El Salvador bajo el espejismo del orden: seguridad oficial, inseguridad real.
El país del miedo, el silencio y las cifras.
Por: Miguel A. Saavedra.
En el discurso oficial de El Salvador hay una frase que se repite con la cadencia de un mantra político: el país es ahora uno de los más seguros del continente. Las cifras de homicidios han caído de forma drástica, las cárceles se han llenado hasta el borde y el Estado proyecta una imagen de control que, hace apenas una década, habría parecido improbable.
Cuando la seguridad oficial convive con nuevas incertidumbres.
Pero la historia de las sociedades esa vieja maestra que rara vez se deja impresionar por estadísticas aisladas no se mide únicamente con números de criminalidad. También se mide con la salud de sus instituciones, con la libertad de sus ciudadanos, con la justicia que ampara al débil y con la estabilidad que permite a una familia planificar su futuro sin sobresaltos.
La paradoja es inquietante: mientras el país celebra la derrota de las pandillas, emergen otras formas de inseguridad menos visibles, pero profundamente arraigadas.
Como un edificio recién pintado cuya fachada reluce mientras los cimientos se tambalean y colapsan lentamente.
Pero la historia de las sociedades no se mide únicamente con estadísticas de seguridad.
También se mide con el estado de sus libertades, la solidez de sus instituciones, la justicia social y la calidad de vida de su población.
Y es precisamente en esos territorios donde comienza a surgir una inquietud creciente entre distintos sectores de la sociedad salvadoreña: la sensación de que la seguridad proclamada desde el poder convive con una nueva arquitectura de inseguridades que afectan la vida cotidiana.
Inseguridad fiscal,Inseguridad laboral,Inseguridad económica,Inseguridad judicial,Inseguridad ambiental.
Todas ellas dibujan el contorno de un modelo político cada vez más personalista y concentrado, donde las decisiones del Estado parecen depender más del temperamento del gobernante que de la fortaleza de las instituciones.
Un modelo que algunos observadores comparan con el estilo político popularizado por Donald Trump y replicado por varios de sus admiradores en América Latina.
La pregunta, incómoda pero inevitable, empieza a recorrer los espacios de reflexión crítica:
El Salvador no avanza hacia una nueva etapa democrática sino retrocediendo hacia formas de poder que recuerdan más a la lógica de las viejas monarquías tropicales (¿retorno de la república bananera?
Las múltiples inseguridades del ciudadano salvadoreño
Inseguridad fiscal: un Estado que camina sobre cuerda floja
El déficit fiscal se ha convertido en uno de los talones de Aquiles de la economía salvadoreña.
El déficit fiscal se ha convertido en uno de los puntos más frágiles de la economía salvadoreña y con una deuda externa que ronda los 34 mil millones deuda que creció 40% desde la llegada del gobierno actual. Cada año, el presupuesto nacional enfrenta mayores dificultades para financiarse, mientras la deuda pública continúa expandiéndose como una sombra que se alarga al atardecer.
El país depende cada vez más de préstamos, renegociaciones y maniobras financieras de corto plazo para sostener el funcionamiento del Estado, donde el problema no es solo contable, es estructural.
Cuando un país vive permanentemente endeudado, su margen de maniobra económica se reduce y el costo termina trasladándose a la población en forma de impuestos, recortes o deterioro y eliminación de los servicios públicos.
Inseguridad laboral: trabajadores sin protección real
En el ámbito laboral, la sensación de indefensión se ha vuelto cada vez más palpable.
Trabajadores del sector público y privado denuncian despidos arbitrarios, pérdida de derechos adquiridos y reestructuraciones institucionales que dejan a miles de personas en una situación precaria.
Las instituciones encargadas de proteger al trabajador ministerios, tribunales laborales, organismos de mediación— parecen haberse vuelto más silenciosas, como relojes que siguen marcando la hora pero han perdido el sonido de sus campanas.El resultado es una percepción cada vez más extendida:
El empleo depende más de la voluntad del poder , del nepotismo institucional ,de la venganza de los funcionarios de las cuotas a militantes partidarios y del mandato a fuerza de las instituciones financieras que de la protección de la ley.
Inseguridad económica: el país donde el salario ya no alcanza
Una frase se escucha con frecuencia en mercados, buses y conversaciones familiares:
“El dinero ya no alcanza”.
El aumento del costo de vida, combinado con salarios que crecen lentamente o permanecen estancados, ha provocado que cada vez más familias enfrenten dificultades para cubrir necesidades básicas.El porcentaje de hogares que caen en condiciones de pobreza extrema incapaces de cubrir siquiera su alimentación ha aumentado silenciosamente.
Mientras tanto, el crecimiento económico del país se mantiene modesto y, en algunos periodos, incluso por debajo del registrado por administraciones anteriores.
Inseguridad judicial: la normalización del estado de excepción
El régimen de excepción fue introducido como una medida extraordinaria para combatir el poder de las pandillas que durante décadas sembraron terror en el país.
La población lo respaldó ampliamente al inicio de su implementación ;Sin embargo, lo extraordinario ha terminado convirtiéndose en permanente.Tras más de tres años de vigencia, el régimen ha alterado principios fundamentales del sistema jurídico:
El derecho al debido proceso,la presunción de inocencia,el acceso pleno a la defensa legal
Además, organizaciones civiles denuncian que la herramienta se está utilizando contra otros actores sociales considerados incómodos para el poder: entre ellos ambientalistas,defensores de derechos humanos,periodistasindependientes, analistas políticos,líderes comunitarios
En muchos casos documentados, incluso personas con cartas de libertad emitidas por jueces permanecen encarceladas.Mientras tanto, el gobierno mantiene como símbolo político la cifra de 90,000 capturados, presentada como evidencia del éxito del modelo de seguridad.Pero detrás de ese número permanece una pregunta incómoda:¿cuántos inocentes han quedado atrapados dentro de esa cifra?Se estima que mas del 3% según datos de organismos de derechos humanos locales.
Inseguridad ambiental: desarrollo sin salvaguardas
El modelo de desarrollo impulsado por el gobierno ha encendido alarmas en diversas comunidades,urbanas , rurales y costeras.
Se denuncian expropiaciones de tierras, presiones contra líderes comunitarios y la ejecución de proyectos sin estudios ambientales rigurosos.
Uno de los temas más sensibles es el posible retorno de la minería metálica, prohibida anteriormente por sus graves riesgos ambientales.
Aunque oficialmente el tema permanece en pausa, comunidades y organizaciones temen que el gobierno esté preparando el terreno político , logístico y militar para impulsar proyectos extractivos minimizando y reprimiendo la resistencia social en los territorios afectados , como lo refleja el hecho más reciente donde se apresa a lideres comunitarios de la comunidad Angulo en Tecoluca ,San Vicente, por oponerse a la construcción de un relleno sanitario en sus tierras lo que producirá contaminación de fuentes de agua, reducción de zonas de cultivo de reserva forestal entre otros efectos nocivos para la salud en general.
Concentración de riqueza y poder
Investigaciones periodísticas publicadas por medios independientes como El Faro y Revista Factum han revelado indicios de que la riqueza de la familia presidencial habría crecido significativamente desde la llegada al poder.
Según estas investigaciones:
Faamiliares cercanos influyen en decisiones ministeriales,algunos ocupan cargos “ad honorem” dentro del gobierno
Se observa una creciente intersección entre poder político para favorecer a cercanos del poder económico histórico del país es decir la oligarquía.
Un fenómeno que históricamente ha sido el germen de prácticas patrimoniales en los Estados latinoamericanos.Sumadoa lo anterior se publica organizaciones contraloras internacionales en informes recientes registran el crecimiento de El Salvador en los índices de corrupción y trasparencia y rendición de cuantas que se ampara en la reserva de información por 7 años (prorrogable) que se decretó para toda la información del Estado.
¿Qué hacer ante este panorama?
El desafío para la sociedad salvadoreña no es únicamente denunciar los problemas.
También es construir alternativas democráticas viables.
Entre las tareas urgentes se encuentran:
- exigir la revisión y desmontaje del nefasto régimen de excepción
- promover reformas legislativas que fortalezcan el Estado de derecho
- impulsar debates académicos sobre modelos de seguridad alternativos sin menoscabo de los derechos y de la democracia
- fortalecery exigir la independencia judicial
- proteger a periodistas, investigadores y defensores de derechos humanos
- presentar propuestas ante organismos internacionales de justicia y derechos humanos
La democracia no se sostiene solo con elecciones.Se sostiene con instituciones fuertes, ciudadanía crítica y libertad para disentir.