El Salvador vive «otra forma de guerra», afirma el cardenal Rosa Chávez.

Hace 34 años, El Salvador firmó un acuerdo de paz tras doce años de una guerra que infligió heridas profundas, ausencias irreparables y una sociedad fracturada.

Esa firma del 16 de enero de 1992 silenció no solo las armas. Era—o pretendía ser—un compromiso colectivo para reconstruir la nación sobre nuevas bases: democracia, integridad institucional, respeto a los derechos humanos y supremacía civil.

Un editorial de la UCA titulado Acuerdos de Paz: Un punto de inflexión en la historia de la nación, publicado en enero del año pasado, subraya al menos tres razones por las que el acuerdo de paz marcó un hito para El Salvador.

«Primero, los Acuerdos pusieron fin a la guerra fratricida—es decir, detuvieron las muertes por el conflicto y la destrucción del país. La guerra se cobró más de 70.000 vidas (la mayoría civiles), 10.000 desaparecieron, un millón de desplazados y dejó una economía en ruinas.

Segundo, lograron su propósito: detuvieron la guerra por canales diplomáticos y allanaron el camino hacia la democracia mediante reformas institucionales y constitucionales que transformaron el papel de las Fuerzas Armadas en la vida nacional, crearon la policía, la Oficina del Defensor del Pueblo y el Tribunal Supremo Electoral, y marcaron el camino para reformar el sistema judicial.

Y tercero, los Acuerdos sirvieron de modelo para otras naciones en guerra; demostraron que la lucha armada puede terminar mediante el diálogo y la negociación entre las partes en guerra.»

Hoy, más de tres décadas después, el país ha cambiado. La guerra ha terminado, pero las deudas históricas persisten. Desde 2019, El Salvador ha enfrentado un momento que desafía directamente ese pacto fundamental: la erosión de las instituciones, la concentración del poder y el cuestionamiento abierto del modelo democrático nacido de los Acuerdos de Paz.

¿Qué significan hoy los Acuerdos de Paz en un país donde las reglas del juego han cambiado? ¿Eran una fase superada hace tiempo, una promesa incumplida o un punto de referencia incómodo para el presente?

En este programa, miramos más allá del hito del aniversario. Escuchamos a un historiador, un politólogo, un legislador y una voz pastoral para contextualizar lo que representaban los Acuerdos de Paz, lo que no lograron y lo que su desmantelamiento—ya sea abierto o insidioso—presagia para el futuro democrático de El Salvador.

Para el cardenal Gregorio Rosa Chávez, esa fecha sigue siendo tanto una advertencia como una llamada urgente. En la homilía durante la misa en la iglesia de San Francisco en San Salvador, afirmó que el país ha perdido la capacidad de enfrentar su pasado con responsabilidad. «Nos cuesta recordar nuestra historia, o simplemente no nos interesa», observó. «Repetimos los errores del pasado», lamentó.

Rosa Chávez reconstruyó un recuerdo que él afirma ha sido erosionado. Recordó la visita del Papa Juan Pablo II en 1983, en plena guerra. El Pontífice entonces llamó al diálogo durante la misa en el distrito comercial de San Salvador. Al año siguiente, señaló, comenzó el proceso de paz con el presidente José Napoleón Duarte; al regreso del Papa en 1996, instó a la sociedad a salvaguardar el acuerdo tan arduamente conseguido. Pero ese espíritu, dijo el cardenal, se ha desvanecido.

«Hoy vivimos como en guerra. Solo que de otra manera», afirmó. En su opinión, la guerra ahora no reside en los fusiles sino en la ruptura social: polarización extrema, incapacidad para dialogar, intolerancia, ofensas, insultos, calumnias y mentiras que impregnan la vida pública. Estamos divididos, incapaces de entendernos mutuamente. Al país le falta amor, solidaridad, justicia y verdad. Por eso no hay paz, afirmó.

De hecho, en su reflexión, enfatizó que la paz no era un premio ni un acto singular, sino un proceso exigente para cultivar a diario. Para él, la paz es un regalo confiado a cada persona en la nación, pero ese compromiso se ha debilitado.

¿Qué queda de los acuerdos de paz?

La perspectiva de la cardenal Rosa Chávez abre la puerta a una pregunta central: ¿Qué queda de los Acuerdos de Paz?

El historiador Héctor Lindo compartió un análisis en su relato de X sobre este tema. No podemos descartar de plano los logros de esos Acuerdos, dijo, destacando en particular el valor de la libertad de prensa.

Este análisis también se basa en declaraciones de Carlos Monterrosa, académico y jefe del departamento de sociología y ciencias políticas de la UCA. En el programa Sembrando Futuro, subrayó que el 16 de enero de 1992 simbolizaba la firma de un documento por las partes, pero el proceso había comenzado años antes.

Esa negociación dio lugar a acuerdos entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN sobre diversos temas, incluido el respeto a los derechos humanos. En particular, las partes —y sobre todo, el ejército— limitarían o cesarían detenciones arbitrarias, desapariciones y víctimas de tortura. Monterrosa insistió en que un elemento central era someter a las Fuerzas Armadas a la autoridad civil, describiendo el contexto del régimen militar autoritario de El Salvador desde 1931 hasta finales de 1979.

«Esos fueron puntos clave que marcaron una línea de partida para gestionar los conflictos, comprender las diferencias políticas y perseguirlas mediante el diálogo, al tiempo que se establecían normas respetables que no violaran los derechos fundamentales de las personas», enfatizó Monterrosa.

El académico evalúa la capacidad de los Acuerdos para la reconciliación nacional. Describe cómo el pacto detuvo el conflicto, diversificó la participación política y creó entidades para prevenir el fraude electoral y salvaguardar derechos fundamentales. Aclara que la verdadera reconciliación no se logró del todo y explica lo que faltaba. «La justicia transicional requiere renunciar a las amnistías», opinó.

En 2026, el gobierno salvadoreño marcará otro año más sin eventos conmemorativos por ese momento histórico. De hecho, el actual presidente ha desestimado los Acuerdos de Paz como «una farsa». En 2022, la Asamblea Legislativa, controlada abrumadoramente por el partido gobernante, declaró el 16 de enero como Día Nacional de las Víctimas de la Guerra Civil, pero este año no se anunció ninguna conmemoración pública.

Por su parte, Cesia Rivas, diputada de Vamos, afirmó en las redes sociales que los Acuerdos de Paz sí importan. No eran un mero acto simbólico o fecha para olvidar; marcaron el punto de partida de la vida democrática en El Salvador, escribió. Negar su valor busca hacernos olvidar por qué el poder requiere límites, añadió, subrayando que sin equilibrio en la Asamblea Legislativa no hay supervisión; Sin supervisión, no hay democracia.

Señaló que recordar los Acuerdos incomoda a quienes buscan concentrar el poder, socavar las instituciones y eliminar barreras al autoritarismo. Olvidarlas facilita el desmantelamiento de lo que costó vidas, dolor y décadas de lucha para construir. «Una nación sin memoria es una nación vulnerable», subrayó Rivas.

En la misma línea, Francisco Lira, legislador de ARENA, publicó en X que esos Acuerdos eran más que tinta en papel: encarnaban la esperanza de una nación. «El hito que nos enseñó a escuchar es el único camino a seguir», declaró Lira.

Carlos Monterrosa examina las consecuencias sociales y políticas de desacreditar los Acuerdos de Paz en el debate público. Esto permite narrativas que reescriben la historia, dijo, advirtiendo de las implicaciones para el pensamiento de las generaciones más jóvenes. Supone un alto riesgo de perpetuar esa idea sin una investigación profunda sobre lo que ocurrió durante y después de la guerra, afirmó. Sin reconocer graves violaciones de derechos humanos, nadie exigirá justicia, advirtió.

El académico profundiza en por qué es importante que los jóvenes que no vivieron el conflicto analicen críticamente los Acuerdos de Paz. Destaca la educación y las artes.

Héctor Lindo compartió una publicación en X subrayando la urgencia de recuperar el espíritu de los Acuerdos de Paz, especialmente cuando se abordan cuestiones como la minería de metales y sus impactos en la salud, el medio ambiente y el agua para la agricultura.

Para la UCA, quienes desacreditan los Acuerdos de Paz son las mismas personas que ahora desmantelan el modesto progreso que la nación logró gracias a ellos. La falta de respeto a la Constitución, la perversión del Tribunal Supremo Electoral y la policía, la disfunción de la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos y el Instituto para el Acceso a la Información Pública, y la prominencia de las Fuerzas Armadas en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública—todo proviene de esos individuos; acciones que empujaron al país de nuevo hacia el paisaje previo a la guerra.