Sin techo, sin futuro: LA CRISIS DE LA VIVIENDA EN EL SALVADOR.

En un país que presume de modernidad, pero la vivienda popular es una ruina disfrazada de progreso. Hace apenas unos días, se anunció con entusiasmo casi insultante la “solución” del gobierno para abaratar costos de vivienda: eliminar la obligación de construir parqueos en los nuevos proyectos de vivienda. Una jugada que, lejos de favorecer al pueblo, suena a favor descarado y obsceno para los desarrolladores y sus amigos de negocios. ¿Estarán hablando de vivienda digna o de una covacha de un campo de refugiados? eso solo demuestra el desprecio hacia la gente y que esta no aspire a mejores condiciones de habitabilidad.

¿De qué manual de urbanización moderna han sacado estas soluciones habitacionales? Esta medida, lejos de beneficiar a la población, parece un descarado regalo a los desarrolladores y sus aliados.

 ¿Qué vendrá después? ¿Viviendas sin baños? ¿Calles sin aceras? ¿Techos y puertas opcionales? ¿Casas sin aguas negras, ni agua potable? Las ideas absurdas, diseñadas para favorecer a los socios del poder, proliferan cuando se gobierna sin propuestas serias ni compromiso con las necesidades del pueblo. En lugar de regular el mercado para garantizar el acceso equitativo, el gobierno ha priorizado medidas que benefician a los grandes desarrolladores

¿Dónde duerme la clase media y baja cuando el Estado sueña con rascacielos?

La vivienda en El Salvador se ha convertido en un lujo. Sí.es un lujo porque incluso una casa modesta, mínima, pelona, con suerte bajo techo y con agua corriente, se ha vuelto tan inalcanzable como el sueño americano… que, por cierto, también se está desmoronando.

El derecho a una vivienda digna, consagrado en el artículo 119 de la Constitución política (que todavía no han derogado), es hoy una quimera para la mayoría. Mientras el país se promociona como un «paraíso» en recuperación económica, la realidad es que los precios de las viviendas han escalado un 340% desde el año 2000, los salarios no alcanzan para cubrir necesidades básicas, y el déficit habitacional sigue siendo un problema estructural que el gobierno ignora y aborda con soluciones superficiales. La realidad te aparece en los anuncios: apartamentos o viviendas 340% más caros que en el año 2000, salarios estancados y un sistema financiero que exige ingresos “formales” en un país donde el 70% sobrevive en la informalidad.

Según la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), el déficit habitacional oscila entre 400,000 y 500,000 viviendas, una cifra que el Censo de Población y Vivienda 2024 del Banco Central de Reserva (BCR) pudo haber detallado, pero que, por descuido o decisión deliberada, no se divulgó públicamente. La clase media, que en décadas pasadas podía soñar con alquilar, comprar un terreno o construir gradualmente, hoy se encuentra atrapada. Los salarios mínimos, con un aumento insuficiente del 12%, no logran contrarrestar el costo de vida que acumula un incremento del 23%.

En un país donde el ingreso promedio de personas con empleo formal que representan el 30% de la población activa laborando es de $600 a 700 al mes, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2024 del BCR, adquirir una vivienda nueva, cuyo precio inicial ronda los $99,000 en proyectos más «accesibles» como los de San Miguel, requiere ingresos superiores a $2,000 mensuales. Esto excluye a los jóvenes que no califican para créditos hipotecarios debido a sus bajos ingresos o falta de garantías.

Un pasado con más opciones, un presente sin esperanza. En décadas pasadas, las familias salvadoreñas, aunque no sobraba el dinero, podían optar por alquilar, comprar un terreno o construir gradualmente. Incluso los boomers y generaciones anteriores enfrentaron crisis, pero tenían de 5 a 8 opciones más favorables para acceder a una vivienda, ya fuera por costos más accesibles o por políticas estatales que promovían la construcción de vivienda social.

Para un joven que inicia su carrera profesional o está a punto de concluir sus estudios universitarios, la idea de adquirir una vivienda propia o incluso alquilar un espacio se ha convertido en un sueño prácticamente inalcanzable. En contraste, las generaciones anteriores, como los boomers, nuestros padres y abuelos, enfrentaron desafíos económicos y crisis similares, pero contaban con mayores oportunidades para acceder a un hogar.

Aunque no siempre podían comprar casas terminadas, sí tenían la posibilidad de adquirir terrenos y construir progresivamente según sus necesidades y recursos. Está claro que en el pasado existían alternativas más accesibles para obtener una vivienda, gracias a costos más razonables y condiciones más favorables. Hoy, sin embargo, la falta de ingresos suficientes y la ausencia de políticas que faciliten el acceso a proyectos de vivienda popular mínima hacen que estas opciones sean prácticamente inexistentes. Sumado a que el mercado inmobiliario actúa con la ley de la selva, donde no hay arbitro y si aparece se coloca a favor de ellos.

Hoy, con un sistema bancario que exige ingresos altos y tasas de interés inalcanzables, una vivienda mínima de $35,000 está fuera del alcance del 70% de la población trabajadora en el sector informal, que apenas recibe ingresos fijos. Mientras tanto, proyectos de lujo proliferan en el norte de San Salvador, la carretera al Puerto de La Libertad y hacia Santa Ana, con precios que oscilan entre $180,000 y $240,000.

Mientras inversionistas extranjeros, han encontrado terreno fértil para sus inversiones rentables como el caso de un magnate colombiano que planea construir un edificio de más de 30 pisos, parecen más enfocados en especular que en atender la demanda local. Estos proyectos, exentos de impuestos y derechos bajo leyes favorables, contrastan con la realidad de la gente a pie, que no ve esperanza por delante.

El dato frío (y convenientemente oculto) nos lo niega el último censo de Vivienda y Familia del BCR 2024, que debió actualizar el déficit habitacional, ese que, según CASALCO, ya era preocupante antes del silencio estadístico. Según la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), el déficit habitacional oscila entre 400,000 y 500,000 viviendas, una cifra que el Censo de Población y Vivienda pudo haber detallado y actualizado. ¿Descuido o estrategia? A estas alturas, la omisión parece una forma de discurso: «si no lo decís, no existe.»

La lógica parece ser ésta, como no hay voluntad de construir un modelo justo de acceso a vivienda, se desmantela lo poco que hay. Como si los derechos urbanos fueran una piñata y la piñata solo cayera en las mansiones de lujo.

Y mientras tanto, la clase media se diluye como tinta en agua. Antes se podía soñar con un lote, una casa en cuotas, un cuarto más para cuando llegaran los hijos. Ahora ni un cuarto sin baño. Ni un baño sin deuda.

Un pasado con más opciones, un presente sin esperanza. En décadas pasadas, las familias salvadoreñas, aunque no sobraba el dinero, podían optar por alquilar, comprar un terreno o construir gradualmente. Incluso los boomers y generaciones anteriores enfrentaron crisis, pero tenían de 5 a 8 opciones más favorables para acceder a una vivienda, ya fuera por costos más accesibles o por políticas estatales que promovían la construcción de vivienda social.

Hoy, con un sistema bancario que exige ingresos altos y tasas de interés inalcanzables, una vivienda mínima de $35,000 está fuera del alcance del 70% de la población trabajadora en el sector informal, que apenas recibe ingresos fijos. Mientras tanto, proyectos de lujo proliferan en el norte de San Salvador, la carretera al Puerto de La Libertad y hacia Santa Ana, con precios que oscilan entre $180,000, $240,000 o más.

En El Salvador, el salario mínimo apenas subió un 12%, mientras el costo de vida se dispara por encima del 23%. Matemática simple y letal. «A la gente no le alcanza ni para subsistir, mucho menos para hipotecarse.»

Y ahora cuando vuelven los deportados de la llamada migración inversa, pero ahora obligada cerca de 1500  al mes, una cifra que crece mientras Trump reconstruye su muro simbólico, los de migración inversa a la fuerza hoy se encuentran con precios de Los Ángeles en un país que aún no logra resolver la recolección de basura, al alumbrado público ni los baches en los distritos.

A su regreso se están dando cuenta que los renders que han visto son pura paja y ahora dudan si vale la pena quedarse. Un país con clima tropical y precios de Los Ángeles, pero sin el salario mínimo de Los Ángeles, ni las garantías sociales. Ni las casas.

Los hermanos deportados aquellos que, tras años de trabajar en restaurantes, obras de construcción, granjas agrícolas o fábricas del norte, han regresado forzadamente a este “nuevo El Salvador «enfrentan una decisión amarga. Algunos traen consigo un modesto ahorro, fruto de su arduo trabajo. Podrían usar ese dinero para adquirir una casa, tal vez construirla desde cero en el solar familiar… pero enseguida tropiezan con la realidad: los precios son absurdos, los trámites hostiles y el acceso a créditos, una broma cruel.

Así que se ven en un dilema que suena irónico, pero es tristemente real: ¿vale la pena comprar una casa cara aquí, en un país que presume de estar en pleno “renacer”, pero que el costo de vida cuesta casi igual que vivir en Estados Unidos? ¿O es mejor guardar ese dinero para sobrevivir de algo?

La solución no está en medidas cosméticas como eliminar parqueos, sino en políticas integrales que prioricen la vivienda popular, regulen la especulación y promuevan modelos cooperativos. México y Uruguay demuestran que es posible abordar la crisis habitacional con voluntad política y participación comunitaria. Es hora de que El Salvador asuma su responsabilidad constitucional y deje de ver la vivienda como un negocio para pocos.

Mientras aquí se construyen castillos para inversores extranjeros exonerados de impuestos, otros países de la región han comenzado a reconocer que el mercado no basta. En Ciudad de México, por ejemplo, las autoridades han implementado medidas contra la gentrificación descontrolada:

Crearon la Defensoría del Inquilinato. Impulsaron una ley de regulación del alquiler, protegiendo a las familias frente a la invasión de Airbnb y la codicia de los fondos inmobiliarios. Políticas comunitarias que funcionan Mientras El Salvador carece de estrategias efectivas, otros países de la región están implementando soluciones innovadoras que podrían servir de modelo como México que está preocupado por la gentrificación e intenta regular como en España el mercado inmobiliario.

En Uruguay, la vivienda cooperativa es una política de Estado, no una ocurrencia marginal. A través del sistema de ayuda mutua y propiedad colectiva, miles de familias acceden a vivienda digna sin hipotecar sus vidas. El modelo combina financiamiento estatal, autoconstrucción y gestión comunitaria. Es imperfecto, pero humano. Y eso ya es bastante. Por decreto de ley Las viviendas de tipo social, permanecen fuera del mercado especulativo, garantizando precios accesibles a largo plazo. El gobierno apoya con financiamiento y políticas que fortalecen la autogestión comunitaria donde este modelo ha permitido a miles de familias uruguayas acceder a un hogar sin deudas impagables, promoviendo un sentido de comunidad.

Aquí, en cambio…las iniciativas cooperativas históricas como las que impulsaron FUNDASAL o algunas alcaldías en décadas pasadas sobreviven hoy bajo amenaza, asfixiadas por leyes que imponen impuestos altísimos (30%) a las ONG mientras dejan exento al magnate colombiano padre de un cantante famoso de moda que viene a construir un edificio de más de 30 pisos para nadie.

Ah, sí. Y si nadie los compra los lujosos apartamentos. Igual se construyen con todas las facilidades del gobierno. ¿Por qué? ¿Lavado? ¿Especulación? ¿Simple locura de cemento? o anticipando inversiones para cuando salgan del poder; de la forma que sea, lo cierto es que si usted, lector, no es político, familiar de político, funcionario o allegado del partido oficial NI, si no tiene una cuenta bancaria en las Bahamas o wallet con Bitcoin, o de la clase elite del país, lo más probable es que nunca vea esas torres por dentro.

La vivienda es solo una grieta visible en un muro mucho más amplio: la ausencia total de planificación estatal con rostro humano. Sin políticas públicas serias, sin regulación real de precios, sin visión urbana más allá del próximo tuit viral, El Salvador ha dejado de ser país y se ha vuelto maqueta. Una maqueta escenificada con renders brillantes y drones que sobrevuelan edificios aún vacíos, solo se trata de un progreso diseñado para exportar a una serie de Netflix.

Ahí está, por ejemplo, el eslogan oficial: “Dos escuelas por día”. Una promesa que suena a milagro, pero que, al raspar un poco la superficie, revela inconsistencias. Escuelas construidas con mano de obra penitenciaria, presos que firman planillas que nadie sabe para quién trabajan realmente y que, sin embargo, obras que se reportan a un costo de entre $800 mil y $1 millón por unidad. ¿Escuelas hechas con bloques de oro, acaso? Porque por metro cuadrado de esos centros educativos compiten con los de Europa, Helsinki o Copenhague… al menos en precio.

Y así como se construyen escuelas de cartón y fibrocemento con cifras de mármol, también se construyen narrativas relucientes en Twitter, cuidadosamente editadas para ferias internacionales de turismo, llenas de “milagros” y rankings inflados. Se proyecta un país donde todo avanza, salvo el salario, la vivienda, la comida, el acceso servicios y a los derechos.

Pero no se engañe nadie: debajo de cada render hay una comunidad sin agua potable, calles accesibles y sin drenajes; detrás de cada eslogan hay un techo que no se construyó; y por cada escuela brillante en video, hay cien aulas sin pupitres donde los niños escriben sobre sus piernas o cumbo metálico, y eso sin contar las que han cerrado.

Pero la gente duerme mal. Y si tiene suerte, duerme bajo techo. Tanto la gente de clase media como aquél joven que recién se gradúa ya no sueña con comprar casa, ni siquiera con alquilar. Solo sueña con irse. Porque aquí, tener techo es privilegio; tener esperanza, terquedad. Pero «en este paisito nos tocó y aquí me quedo… » decía el poeta.

No falta dinero, falta decisión, pues desde el año 2020 durante y después de la pandemia el gobierno actual ha manejado 13 mil millones entre presupuestos anuales, dinero desviado del fondo de pensiones y una gran lista préstamos aprobados cada martes en la asamblea. A partir de ello cabe hacerse varias preguntas , si hay tanto dinero gastado o (mal) administrado ¿dónde está?, ¿cuánto ha llegado en obras y proyectos directos para la gente? y si estos han mejorado sus condiciones de vida o vamos para atrás. Bueno, te dirán: espera 7 años para saberlo y si insistís en pedir datos, te aplicamos el Estado de Excepción por opositor.

El problema no es técnico. Es político y de mal gobierno. Hay recursos, pues hay experiencias exitosas en la región, hay modelos que funcionan. Lo que no hay es voluntad de priorizar a las personas por encima de los rendimientos del capital inmobiliario.

La crisis habitacional en El Salvador es un reflejo de un Estado que, lejos de ser un árbitro imparcial, se alía con inversionistas y especuladores inmobiliarios mediante leyes y exenciones que perpetúan la desigualdad. Mientras los desarrollos de lujo proliferan, las familias trabajadoras enfrentan hacinamiento, desalojos y la imposibilidad de acceder a un hogar digno.

El gobierno podría revitalizar el rol del Instituto de Vivienda Urbana (IVU), que entre los años 50 y 70s construyó casi 9.000 apartamentos de interés social en San Salvador, para ejemplo tenemos: Col IVU, Zacamil, Atlacatl, Credisa, Lamatepec, y otros cerca de la UES, entre otros, con proyectos habitacionales masivos colectivos asumiendo costos de infraestructura básica para abaratar proyectos.

¿Queremos realmente resolver la crisis habitacional? Entonces urge:

Legislar sobre el alquiler para evitar desalojos masivos y burbujas especulativas.

Impulsar modelos de vivienda cooperativa, con apoyo estatal y gestión comunitaria.

Frenar la gentrificación, regulando plataformas como Airbnb y gravando la propiedad ociosa en improductiva incluyendo sus fincas y casas-bodega en la playa.

Fortalecer la banca pública para créditos accesibles, no para financiar a políticos.

Auditar y redistribuir el suelo urbano disponible, priorizando a quienes lo habitan, no a quienes lo acaparan.Porque sin un hogar, no hay futuro posible para las mayorías.

Este no es un Estado constructor de procesos, sino de escenografías. No levanta instituciones sólidas ni políticas inclusivas; solo construye lo que pueda sostener su propio relato. Si no suma a su proyecto de acumulación de poder y riqueza, simplemente no se hace. Así de simple, así de brutal.

La verdadera obra que se levanta el gobierno, de piso a techo, no es una escuela ni una vivienda digna, sino un edificio invisible: una estructura de control disfrazada de desarrollo. Se invierte en concreto, pero se desmantela la democracia ladrillo a ladrillo. Se colocan techos de zinc, pero se deja al país sin cimientos éticos.

Lo que se edifica, con afán de codicia y fama, es un régimen que convierte cada institución pública en un departamento de marketing, cada política social en un video de campaña, y cada promesa en un aplauso obligatorio.

Y mientras tanto, lo esencial la vivienda accesible, la salud sin deuda, el trabajo con dignidad se vuelve ruina ,no por el tiempo, sino por el olvido sistemático.

En este paisito nuestro no hace falta levantar rascacielos brillantes que acaricien el cielo para tener una vida digna. No aspiramos a vivir en torres de cristal, pero sí exigimos que se construya un país donde quepamos todos, no solo unos pocos. Un país pensado para la gente común, no para el capricho de quienes gobiernan desde arriba sin mirar hacia el suelo ,al barrio y a la comunidad.

Porque ya es hora de preguntarnos en voz alta: ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando que construyan el país que necesitamos, y no el que a ellos les conviene?