorable sobre el rol de la Policía y del Ejército en el combate a la delincuencia, reconoce que este problema se les escapa de las manos. En comparación a 2020 y 2019, más gente se siente insegura. En 2020, 63% de los encuestados creía que la delincuencia había bajado; en 2021, el 40.2% de los encuestados opinó así. Asimismo, menos gente cree que el Plan de Control Territorial ha ayudado a recuperar las localidades. En 2020, 30% de los encuestados dijo que el Plan de Control Territorial ayudaba poco o nada a recuperar los territorios, mientras que en 2021 ese porcentaje llegó al 42%.

El pueblo salvadoreño no la está pasando bien. La vida se le hace difícil tanto por la situación económica como por la delincuencia y la violencia. Por eso no es tan optimista como hace un año. Solo una tercera parte (33.9%) cree que la situación económica nacional mejorará en 2022; el 61.9% cree que estará igual o peor. Por otra parte, 73% piensa que la situación política estará igual o peor este año y el 60% piensa lo mismo con respecto a la economía de su familia.

A pesar de este realismo y de lo difícil de la situación, 66 de cada 100 encuestados sienten esperanza cuando piensan en el futuro. En general, la gente sigue apostando por el país y espera que los grandes problemas comiencen a resolverse de una vez. El Gobierno de Bukele goza del respaldo de la mayoría de la población a pesar de que esta todavía no ve cambios concretos. Si muchos salvadoreños siguen creyendo es porque esperan que esos cambios se den. Si ello no sucede, no habrá estrategia mediática capaz de contener el malestar ciudadano. Un malestar que, como muestran los datos, va creciendo.

Las actitudes y procedimientos de quienes tienen el monopolio del poder político se han dirigido a reventar los Acuerdos de Paz. Llamarlos “pacto de corruptos”, sustituir el día dedicado a recordarlos por un teórico día de las víctimas, apostar por un país gobernado desde el autoritarismo, sin búsqueda de consensos, es romper con una historia en la que, incluso con sus dificultades, el diálogo era fundamental a la hora de construir futuro.

En las discusiones de otros tiempos se argumentaba con el cumplimiento o incumplimiento de algunos aspectos importantes de los Acuerdos. Hoy, desde la base propagandística de un presidente que dice ser capaz de alcanzar un futuro tan justo como maravilloso, se busca barrer con todo lo anterior como si el pasado fuera un mal absoluto.

Los Acuerdos de Paz tienen dos aspectos que debemos considerar. El primero, el espíritu que los alentó: la convicción de que los problemas, por graves que sean, se solucionan mejor desde el diálogo que desde la fuerza bruta. La Iglesia fue promotora e inspiradora de ese espíritu. Aunque buena parte de él se mantuvo, hay que reconocer que en algunos momentos se le traicionó; por ejemplo, en la elección de funcionarios gracias a componendas y reparto de cargos. A pesar de eso y de las tendencias autoritarias de los sucesivos Gobiernos, el espíritu de los Acuerdos permaneció como una especie de barrera contra los abusos de la fuerza bruta.

El segundo aspecto son los acuerdos concretos, redactados y firmados en Chapultepec. Algunos se cumplieron bien; otros, a medias; y algunos cayeron en el olvido o se violaron. Y fue precisamente el no pleno cumplimiento, junto con las negociaciones de los partidos repartiéndose cargos y siendo permisivos con la corrupción, lo que provocó un fuerte cansancio en la población y posibilitó el triunfo electoral de Nuevas Ideas. Ese triunfo electoral masivo podría haberse aprovechado para recuperar el espíritu de los Acuerdos e impulsar un ambiente de armonía social, pero la nueva élite en el poder ha preferido el autoritarismo y la arbitrariedad, fomentando una división que en el mediano o largo plazo se revertirá contra el afán de control gubernamental. De hecho, ya se advierte un crecimiento de la oposición, aunque esta aún no tiene mucha coherencia interna.

Con su propaganda, prepotencia y negativa al diálogo, el Gobierno de Nayib Bukele está creando, en general, más desacuerdos que acuerdos. Ha entrado en tal derrotero de polarización y agresividad que, por mucho que multiplique sus gestos espectaculares, no conducirá a nada bueno. Hay temas de país que el Gobierno ha orillado. La lucha contra la pobreza, la reforma fiscal, la conservación del medioambiente y el respeto a los derechos humanos son cuestiones que debían ser de diálogo permanente. Pero un gran número de funcionarios han demostrado en la práctica que saben poco o nada de estos temas. Aunque no quieran celebrar el aniversario de los Acuerdos de Paz, ojalá el espíritu de estos les ayude a salir de la actual ebriedad del poder y a reflexionar sobre la importancia y urgente necesidad del diálogo en la vida social y política de El Salvador.

Editorial UCA

Feliz año. Resistamos. No permitamos que nos quiten la alegría, ni los ánimos de luchar. Construyamos la alternativa para la esperanza.

Por: Walter Raudales*

Es en esta oscuridad, en este reino de mentira, en donde debemos resurgir con la esperanza de la luz y la verdad. Tenemos que aprovechar esta incertidumbre, este vacío, este sin sentido, para sobre las ruinas de lo que queda de democracia, reconstruirnos.

Es en este entorno de pobreza, desempleo, sin futuro, en donde se vuelve más urgente hablar de esperanza soñando con un mundo más justo, alegre y humano.

No es fácil mantenerse con ilusiones, con propuestas, constructivo y hasta positivos cuando el entorno y el desastre de la clase gobernante, lo enturbia.

Por ello les incito a seguir soñando, hablando de esperanzas, construyendo alternativas, hay que abrir caminos y recorrerlos.

De lo que queda, de las ruinas, hay que reconstruirnos a base de solidaridad, soñando una sociedad y un país que no dependan de individualidades autoritarias.
En El Independiente anunciaremos en enero del 2022 una propuesta de alternativa y la someteremos a debate, a una construcción común.

Les deseamos lo mejor en el año que viene. Y mientras otros siguen lanzando odio, nosotros seguiremos construyendo esperanza, pues como personas de FE sabemos que el espíritu de Dios permanece en quienes construyen paz.
El deseo del equipo de El Independiente es que nuestros lectores estén con paz y bien.

En un país lleno de odio, como el nuestro, entre oscuridad y corrupción, resulta difícil encontrar una luz de esperanza.

Pero los incorruptibles, los que amamos la República y la familia, confiamos en que el mismo Dios que vino hace más de 2,000 años será el justo juez que pondrá a los malos donde corresponde.

Así que construyamos ya una Nueva Alternativa, sin perder la esperanza que nuestro DIOS supremo así como vino a liberarnos de nuestros pecados nos librará de la peste de la corrupción y de estos sinvergüenzas que hoy gobiernan.

*Director de El Independiente.

Usted tiene en sus manos la edición número 1000 de El Independiente, es una alegría inmensa, pues significa: VENCIMOS, SOBREVIVIMOS, RESISTIMOS Y SEGUIMOS.

Por: Walter Raudales*

Desde aquella edición 1, el 24 de enero de 2005, con portada de un aniversario más de la firma de los Acuerdos de Paz, éramos un manojo de ilusiones. Sorteamos infinitas vicisitudes, agitadas tormentas, fuimos presa de la mentira y el engaño, y aprendimos mucho, porque lo más valioso del camino es el aprendizaje para seguir caminando.

No es fácil hacer un balance de 16 años, pero nos pasó de todo, desde lo más sublime hasta lo más nefasto. Hubo épocas de entusiasmo y otras de enorme desengaño. Motivados por los cambios políticos en el país decidimos, en abril del 2009, convertirnos de Semanario en Diario, pero un año después, convencidos de la infamia del gobernante impostor, debimos regresar a nuestra edición semanal y ahí nos mantuvimos y seguimos librando mil batallas.

¡Quién iba a creerlo que sobreviviríamos! Nadie. Nos hicieron malos augurios y pésimas profecías. ¿Cómo es que va a existir un periódico que subsiste sólo con los ingresos de las suscripciones? Nos decían y vaticinaban un par de edición más para el colapso. Pero aquí estamos VIVOS y CAMINANDO, PROCLAMÁNDONOS VICTORIOSOS PORQUE SEGUIMOS CAMINANDO.

Pasamos muchos vituperios y calamidades, y también buenos momentos, hemos ido adaptándonos a los nuevos tiempos, El INDEPENDIENTE cuyo primer eslogan fue “Un periódico para el cambio social”, evolucionó a “Más que periodismo” hasta combinarlo ahora con “Multimedia”.

La pandemia nos apresuró a enfocarnos en la versión digital, formato que cada día alcanza más y más lectores adentro y afuera del país, hasta obligarnos a reinventarnos y construir la versión radial del periódico. Así surgió, en plena pandemia, El INDEPENDIENTE RADIO en la frecuencia 106.9 FM con retransmisión en redes y en podcast. Aumentando exponencialmente nuestros lectores, cibernautas y oyentes.

Desde nuestro origen le hemos apostado a responder dos preguntas: ¿Qué está pasando? Y ¿Por qué están pasando las cosas? La búsqueda de respuesta nos lleva de la mano constante de la información, el análisis, la interpretación de los acontecimientos y a tomar en cuenta, siempre, la participación ciudadana, que nos sirve de brújula en lo que hacemos, decimos y pensamos.

En el camino siempre van quedando amigos, verdaderos hermanos, cuyo espacio no es fácil llenar. Del equipo de distribución extrañamos a Eduardo Ramos (a quien cariñosamente llamaba Hormiga) que mientras repartía periódicos a suscriptores tuvo un fatal accidente que le dejó inconsciente y paralítico por 4 años hasta morir recientemente; del mismo modo al buen amigo Jonathan Blanco, repartidor de periódicos a puestos de venta en la zona del Centro de San Salvador, en plena cuarentena no sobrevivió el virus del Covid19.

Muchos pasaron por la escuela de la redacción de El Independiente, en donde potenciamos, y lo seguimos haciendo, la creatividad y la honestidad intelectual, de tantos que pasaron haríamos una buena lista, muchos ahora exitosos en sus nuevos trabajos, buenas personas unos y otros fundidos en el fango de la traición.

Como en todo proyecto siempre hay altos y bajos, ahora recuerdo con prístina claridad cómo comunidades enteras lo tomaban de referencia e incluso hasta de debate en su formación humana, política y en algunos casos cristiana.

Recibimos apoyo voluntario, que aún mantenemos, de destacados profesionales de distintas partes del mundo para darle altura, respeto y coherencia a nuestras secciones, por ejemplo: el Dr. Elio Masferrer Kan, de la ENA-INA de México (Escuela Nacional de Antropología) experto en antropología de las religiones que edita nuestra sección Creencias, una de las más leídas y consultadas por nuestros lectores digitales; también el Dr. Manuel Alcántara, politólogo de la Universidad de Salamanca, España, quién nos comparte regularmente sus lecturas políticas de Iberoamérica y nos da luces sobre esos intrincados caminos del poder; así mismo Marcelo Valko, psicólogo argentino, docente universitario, especialista en etnoliteratura y en investigar el genocidio indígena, autor de numerosos textos y que en El Independiente nos ilustra, en la sección cultural, con una visión diferente a la del pensamiento dominante sobre las luchas de los pueblos originarios.

Mención aparte, en esta edición 1000, merece el líder sindical salvadoreño Roger Gutiérrez de FEASIES (Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador), que con su columna semanal ha ido leyendo los acontecimientos nacionales desde la óptica del sindicalismo. Y al médico Francisco Parada Walsh que en la sección Estetoscopio nos propone una lectura diferente y cotidiana desde “su montaña”, como le llama él a su ranchito, desde que optó por dejar la ruidosa y contaminada ciudad para ayudar con sus conocimientos en medicina a los pobres en el norte del departamento de Chalatenango. Una verdadera y literal opción por los pobres que no deja de interpelarnos.

Evidentemente, aparte de nuestros suscriptores, que sin su apoyo no existiríamos, expreso un profundo agradecimiento a la Universidad Francisco Gavidia (UFG), a los laboratorios VIJOSA, a SERVIPRONTO, y a las diferentes organizaciones del movimiento social, por seguir siendo fieles anunciantes de nuestras páginas y espacios.

Hay razones de sobra para alegrarse, pero no hay condiciones para estar celebrando. ¿Cómo celebrar mientras el país se hunde en la deriva autoritaria? Son los peores momentos, ya hay presos políticos, persecución sistemática, el nuevo régimen continúa tejiendo una red de leyes para coartar todo tipo de libertades, existe evidente y descarada violación de los derechos humanos, la apuesta es una grotesca vuelta al militarismo.

Estamos pues en un escenario en donde reina la mentira, la corrupción y todas las sombras y oscuridades que eso conlleva.

Insensato sería, de nuestra parte, estar celebrando la edición 1000 cuando las esperanzas de la gente, por un país digno, se derrumban en mil pedazos.

*Director de El Independiente.

El incremento de las desapariciones durante los últimos meses y la repentina subida de los asesinatos la semana pasada, confirman la ineficacia del publicitado “Plan Control Territorial” que contiene la estrategia de seguridad pública del actual gobierno.

Periodistas, analistas y ciudadanos en medios de comunicación y redes sociales -incluso- consideran que el referido “plan” no existe y que es solo un “invento publicitario” de la narrativa oficialista.

Lo cierto es que las desapariciones y homicidios demuestran que quien tiene el control territorial siguen siendo las pandillas, no las autoridades. Esto lo confirmaron el propio Nayib Bukele y sus funcionarios de Seguridad al anunciar la “incursión” de militares y policías a las comunidades donde se registraban los asesinatos. El aumento de las desapariciones y homicidios debería provocar una fuerte movilización social para presionar al gobierno en dos acciones urgentes. La primera es transparentar y rectificar sus acuerdos con las maras, acuerdos que el periodismo investigativo ha demostrado que existen y el gobierno se niega a admitirlos.

Negociar con grupos criminales no es -en principio- bueno ni malo, depende de qué se negocia, cómo se negocia y para qué se negocia. Por ejemplo: el presidente Bukele podría negociar el desarme y la disolución de las maras, tiene la “correlación política y social” para hacerlo si quisiera.

Sin embargo, publicaciones de El Faro revelan que el bukelismo ha negociado con las principales pandillas reducción de asesinatos y apoyo electoral a cambio de beneficios para sus miembros, especialmente para los cabecillas que están presos y los que enfrentan procesos de extradición por crímenes cometidos en Estados Unidos.

Y la otra acción urgente es elaborar e implementar un verdadero plan que incluya medidas referidas a los cuatro componentes centrales de una política integral de seguridad pública: prevención de violencia, represión y persecución del delito, rehabilitación y reinserción de delincuentes y atención a las víctimas de la violencia.

En este sentido es oportuno el llamado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a “evaluar los planes de seguridad con participación ciudadana”. Ojalá Bukele hiciera a un lado la soberbia, la prepotencia y su afán propagandístico y acatara esta valiosa exhortación.
Un poco de humildad, responsabilidad y actitud de estadista ayudarían al mandatario a convocar a un diálogo nacional por la seguridad, donde participen expertos, académicos, referentes de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales.

Por el bien del país, Bukele debe reconocer que su “Plan Control Territorial” no existe o es ineficiente y, por tanto, debe existir un plan verdadero, eficiente y efectivo.

(Editorial ARPAS)

El domingo pasado, por segunda vez en dos semanas, miles de salvadoreños marcharon en la capital de su país para protestar por diversas medidas adoptadas recientemente por el presidente Nayib Bukele; las más cuestionadas, la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, el pase a retiro de 249 jueces, una tercera parte del total, y la gestión de una normativa que posibilitaría la relección presidencial inmediata. (más…)

• Los ciudadanos y trabajadores de San Salvador están protestando por la aprobación de Bitcoin como moneda de curso legal.
• Los ciudadanos están protestando por las próximas leyes de Bitcoin de El Salvador, que convertirán la criptomoneda en moneda de curso legal.
• Según los informes, cientos de personas asistieron a las protestas.
• La ley entrará en vigor el 7 de septiembre.

Los ciudadanos de El Salvador están protestando por la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en el país, según varias fuentes de noticias.

Los manifestantes se opusieron a la ley con el argumento de que fue «impuesta … sin consultar a la gente». Los manifestantes portaban carteles que decían «No a Bitcoin», «No al lavado de dinero» y «La clase trabajadora rechaza Bitcoin».

Reuters sugirió que cientos de manifestantes asistieron a la protesta, que tuvo lugar en la capital de El Salvador, San Salvidor.

Por otra parte, Business Insider informó que la Asociación Salvadoreña de Transportistas de Carga Internacional (ASTIC) ha afirmado que sus transportistas no aceptarán Bitcoin.

Si son forzados, los operadores introducirán un recargo del 20% en las transacciones de Bitcoin para compensar la volatilidad de los precios.

Esta no es la primera vez que se cuestiona la ley. En julio, membros del Bloque Resistencia Popular y Rebelión presentaron una propuesta para derogar la próxima ley. Esos grupos expresaron su preocupación por la volatilidad de los precios de Bitcoin y su uso en actividades ilegales, entre otros problemas.

La ley entrará en vigencia la próxima semana
El Salvador decidió adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en junio , y la nueva política entrará en vigencia el 7 de septiembre. El gobierno planea atraer a los dueños de negocios dándoles $ 30 de Bitcoin gratis.

Todavía no está claro si la aceptación de Bitcoin será obligatoria. Las declaraciones del presidente Nayib Bukele que se remontan a junio sugieren que las empresas no estarán obligadas a aceptar Bitcoin. «Nadie tendrá que aceptar bitcoins si no quiere», dijo Bukele.

Sin embargo, la propia ley sugiere que al menos algunas entidades deberán aceptar Bitcoin, ya que dice: “todos los agentes económicos deben aceptar bitcoin como forma de pago cuando se lo ofrezca quien adquiera un bien o servicio”.

No está claro qué empresas entran en esa categoría.

El Salvador es el único país en el mundo que muy pronto tendrá el criptoactivo Bitcoin como moneda de curso legal. El mes de septiembre próximo entra en vigencia la Ley que permitirá tal experimento, señalado por economistas y financieros expertos como algo suicida para la economía salvadoreña.

Por: Walter Raudales*

Es tal el escándalo, que a pocas semanas que el Bitcoin sea válido, aún no se conoce el reglamento o normativa que lo regirá, ni hay claridad de cómo es que se va a implementar. El economista de prestigio Steve Hanke dice que: “Adoptar Bitcoin como moneda de curso legal traerá un profundo caos económico y advierte que vienen días oscuros para El Salvador”. Y agrega: “La fantasía del Bitcoin llevará al colapso la economía salvadoreña”.

De la misma manera los organismos internacionales están alertas. El Banco Mundial cree que la economía salvadoreña puede tambalearse y enumera riesgos de gran preocupación; el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha expresado también sus reservas y en una encuesta de la Universidad salvadoreña Francisco Gavidia (UFG) más del 50% de la población rechaza la criptomoneda.

Desde el 2001 El Salvador tiene dolarizada la economía y un régimen económico monetario con respetable estabilidad. “Bitcoinizar” la economía salvadoreña implica una desdolarización paulatina que según expertos es como poner a todos los salvadoreños a jugar con su dinero en un casino.

El prestigioso periódico holandés Financieele Dagblad publicó (en su portada) anunciando los peligros de la adopción del Bitcoin y explica los temores de entidades financieras mundiales y sostiene: “el gobierno pone en riesgo el bienestar de la población en un casino virtual”.

La razón de fondo para el rechazo a semejante decisión es precisamente la inestabilidad de la moneda: “Cualquier bien tan volátil trae consigo un gran riesgo y fácilmente puede desplomarse. El valor fundamental de Bitcoin va a llegar a cero. La pregunta es por qué quieres poner a la gente de El Salvador en una situación similar a apostar en un casino, es una locura. La Ley Bitcoin está claramente escrita por gente que no sabe nada de política monetaria, está escrita de manera muy pobre, a nivel de secundaria”, dijo Steve Hanke.

A esto se suma un endeudamiento desmedido del actual gobierno del Presidente Nayib Bukele. El 1 de mayo pasado tomó posesión una nueva Asamblea Legislativa, en donde la mayoría de diputados son del partido oficialista Nuevas Ideas y en cien días de legislar han endeudado a El Salvador en 2,631 millones de dólares. Aprobaron $ 877 millones de deuda por mes. El Salvador ya debe todo lo que produce. Hay problemas de gasto, un alto déficit y con el nivel de la deuda ya casi al 100% del PIB. A este ritmo el panorama económico es insostenible y se vislumbra lo peor. Expertos sostienen que el actual gobierno ha gastado “como marineros borrachos”.

Todos los indicadores actuales indican que se avecina un verdadero colapso para la economía del país centroamericano.

Los indicadores económicos de riesgo país actuales son los más altos en la historia de El Salvador y de Centroamérica y siguen aumentando sustancialmente a medida se acerca el día de entrada en vigencia del criptoactivo. Según el Instituto Centroamericano de estudios fiscales (ICEFI) el 30 de abril pasado el indicador de Bonos de Mercados Emergentes era de 5.38 puntos, pero al 3 de mayo (después del golpe judicial y destituir al Fiscal) subió a 6.49 y el 13 agosto estaba en un escandaloso 71.4% (es decir 70.2 puntos porcentuales de riesgo arriba de Costa Rica). En la región el riesgo país se muestra así: 1.2% en Costa Rica, 1.8% en Honduras, 6.7% en Panamá, 16.2% en Guatemala y 71.4% en El Salvador.

De la misma forma la calificadora Moody´s Investors Service rebajó la calificación de El Salvador a perspectiva negativa. Las calificadoras consideran como muy probable que El Salvador tenga dificultad para adquirir más deuda. De hecho el Ministerio de Hacienda intentó colocar en la banca nacional deuda a corto plazo llamada (LETES), de 30 millones ofertados sólo pudo colocar 8 millones. Además los ingresos totales del gobierno central entre enero y junio de este año estuvieron $ 743.3 millones por debajo de lo programado en el presupuesto general 2021, de acuerdo a sus mismos informes. En conclusión la perspectiva negativa de la economía salvadoreña refleja una posición fiscal vulnerable y susceptible a un colapso.

Así las cosas, el gobierno del presidente Bukele no parece escuchar y no da señales de dar marcha atrás, incluso a pesar del desgate político que la decisión de “bitcoinizar” conlleva a su imagen actualmente bien ponderada.

El economista salvadoreño Luis Membreño publicó un artículo titulado: “Hoy sí se descalabró todo”, en donde sostiene que “todas las decisiones de este gobierno han llevado al país al borde del impago y a la pérdida de credibilidad, tanto con los organismos financieros internacionales a quienes se les debe $4,269 millones, como con los compradores de eurobonos salvadoreños a quienes se les debe $6,088 millones a junio de 2021”.

Nos han llevado, dijo, al desastre económico.

*Escritor y periodista. Director del periódico salvadoreño El Independiente.