La cadena perpetua en la era Bukele. Vender Candados para una Puerta que no existe

La Farsa de la Reforma Constitucional

Por Miguel A. Saavedra.

El Salvador ha dado un paso que rompe con su tradición jurídica y los estándares regionales: la constitucionalización de la cadena perpetua. En un país donde la Constitución proscribía las penas perpetuas para enfocarse en la resocialización, esta reforma surge no como una evolución del derecho, sino como un martillazo político en medio de un clima de asedio internacional.

El 18 de marzo de 2026, con 59 votos de 60 diputados (cortesía del partido Nuevas Ideas, que controla la Asamblea Legislativa), El Salvador reformó el artículo 27 de su Constitución. Adiós a la prohibición de “penas perpetuas” que llevaba décadas. Y la nueva senencia es cadena perpetua para “homicidas, violadores y terroristas”. La máxima anterior era 60 años con posibilidad de reducción. Ahora es “para siempre”. El gobierno lo vende como el broche de oro a la “guerra contra las pandillas”. Pero ¿responde realmente a los informes que lo acusan de crímenes de lesa humanidad? ¿O es puro teatro punitivo para tapar el desastre de derechos humanos?

Desarrollemos las interrogantes sin anestesia.

¿La medida legal responde a los informes y señalamientos sobre violaciones a los DDHH?

No. Responde a todo menos a eso. El Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) presentó hace días ante la CIDH un informe demoledor: detenciones arbitrarias masivas, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y violencia sexual bajo el régimen de excepción (vigente desde marzo de 2022). Más de 91.000 personas capturadas, más del 1% de la población enjaulada, juicios colectivos con pruebas vagas y cero garantías. La reforma no corrige nada de eso. No libera a los inocentes, no investiga torturas, no restablece el debido proceso. Al contrario: llega días después de que ONGs y expertos gritaron “crímenes de lesa humanidad” y Bukele presentó la iniciativa. Es la clásica respuesta bukeliiana: te acusan de violar derechos… pues endurecemos más el martillo. Maquillaje con cadena perpetua.

Más que una respuesta técnica, la cadena perpetua parece ser un subterfugio comunicacional. Tras la publicación del informe del Grupo Internacional de Expertos (GIPES) y los señalamientos de la CIDH sobre crímenes de lesa humanidad, el gobierno ha optado por «subir la apuesta» punitiva Al no poder refutar jurídicamente las denuncias de tortura y muertes en custodia, la narrativa oficial se desplaza hacia el endurecimiento de penas para presentar cualquier crítica como una defensa de criminales. Es, en esencia, una maniobra de distracción para el consumo interno y de la diáspora.

 Es vital desmantelar la confusión de la narrativa oficial: los ciudadanos cometen delitos, pero solo el Estado viola los derechos humanos. Mientras que los delitos comunes son competencia de los tribunales nacionales, los organismos y cortes internacionales solo intervienen cuando es el Estado quien, por acción u omisión, traiciona su rol de garante y se convierte en el agresor de la dignidad humana.

No se deje engañar por la semántica oficialista: el Estado no es una víctima de delitos, es el garante de derechos. Si un ciudadano delinque, se le aplica el código penal; si el Estado abusa, tortura o desprotege, viola los derechos humanos. Por eso, la comunidad internacional no juzga pandilleros, juzga a Estados que han decidido ignorar sus propias leyes.

¿El sistema judicial y sus leyes serán independientes en su aplicación?

Ja. El mismo sistema que ya está comprometido hasta la médula. Jueces y fiscales purgados o alineados al oficialismo, Asamblea que aprueba reformas en horas sin debate, juicios colectivos donde el abogado pierde el rastro de su cliente. Los criterios son deliciosamente ambiguos: ¿quién decide si eres “terrorista”? ¿Un pandillero de 18 años? ¿Un activista incómodo? ¿Un opositor con tatuaje sospechoso? La ambigüedad penal es el paraíso de la arbitrariedad. Y el margen de error ya es conocido: miles de inocentes detenidos bajo el régimen de excepción, 8.000 liberados según el propio Bukele (¿y los demás?). Aplicar cadena perpetua en este circo judicial no es justicia. Es ruleta rusa con bala permanente.

El análisis es sombrío: la cadena perpetua es una sentencia irrevocable emitida por un sistema comprometido

• Falta de contrapesos: Desde la destitución de magistrados en 2021, los jueces han perdido su independencia
• Ambigüedad Penal: Figuras como la «agrupación ilícita» se aplican de forma vaga, permitiendo que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad Sin jueces independientes, la cadena perpetua no es justicia, sino una herramienta de control político que puede aplicarse a cualquier «enemigo» del Estado, bajo una lógica de presunción de culpabilidad

Ahora bien, ¿puede un sistema judicial debilitado sostener una pena irreversible? Aquí la pregunta deja de ser teórica y adquiere un filo inquietante. Desde 2021, con la destitución de magistrados y la reconfiguración de las instituciones, la independencia judicial ha quedado, por decirlo con suavidad, en entredicho. En ese contexto, figuras penales amplias “agrupación ilícita”, “terrorismo”operan como redes de pesca de malla fina y ancha, donde capturan mucho, pero distinguen poco. Y cuando la sanción es perpetua, el margen de error deja de ser una estadística para convertirse en destino.

Se dirá, con razón, que la violencia de las pandillas exigía respuestas contundentes. Y es cierto: pocas sociedades han soportado niveles de brutalidad comparables. Pero entre la impunidad y el castigo absoluto hay un territorio intermedio que suele llamarse Estado de derecho. Renunciar a él es como apagar un incendio inundando la casa: el fuego desaparece, sí, pero también lo habitable.

¿El presidente gobernante y su aparato estatal están en disposición de cumplir con las recomendaciones de los informes?

Ni en broma. Las recomendaciones de CIDH y GIPES son claras: terminar con detenciones arbitrarias, investigar torturas, garantizar debido proceso, permitir reinserción. ¿Respuesta del aparato? Atacar a los mensajeros. Bukele arremete contra activistas y ONGs: “quieren liberar a todos los pandilleros”. Subterfugio puro. En vez de cumplir, endurece: reforma constitucional express, promesa oficial de que “nunca volverán a la calle”. El estado de excepción prorrogado casi cuatro años, más del 1% de la población presa, y ahora cadena perpetua sin posibilidad de reinserción. Eso no es disposición. Es dedo medio levantado a la comunidad internacional.

La postura del aparato estatal ha sido el desprestigio sistemático. En lugar de atender las recomendaciones sobre el debido proceso, el gobierno utiliza un «autoritarismo algorítmico» para atacar a los expertos, acusándolos de ser pagados por intereses externos (como George Soros) ]. No hay una voluntad de reforma, sino de profundización del modelo de control social mediante el miedo.

¿El gobierno de El Salvador ha refutado los señalamientos o solo crea subterfugios?

Subterfugios nivel experto. No hay refutación seria con pruebas. No desmontan el patrón sistemático documentado por GIPES. No presentan peritajes que desmientan torturas o desapariciones. Solo el mantra: “estamos salvando al país”, “los críticos son aliados de las pandillas”. Bukele presume 8.000 inocentes liberados como si eso borrara los miles restantes, las muertes en prisión y los juicios sin pruebas. Es el truco clásico: distraer con mano dura mientras el mundo documenta crímenes de lesa humanidad. No refutan. Cambian el tema y suben la apuesta.

El gobierno no ha logrado desmentir hechos concretos como las muertes de inocentes bajo custodia (más de 240 documentadas) o capturas arbitrarias de personas sin vínculos con pandillas Ante la incapacidad de negar estas realidades, crean leyes más severas para legitimar el estado de excepción permanente, convirtiendo la emergencia en la forma ordinaria de gobierno

¿Políticamente qué significa aplicar la cadena perpetua en El Salvador?

El significado político: La «Paz del miedo»

Políticamente, aplicar la cadena perpetua en este contexto significa:

• Anulación de la reinserción: El Salvador se desmarca del humanismo jurídico para abrazar un castigo absoluto
• Inseguridad Jurídica: Irónicamente, esto ahuyenta la inversión extranjera seria, pues no existen reglas claras ni tribunales imparciales
• Consolidación de la Autocracia Electoral: El Salvador ya es clasificado como la segunda mayor caída democrática del mundo situándose en el 6% de la población de Latam que vive bajo regímenes no democráticos

Significa varias cosas a la vez;

• Consolidación autoritaria: el régimen de excepción ya suspendió derechos; ahora la Constitución se dobla para que nadie salga jamás. Es la institucionalización del “nunca más” para los enemigos del proyecto.
• Populismo punitivo puro: la gente quiere seguridad y Bukele se la da a costa de todo. “Votaron por mano dura, aquí tienen cadena perpetua eterna”. Funciona electoralmente (reelección indefinida ya aprobada antes).
• Desafío internacional: mientras CIDH y ONU hablan de lesa humanidad, El Salvador se suma al club selecto de países que aplican perpetua (pocos en Latam). Es el mensaje: “sus informes no nos importan”.
• Anulación de la reinserción: se borra cualquier idea de rehabilitación. El preso no es ciudadano que puede redimirse; es desecho permanente. Lógica de venganza estatal, no de justicia restaurativa.
• Falacia expuesta: “leyes más severas = más justicia”. Mentira. Sin jueces independientes, sin pruebas sólidas y con margen de error de miles de inocentes, lo que hay es más arbitrariedad y más sufrimiento innecesario. ¿Sentido de aplicar 200 años (o perpetua) a alguien que quizás ni siquiera tuvo abogado decente? Ninguno. Solo terror estatal.

La desaparición de la reinserción como horizonte. El condenado deja de ser un sujeto potencial de cambio para convertirse en residuo permanente. Donde antes había una puerta estrecha, difícil, pero existente ahora hay un muro sin fisuras. Y en ese muro no solo se proyectan los culpables; también, inevitablemente, algunos inocentes.

 Todo sistema judicial, incluso el más robusto, se equivoca. La pregunta no es si ocurre, sino qué mecanismos existen para corregirlo. Introducir la cadena perpetua en un contexto de garantías debilitadas es, en ese sentido, una apuesta arriesgada: convierte el error en irrevocable. Como escribir una sentencia con tinta indeleble en un cuaderno lleno de páginas dudosas.

El Salvador ya no discute reinserción ni derechos. Discute “para siempre”. Mientras el régimen celebra la “paz” con más cárceles y penas eternas, el mundo documenta el costo humano: torturas, desaparecidos, niños encarcelados, familias destrozadas.

Esta reforma no es solución. Es el maquillaje más caro y visible del régimen bukeliiano: pintan de justicia lo que en realidad es un sistema que ya no distingue culpable de inocente, porque el objetivo nunca fue la verdad judicial. El objetivo es el control total.

Al final, la reforma dice tanto por lo que establece como por lo que revela. Habla de una sociedad cansada de la violencia, sí, pero también de un poder que ha encontrado en el castigo extremo una fuente de legitimidad. Y deja una pregunta suspendida, incómoda, necesaria: ¿cuánta justicia puede sacrificarse en nombre de la seguridad sin que, en el proceso, la seguridad misma pierda su sentido?

Porque la paz, cuando se apoya únicamente en el miedo, se parece demasiado a su contrario. Y la eternidad, aplicada como pena, corre el riesgo de ser menos una solución que un síntoma: el de un Estado que, enfrentado al caos, ha decidido responder no con equilibrio, sino con permanencia absoluta.

El problema no es que los criminales salgan. El problema es que los inocentes ya no puedan salir… nunca. Y eso, señores, no es justicia. Es otra forma de terror.

La cadena perpetua en El Salvador no es la solución a la violencia, es el síntoma de un sistema que ha renunciado a la ley para abrazar el control total. Como se menciona en el análisis, «la paz del miedo no es paz» es el silencio que precede a una tormenta institucional de consecuencias impredecibles.