Ambas en el exilio, Ivania Cruz y Zenayda Serrano llevan años luchando por los derechos humanos en El Salvador. Aunque su activismo comenzó antes de que Nayib Bukele tomara el poder, como parte de los equipos de las organizaciones Unidech y Mufras-32, respectivamente, su oposición a las políticas impulsadas por este ha sido férrea. Desde la representación de presos políticos hasta la defensa del medio ambiente, las organizaciones y sus activistas han convertido su labor en una herramienta fundamental para contrarrestar el discurso oficialista de Bukele y su régimen de excepción.

Ha sido esta oposición la que finalmente las ha forzado a abandonar su país. Físicamente en Bilbo, pero mentalmente en El Salvador, Cruz y Serrano trabajan desde -y con- diversas organizaciones de Euskal Herria para concienciar y transmitir lo que la población salvadoreña vive a diario. Frente a uno de los regímenes que más provecho ha sacado de las redes sociales para imponer su narrativa, las dos activistas exiliadas confían aún en alzar la voz por un El Salvador donde la seguridad y los derechos humanos sean compatibles.

¿Qué es Unidech y por qué surge?

Ivania Cruz: La organización nace en el año 2019 como un colectivo de líderes comunitarios y un equipo de abogados que tiene como función principal la defensa de activistas y voluntarios que se oponen al régimen. Con la llegada de [Nayib] Bukele se vió que proyectos de infraestructura, turísticos, etc. suponían una amenaza, no solo al medio ambiente, sino principalmente a la población. Así, Unidech tuvo la lucha contra los desalojos como una de sus líneas de acción, que luego se expandiría a más ámbitos.

La organización forma parte del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que aglutina a 35 organizaciones feministas, sindicales y de derechos humanos, entre otras. También tenemos alianzas con Movir, un movimiento de víctimas reprimidas por el régimen. A pesar del panorama oscuro en El Salvador, la organización ha mostrado mucha resistencia.

¿Cuál es el objetivo de Mufras-32?

Zenayda Serrano: Es una organización comunitaria fundada en 2001 como alternativa de desarrollo económico frente al extractivismo. Nuestra zona de actuación es principalmente San Isidro, una zona minera.

Gracias a la lucha constante de comunidades y organizaciones sociales, en 2017 logramos que se prohibiera la minería metálica en El Salvador, siendo el único país del mundo en lograrlo. Los proyectos extractivistas contra los que luchamos no solo roban recursos, sino también vidas humanas por su alta contaminación. Están condenando a nuestra gente a enfermedades renales y a enfermedades cancerígenas que provocan una vida sumamente dolorosa, y nosotros luchamos por pararlo.

¿Con quién trabajan dentro y fuera de El Salvador?

Z.S.: Mufras-32 es parte de la Red-DESC (Red de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), presente en ochenta países y conformada por más de trescientas organizaciones. Hemos trabajado en redes y mesas temáticas desde nuestros inicios. Primero en la Mesa Progresista local por la Minería, luego en la Mesa Nacional contra la Minería Metálica.

Junto con las demás organizaciones, apostamos por un desarrollo humano sostenible, especialmente en países como El Salvador, donde se prioriza el extractivismo y el turismo, olvidando que somos un país densamente poblado. La gente merece condiciones mínimas de vida y los Gobiernos deben garantizarlas.

¿Qué consecuencias tiene no poder registrar legalmente sus organizaciones?

I.C.: Desde 2021 ha habido una persecución directa a organizaciones como la nuestra. Se allanaron siete sedes de ONG acusándolas de mal manejo de fondos públicos. Pero también confiscaron información de sus cooperantes. Ahora criminalizan la falta de inscripción legal: yo misma tengo orden de captura por ‘agrupaciones ilícitas’, un delito antes utilizado para las pandillas.

A las organizaciones con personería jurídica, la Ley de Agentes Extranjeros les exige nuevos requisitos en 90 días, a pesar de que ya estaban fiscalizadas por la Corte de Cuentas y auditorías externas. Esto no solo afecta a ONG independientes, sino también al Gobierno mismo cuando trata de recibir ayuda internacional.

Nuestra Constitución reconoce el derecho de asociación sin exigir inscripción legal, y muchas organizaciones comunitarias funcionan de hecho, no de derecho. Así, utilizan una herramienta administrativa para usos penales.

Z.S.: La imposibilidad de inscribir afecta directamente a la población. Las comunidades saben que hemos llevado más desarrollo sostenible que el propio Gobierno: salud, educación, alimentación. El Gobierno hace proyectos desde un escritorio, desconectados de la realidad. Nosotros vivimos en las comunidades.

¿Cómo enfrentan el discurso oficialista del Ejecutivo?

Z.S.: Bukele tiene a su disposición toda la estructura del Estado para publicitar su versión de la realidad, pero esa imagen es un espejismo. No se cuenta lo que realmente pasa: desapariciones, cuerpos mutilados en las calles, feminicidios. ¿Quién responde por esas vidas? El régimen de excepción no protege al pueblo, sino que lo criminaliza.

Hay más de 400 muertes bajo custodia estatal, muchas en cárceles mixtas, donde las mujeres sufren violaciones y abortos forzados. Algunas llevan tres años sin contacto con sus familias. Queremos que se sepa esto para que la gente tenga más información y pueda juzgar por sí misma.

El Salvador es un país hermoso, pero se ha vuelto invivible. Bukele está arrancando a su pueblo como si fueran árboles inservibles, pero somos madera fuerte. Vamos a seguir ahí, denunciando.

I.C.: El régimen está creando una próxima ola de violencia. Arrestan jóvenes al azar y los mezclan con criminales de alto nivel; no hay programas de prevención ni mejoras en salud, empleo o educación. Es solo una ‘seguridad’ superficial, que no resolverá los problemas de fondo.

¿Pueden convivir los derechos humanos con la seguridad en El Salvador?

Sí, son compatibles. El Salvador ya contaba con leyes que criminalizaban a las pandillas. Si se hubieran aplicado correctamente con investigaciones serias, no habría sido necesario un régimen de excepción prolongado. La Constitución permite medidas excepcionales por 30 o 60 días, no indefinidamente.

El problema no es la falta de leyes, sino la falta de voluntad. ¿Por qué contenedores con droga que salen del puerto en El Salvador aparecen en España o Panamá y nadie investiga? ¿Por qué el presidente no se pronuncia? En San Isidro, donde está la mina, el régimen se impuso con fuerza, pero no detuvieron a los verdaderos pandilleros, que luego aparecieron en EEUU y México. Entonces, ¿cómo salieron? ¿Quién los dejó ir?

I.C.: Denunciamos eso y sufrimos persecución. Mi familia ha vivido amenazas, vigilancia y tuvimos que desplazarnos tres veces por la violencia. Mi padre fue detenido al inicio del régimen. El punto final fue cuando llamaron del colegio de mi hija: un carro sin placas estaba vigilando. La Policía no quiso intervenir. Eso nos obligó al exilio.

El régimen se está utilizando para silenciar voces críticas, no para proteger a la ciudadanía. Es un abuso del poder, que crea más violencia y destruye a las familias. Pero aún en el exilio, seguiremos resistiendo.

Ahora, desde el exilio, ¿cuáles son sus siguientes pasos?

Z.S.: Como Mufras-32 no nos hemos desarticulado, solo hemos cambiado de escenario. Vamos a seguir denunciando. Tenemos una gira prevista por Bruselas, así como acciones en Ginebra y ante Naciones Unidas. Queremos que la comunidad internacional conozca lo que pasa.

Seguimos trabajando con los líderes comunitarios y los abogados que mantienen los casos abiertos. No vinimos al exilio por falta de trabajo o una vida estable; al contrario, tuvimos que dejar todo atrás. Pero me sentía secuestrada en mi propio país. Tenía que salir de allí.

I.C.: A Unidech tampoco nos lograron desarticular. Hay un grupo de líderes comunitarios y abogados que todavía mantenemos la defensa de algunos casos legales.

He vivido en carne propia lo que muchas mujeres enfrentan: tener un familiar preso, hacer filas para entregar paquetes, sufrir acoso, ser estigmatizada. Eso no me quita las ganas de luchar, al contrario, me quita el miedo. Respondemos a la represión con más resistencia.

Por Markel de Bilbao Catediano, Naiz.