El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública
Nuevo informe “El Salvador en la encrucijada”. Un grupo internacional de juristas analizó el impacto del estado de excepción vigente desde 2022. Su conclusión: las graves violaciones de derechos humanos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presenta su informe final titulado: “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública”.
GIPES fue formado con el objetivo de investigar las presuntas violaciones graves de derechos humanos que ocurren en el contexto de la política de seguridad pública del Estado de Excepción que está vigente en El Salvador desde marzo de 2022, y determinar si estas podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El grupo está integrado por cinco juristas de reconocimiento internacional: Susana SáCouto, Claudia Martin, Gino Costa, José Guevara y Santiago Canton. Su informe final cuenta con el respaldo de la Due Process of Law Foundation (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), InterJust, elProyecto de Investigación IMPACTUM y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto de la Universidad de Ghant (Bélgica).
El Grupo concluyó que las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de El Salvador durante el estado de emergencia podrían constituir crímenes de lesa humanidad, debido a la naturaleza generalizada y sistemática de los ataques, su comisión contra la población civil y su realización como parte de una política o plan estatal. Aunque el Grupo reconoce las demandas legítimas de la población salvadoreña por seguridad y la obligación del Estado de combatir la violencia y garantizar la paz, también enfatiza que esta obligación no puede cumplirse mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad.
El análisis de este informe se centra en dos tipos de ataques o agresiones: uno contra miembros de pandillas o personas percibidas como tales, y otro contra opositores políticos o personas percibidas como tales. Para llevar a cabo su investigación, GIPES revisó investigaciones periodísticas, información oficial, informes nacionales e internacionales, y se reunió con víctimas, miembros de la sociedad civil, académicos, abogados y periodistas, incluyendo visitas al país. También examinó violaciones de derechos humanos como encarcelamiento —incluida la detención de niños, niñas y adolescentes—, tortura, homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos.
Además del análisis de los abusos de derechos humanos cometidos, el informe del Grupo incluye un análisis integral del impacto del estado de excepción en curso sobre la democracia y el Estado de derecho. Concluyen que el estado de excepción ha estado acompañado por un desmantelamiento progresivo de la separación de poderes y de las garantías democráticas, concentrando el poder en el Órgano Ejecutivo, lo que ha llevado al ejercicio de poder ilimitado, con opacidad y en condiciones estructurales de impunidad.
El informe de GIPES concluye con una serie de recomendaciones tanto para el Estado salvadoreño como para la comunidad internacional. Exhorta al Estado de El Salvador a establecer una comisión independiente para revisar los casos de las personas detenidas bajo el estado de excepción, con apoyo internacional, así como a poner fin al estado de emergencia y a las reformas penales asociadas, que violan el derecho internacional. También alienta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a crear una misión internacional para determinar las violaciones de derechos humanos, con el fin de garantizar rendición de cuentas y justicia para las víctimas.