Cruzando la línea roja.
Por Guillermo Alvarado.
El asesinato de otro ciudadano estadounidense a manos de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, podría significar el cruce de la delgada línea roja que separa la tolerancia de una parte de quienes habitan ese país, de la desobediencia civil.
Aunque el presidente Donald Trump y su secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, se apresuraron a defender a los elementos del ICE, cuyo comportamiento es cada día más brutal, y afirmaron sin prueba alguna de que la persona fallecida, cuyo nombre es Alex Jeffrey Pretti, llegó con la intención de matar a agentes públicos, la realidad es totalmente diferente.
Enfermero en una unidad de cuidados intensivos, Pretti intentó ayudar a una mujer agredida por los oficiales que cayó al suelo y en ese momento fue atacado por seis o siete agentes que lo derribaron, golpearon y luego uno de ellos extrajo una pistola y lo ejecutó a sangre fría.}
Fue un asesinato o, para ser más exactos, una ejecución extrajudicial porque la perpetró un funcionario del Estado y la víctima no estaba armada, como de manera artera intentaron hacer creer Trump y Noem. Las imágenes muestran con claridad que en una mano llevaba un teléfono celular, no una pistola.
Y sí, como buena parte de los habitantes de ese país, tenía una licencia para portar armas, pero según señala un artículo del diario mexicano La Jornada, el artefacto fue fotografiado por un periodista en el asiento del automóvil de Pretti, o sea, no lo llevaba encima.
Por grande que sea la imaginación de Trump y su secretaria de Seguridad Interior, no creo que les alcance para suponer que un civil pueda matar con un celular a un oficial equipado como para ir al más violento de los combates. Sencillamente, mienten.
Ahora bien, cuando se comete una ejecución extrajudicial, el responsable directo es el Estado y, sin ser abogado, cualquiera comprende que el representante máximo de un Estado, excepto en las monarquías, es el presidente, o sea, el señor Donald Trump.
Lamentablemente en Estados Unidos es prácticamente imposible llevar ante un tribunal común a un presidente en funciones, lo cual no impide recordar que las salvajes políticas migratorias del jefe de la Casa Blanca ya ocasionaron la muerte de dos ciudadanos de ese país.
Ambos hechos ocurrieron en la ciudad de Minneapolis, estado de Minesota, donde ya el gobierno federal tiene un frente interno abierto que podría costarle caro en las elecciones legislativas de medio término, en noviembre próximo porque, recuerden, el Congreso si lo puede enjuiciar.