Por «decreto de emergencia», el presidente Milei otorga al servicio secreto muchos más poderes

«Este decreto conduce al cambio más grave hasta la fecha, ya que los servicios secretos no han recibido tales poderes desde la dictadura cívico-militar», explica Beatriz Busaniche de la fundación argentina Vía Libre. El decreto del que habla amplía enormemente los poderes del servicio secreto allí. Entre otras cosas, el plan incluye vigilancia en línea «encubierta».

Persecución de activistas y periodistas

El gobierno de Javier Milei emitió el «Decreto de Emergencia 941/2025» el último día del año pasado. Según el texto de la ley, se trata de una «reestructuración y modernización integral» del servicio de inteligencia SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). No se mencionan medidas tecnológicas específicas, como el uso de spyware, en los 41 artículos. Sin embargo, se están creando instituciones y poderes que hacen esto posible; por ejemplo, en el futuro se permitirá a SIDE fusionar datos de todos los sistemas informáticos gubernamentales.

Como señala Nina Galla, portavoz de prensa de Algorithm Watch, en su informe sobre la política de la red, el gobierno presume de poner fin a la persecución estatal de periodistas y ciudadanos. Las ONG locales lo ven de forma muy diferente. La organización de derechos civiles Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la Vía Libre, por ejemplo, señalan que la situación es exactamente la opuesta. La reforma permite procesar a activistas, periodistas u otros grupos de personas desde el principio. La organización Correpi también hace comparaciones con el pasado del país y escribe en Instagram: «Es una medida completamente arbitraria que otorga a los servicios de inteligencia el derecho a acceder a información, realizar investigaciones e incluso arrestar a personas sin ningún control. Esta medida recuerda a las peores prácticas del periodo más oscuro de nuestra historia, a saber, la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983.»

También es especialmente crítico que el decreto haga imposible toda trazabilidad: «Será extremadamente difícil identificar las herramientas utilizadas en reconocimiento facial, spyware, IA y técnicas como la patrulla cibernética, ya que el decreto ha estipulado que todas las actividades relacionadas con SIDE deben ser ‘encubiertas’ (véase el Artículo 2, nota)», dijo Manuel Tufró de CELS a Galla.

Empresas de monitorización activas

El servicio secreto, que ahora tiene bajo su control muchas más agencias, defiende la reforma en X de la siguiente manera: «Los actuales desafíos globales y el nuevo papel central que la República Argentina está asumiendo en el escenario mundial bajo el liderazgo del presidente Javier Milei requieren un sistema nacional de inteligencia moderno, profesional y eficiente que cumpla con los más altos estándares democráticos y republicanos. (…)»

Milei ya ha ampliado considerablemente la vigilancia en el país desde que asumió el cargo en diciembre de 2023. Entre ellas se incluyó una reforma de la vigilancia en línea, la «Ley Ciberpatrullaje», y la introducción de una unidad de IA en la policía. Aunque las demandas llevaron a la prohibición del reconocimiento facial en espacios públicos ese mismo año, solo se produjo en la capital, Buenos Aires.

Según Surveillance Watch, actualmente operan en Argentina 25 empresas internacionales del sector de la vigilancia. Entre ellos se encuentran nombres conocidos como Cellebrite o Clearview AI, que son muy criticados. Según Galla, la fiscalía de Buenos Aires también compró licencias Clearview el año pasado, lo que indica una reintroducción del reconocimiento facial en los espacios públicos.

Resistencia

Galla sospecha que la sociedad civil en Argentina no está suficientemente preparada para la creciente vigilancia en línea. Plataformas meta como Whatsapp o Instagram son ampliamente utilizadas, pero alternativas seguras como Signal apenas están disponibles. La oposición quiere rechazar el decreto en el Congreso, pero ahora está tomando un descanso de verano. Por ello, algunos diputados piden que el decreto sea declarado inconstitucional en los tribunales y suspendido con efecto inmediato. (HLK, 10.1.2026)