Seguridad o sometimiento en El Salvador: la narrativa que sostiene el Estado de Excepción.
Cuando el miedo gobierna, la razón se silencia.
Por: Miguel A. Saavedra.
En El Salvador, el discurso oficial sobre seguridad ha dejado de presentar el Estado de Excepción como algo temporal. Ahora se plantea como una medida necesaria sin fecha clara de finalización, lo que cambia la relación entre el Estado y los ciudadanos.
Es necesario aclarar que esta reflexión no nace de una oposición al Estado de Excepción como instrumento legal previsto en nuestra Constitución Política. El señalamiento surge de la forma en que se aplica, de las circunstancias actuales y del sentir de ciudadanos genuinamente preocupados por el rumbo que ha tomado.
Nos preocupa que lo que nació para combatir a las pandillas se haya convertido en un escudo para un brazo represivo y judicial que hoy alcanza a otros sectores. Es una preocupación legítima, pues en esta «ruleta rusa» institucional, tarde o temprano, más gente inocente terminará cayendo.
En El Salvador actual, el discurso oficial sobre seguridad no solo busca justificar medidas extraordinarias: busca convertirlas en permanentes. El Estado de Excepción, concebido como una respuesta temporal, se ha transformado en una política sostenida que redefine la relación entre el ciudadano y el poder.
Cuando el miedo cambia de dueño, pero la libertad sigue bajo arresto.
Hablando claro, de salvadoreño a salvadoreño. Si caminas hoy por una colonia que hace cinco años era territorio prohibido, sentís un alivio que no se puede negar. Esa es la «verdad de calle». Pero, ¿a qué costo estamos comprando esa tranquilidad? Nos han vendido la idea de que para estar seguros hay que renunciar a ser ciudadanos y convertirnos en súbditos de un sistema que, bajo la bandera de la «seguridad», ha instaurado una ruleta rusa donde cualquiera vos, tu hermano o el vecino puede terminar en una cifra de «daño colateral».
La realidad es que se vive y hay “miedo real” Al tocar el tema en voz alta, en la calle, en el trabajo, en las redes o hasta en la familia. Encuestas serias (como las del IUDOP de la UCA) han mostrado que seis de cada diez salvadoreños creen que criticar públicamente a Bukele o al gobierno puede traer consecuencias negativas, como problemas con la policía o incluso ir preso. Muchos prefieren callar, hablar bajito o solo entre confianza. Eso no es paranoia; es el ambiente que se vive después de cuatro años de régimen de excepción (ya van 49 prórrogas, y en marzo-abril 2026 sigue vigente y se arriba al quinto año consecutivo).
La narrativa oficial: El escudo de los argumentos del Gobierno
El oficialismo ha construido un muro argumental que parece impenetrable para las mayorías. Sus pilares son claros:
La persistencia del «último pandillero»: Dicen que el Estado de Excepción debe ser eterno hasta que no quede ni el que les hacía el mandado (sea por voluntad u obligación). ” y a cualquiera que haya colaborado con ellos. Bajo este enfoque, la seguridad se convierte en una lucha abierta, sin un cierre definido y con un enemigo difícil de delimitar.
El estigma de la sangre: Argumentan que existe una red de familias de expandilleros que son criminales en potencia, justificando una vigilancia que roza lo genealógico(que si los padres , lo fueron ; los hijos y demás lo serán) .
La dictadura de las encuestas: El famoso » 90%» de aprobación se usa como un cheque en blanco. «Si la gente lo quiere, es ley», dicen, olvidando que los derechos fundamentales no se someten a votación. Sin embargo, surge una duda importante: ¿ese apoyo es una decisión informada o una reacción al miedo acumulado tras décadas de violencia? El país vivió por años bajo el control de estructuras criminales, dejando miles de víctimas. Ese contexto explica por qué hoy muchos ven al Estado como un protector.
La reserva total: Mantener los procesos bajo llave para «no entorpecer la investigación». En la práctica, esto significa que el sistema puede ser una caja negra donde nadie sabe por qué entró ni cuándo saldrá. Pero la protección no debería implicar falta de transparencia. El gobierno defiende el manejo reservado de información para no afectar investigaciones, pero cuando el secretismo es total, limita la rendición de cuentas
El ataque a la defensa de DDHH: La narrativa de «quien nada debe, nada teme» y la acusación directa de que pedir debido proceso es «defender criminales». La ruleta rusa que se siente en carne propia.
Mucha gente actúa por conveniencia o miedo, aunque sepa que esto tarde o temprano puede tocarle a uno mismo o a un familiar. Se calla, apoya en público, vota por el que da seguridad… pero en privado hay descontento, rabia contenida o resignación. La propaganda es fuerte (los videos del CECOT, los mensajes diarios), y cuestionar se estigmatiza rápido como “defensor de maras” o “traidor”. O los pro-régimen y Youtubers que incitan a “Métanlo a la cárcel o aplíquenle el Régimen “eso adormece el juicio, sí.
Y surge la pregunta dura: ¿estamos cambiando un terror (el de las pandillas) por otro (el del Estado sin límites claros y sin contrapesos)?, la experiencia muestra que sin controles adecuados, cualquier persona puede ser afectada. Junto con la contención de la violencia, ha surgido otro tipo de preocupación: detenciones sin pruebas claras, basadas en factores como apariencia, lugar de residencia o denuncias anónimas
Desde 2022 se reportan más de 91,600 detenciones. El gobierno ha reconocido que miles de personas fueron liberadas por no tener vínculos con estructuras criminales, aunque existen cuestionamientos sobre la precisión de esas cifras. Informes independientes sugieren que muchos detenidos no tenían antecedentes relacionados con pandillas. El punto central no es defender a delincuentes, sino evitar errores que debiliten la justicia.
¿Qué hay detrás de la cortina? El juicio sano vs. la propaganda
La insistencia en mantener este estatus quo no es solo por seguridad; es por control. Al Gobierno le favorece una población que agradece la falta de balazos con el silencio absoluto. Pero el derecho es claro: la justicia no es revancha. Cuando el Estado captura de forma arbitraria, se convierte en lo que juró destruir.
Hay que reconocer un punto que el oficialismo explota con maestría: ningún gobierno anterior se atrevió a declarar una guerra frontal contra las estructuras criminales. Por décadas, vimos a ARENA y al FMLN no solo ser incapaces de proteger a la gente, sino sentarse a la mesa con los cabecillas para negociar treguas, favores y votos a cambio de sangre salvadoreña. Ese resentimiento histórico es el combustible de este modelo.
Sin embargo, el análisis inquisidor nos obliga a rasgar la superficie de la propaganda: ¿Estamos ante una limpieza real o ante una actualización del software de negociación? Mientras se pregona una «guerra total», investigaciones periodísticas y reportes internacionales lanzan una sombra lapidaria sobre el discurso oficial: altos funcionarios actuales habrían mantenido pactos bajo la mesa, lo que sugiere que, en el laberinto del poder salvadoreño, «nadie tiene las manos limpias».
Esto plantea una duda aterradora: si las estructuras no han sido erradicadas sino administradas, ¿estamos ante un combate genuino de contención o simplemente ante una sustitución de socios donde la transparencia ha sido la primera víctima ejecutada? Quizás el monstruo no murió, sino que mutó para vestir uniforme o traje formal., para mantener y justificar el “escenario eterno del llamado Régimen de Excepción”.
Porque cuando el Estado de Excepción se vuelve casi permanente (cuatro años ya), cuando se suspenden derechos básicos de forma continua, cuando los procesos son masivos y con poca transparencia “para no entorpecer”, y cuando criticar genera miedo… se crea un estatus quo que favorece al que tiene el poder hoy, pero debilita la dignidad de todos a largo plazo.
El salvadoreño ha sobrevivido guerras, terremotos, pandillas y crisis. Sabe adaptarse, pero también sabe cuando algo no huele bien. Muchos prefieren la tranquilidad actual y no arriesgarse. Otros sienten que se está pagando un precio muy alto en libertades y en vidas inocentes. Y sí, hay quien se pregunta si, al renunciar tanto a los derechos por miedo o por conveniencia, un pueblo termina mereciéndolos menos… porque ya no los defiende con uñas y dientes.
Hablan de más de 90 mil capturados y de 8,00 liberados pero con medidas cautelares 8pues siempre están bajo vigilancia y posible recaptura).
Pero la cifra no es del todo cierta: litigantes que han consultado esas listas verifican que se trata en muchos casos de personas libres por delitos comunes o porque ya habían cumplido la causa de detención, lo que pone al descubierto una manipulación de los datos. Lo que demuestra que no todos los liberados de los 8,000 ) que reportaron en una conferencia en Costa Rica provenían por capturas en el marco del régimen de excepción.
Otros informes independientes hablan de decenas de miles que no tenían perfil de pandillero en los registros previos.
La propuesta de la cadena perpetua es el siguiente paso en esta escalada de «castigo eterno». Es el alimento para un juicio social adormecido que pide sangre para sentir alivio. Pero analicemos: ¿es justicia o es un sistema de deshumanización que mañana podría usarse contra cualquier disidente?
En el marco de los hechos y del contexto judicial que se ha venido consolidando desde 2019, la pregunta es inevitable: ¿puede existir una justicia verdaderamente imparcial, con sana crítica e independencia en las sentencias? Cuando el sistema judicial arrastra antecedentes de subordinación, presión política y debilitamiento de sus contrapesos, la respuesta deja de ser jurídica y se vuelve política.
La propuesta de la cadena perpetua aparece entonces como el siguiente escalón en esta lógica de endurecimiento punitivo, casi como una extensión natural del “castigo permanente” que ya se normalizó bajo el régimen de excepción. No se presenta solo como una medida legal, sino como un mensaje: el poder tiene la capacidad de decidir quién queda fuera de la sociedad de forma definitiva.
Y ahí está el punto crítico. Este tipo de propuestas alimenta a una opinión pública cansada, golpeada por la violencia, que busca alivio inmediato y respuestas contundentes. Pero en ese proceso, el juicio social puede adormecerse, dejando de cuestionar los mecanismos y enfocándose únicamente en el castigo. Se pide dureza, incluso sin preguntarse bajo qué reglas se aplica.
Entonces vale la pena detenerse: ¿esto es justicia o es la consolidación de un sistema de deshumanización? Porque cuando las garantías se debilitan, cuando la independencia judicial es dudosa y cuando el poder no rinde cuentas, cualquier herramienta punitiva —por extrema que sea— deja de ser neutral. Hoy puede dirigirse contra quienes la mayoría considera culpables; mañana, sin los mismos controles, puede alcanzar a disidentes, opositores o simplemente incómodos.
La historia demuestra que no es la severidad de la pena lo que define la justicia, sino la integridad del sistema que la aplica. Sin independencia, sin crítica y sin límites al poder, incluso las medidas que parecen legítimas pueden convertirse en instrumentos de arbitrariedad. Y en ese terreno, la línea entre justicia y abuso se vuelve peligrosamente difusa.
una comentario disruptivo y/o sarcastico , aquien se le difiende de esta causa , o quien se le fabrica su culpabilidad , quien decide a certeza a quien se le aplica lo maximo .A cuanta gente se le destruira su vida ,pues a losmalos a los que han destruido a lasociedad , que al igual que los politicos corruptos que se roban y despilfarran el dinero publico deberian quedarse como ejemplo muchos tiempo en la cercel.(pero que por si acaso los legisladores del ejecutivo ,no la incluyen , en la reforma de ley.
Al final, la pregunta no es si es correcta la cadena perpetua, sino quién decide a quién le toca. Porque en este sistema, más que justicia, parece una ruleta afinada desde arriba: a unos se les persigue con todo el peso de la ley… y a otros se les protege con todo el peso del silencio.
¿A quién se le defiende y a quién se le fabrica la culpabilidad? ¿Quién garantiza que el “máximo castigo” no solo para el que estorba? Porque cuando el poder concentra la acusación, el juicio y la narrativa, la certeza deja de ser jurídica y pasa a ser política.
El discurso es claro: “los malos deben quedarse en la cárcel, por mucho tiempo”. Perfecto. Pero entonces surge el detalle como un error de diseño: bajo esa lógica, también deberían acompañarlos muchos de los que han saqueado el dinero público con corbata y discurso patriótico. Curiosamente, esos nunca aparecen en la lista de candidatos a cadena perpetua.
Será que la ley es dura… pero selectiva. O más bien, quirúrgica: castiga con precisión al enemigo correcto y evita cuidadosamente rozar al aliado equivocado.
Porque al final, más que una reforma de justicia, parece una demostración de poder: castigo ejemplar para unos… e impunidad estructural para otros. Y eso, aunque se venda como orden, se parece demasiado a otra cosa.Impunidad.
La «Psicología del Sobreviviente» y el síndrome de la libertad hipotecada
Resulta curioso y doloroso ver cómo el salvadoreño promedio parece adorar a su verdugo. Salimos de un fuego (las pandillas) para caer en otro (el autoritarismo). Hay una afectación psicológica inducida por décadas de violencia: el trauma es tan profundo que estamos dispuestos a besar la mano que nos pone la cadena, siempre y cuando esa mano también nos proteja del vecino.
Pero el miedo no solo era de las maras
Hay reportes de muertes en custodia (cientos documentados por organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, con cifras que rondan los 470-480 casos hasta inicios de 2026, muchos sin perfil de pandillero, por violencia, falta de atención médica o condiciones). También desapariciones forzadas y denuncias de torturas.
El Grupo Internacional de Expertos (GIPES), con juristas como Santiago Cantón, junto a otros expertos presentó en marzo 2026 un informe que concluye que hay bases razonables para creer que se han cometido “crímenes de lesa humanidad (detenciones arbitrarias sistemáticas, tortura, muertes, persecución).
Ellos insisten en que ,no piden liberar a todos los 91 mil, sino revisar caso por caso para separar a los culpables reales de los inocentes atrapados en la redada masiva. El gobierno responde que eso es querer soltar pandilleros y que “defienden criminales”.
El jurista Cantón lo dijo con una crudeza necesaria: la justicia internacional parece lejana cuando los mismos encargados de investigar se limitan a «divulgar» y no a denunciar con garras. Estamos ante un escenario donde la dignidad ha sido sedada por la propaganda.
Negación y burla al informe GIPES
Calificar el informe de GIPES como “intrascendente” o “carente de rigor científico” es, en el mejor de los casos, un ejercicio de malabarismo retórico. Lo curioso es que esta crítica no se dirige al contenido, sino al mensajero: porque los datos provienen de ONG , que proviene de organismos incómodos para el gobierno, o lo más absurdo que se ha realizado por encargo y honorarios del magnate judío, George Soros ; se asume automáticamente que carecen de valor. Es como despreciar un espejo porque refleja algo que no quieres ver.
El problema es que la contraparte oficial ha cerrado sus puertas con la obstinación de un portero casa presidencial: no hay entrevistas, no hay acceso a expedientes judiciales ni a reportes de medicina forense, como se ha documentado en casos emblemáticos como el de Alejandro Myshont y tantos otros. No es que el informe externo esté mal elaborado; es que la información oficial está cuidadosamente escondida.
Decir que el informe carece de rigor, mientras se niega sistemáticamente la colaboración, genera un círculo tan absurdo como un perro persiguiendo su propia cola: “el informe no vale porque no usamos sus fuentes; y no facilitaron sus fuentes para que el informe no tenga valor”. La contradicción es tan evidente como un cielo despejado que oculta tormenta. Si el Estado rehúye la transparencia, la documentación independiente no solo es legítima, sino imprescindible.
En definitiva, la supuesta “falta de rigor” no es un fallo metodológico, sino el fruto de la cerrazón institucional, donde las víctimas permanecen invisibles y la narrativa oficial se protege como un cofre sellado. Ignorar este contexto es confundir la opacidad del poder con objetividad científica. Y en el fondo, cada dato recogido por GIPES se convierte en un pequeño rayo de luz donde el Estado insiste en mantener la oscuridad.
Si la autoridad rechaza toda colaboración, la ausencia de datos oficiales no refleja un defecto del informe externo, sino la opacidad del propio Estado. Decir que el informe carece de rigor es olvidar que la recolección de información en contextos donde las víctimas de violencia no tienen voz depende de actores independientes que documentan lo que el Estado oculta o ignora.
La contradicción es evidente: si el gobierno y sus instituciones se niegan a transparentar los hechos, la crítica basada en datos independientes es no solo legítima, sino necesaria.
En resumen, la supuesta “falta de rigor” o que se realizó desde bufet de aire acondicionado en otros países, no desmeritan el poder sistemático e investigativo del informe es menos un defecto metodológico que un producto de la cerrazón institucional, donde las víctimas permanecen invisibles y la narrativa oficial se protege del escrutinio. Ignorar esto equivale a confundir la opacidad del Estado con la objetividad científica.
¿Merecemos ser libres?
Hay una frase que retumba en las paredes de la historia: «Cuando un pueblo renuncia a sus derechos por un poco de seguridad temporal, termina perdiendo ambos y no merece ninguno».
El Salvador está en una encrucijada. No se trata de querer que los criminales vuelvan a las calles; se trata de exigir un país donde la ley sea un escudo para el inocente y no un garrote discrecional del poder. La paz que se construye sobre el silencio de los inocentes presos es una paz de cementerio.
Desde la realidad que vivimos, se siente que “la gente no habla libremente de estos temas”. Quien camine por estas calles lo percibe sin necesidad de encuestas: la tranquilidad es tangible para la mayoría, y nadie quiere regresar a la era de decenas de homicidios diarios. Pero esa paz tiene un precio silencioso. Familias enteras sufren en privado por detenidos que juran son inocentes, y ha surgido un miedo nuevo: no solo a las maras, sino a equivocarse, a caer mal, a convertirse en víctima del mismo sistema que prometió protegerlos.
Un juicio honesto obliga a mirar ambos lados del espejo: celebrar el logro histórico contra las pandillas, sí, pero también evaluar el costo humano y democrático que se está acumulando. La seguridad real y duradera no puede fundarse únicamente en megacárceles, cadena perpetua y el miedo del que critica. Se necesita instituciones que funcionen con evidencia concreta, revisión auténtica de cada caso, y un pueblo que no tenga que callarse para sobrevivir.
¿Estamos despertando o simplemente nos acomodamos en nuestra nueva celda? La respuesta no será inmediata; el tiempo decidirá si este modelo es un salvavidas para la sociedad… o la lápida definitiva de nuestra libertad.