CRISTOSAL huye ante la creciente represión en El Salvador.
Más de 85.000 detenidos en tres años de estado de excepción de Bukele.
Por Emily Green.
17 jul (Reuters) – La campaña del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para consolidar su control del poder y reprimir a los críticos y a las organizaciones humanitarias ha obligado a una importante organización de derechos humanos a suspender sus operaciones en el país y a exiliarse, según informó el grupo a Reuters.
Cristosal, fundada por obispos anglicanos hace 25 años y que saltó a la fama por sus investigaciones sobre la corrupción en el gobierno de Bukele, ha sacado del país a 20 empleados en las últimas semanas.
El grupo dijo a Reuters que sólo le queda una empleada en El Salvador: Ruth López, su directora de anticorrupción y justicia, encarcelada desde mayo por cargos de corrupción.
No se había informado anteriormente de la decisión de Cristosal de evacuar a su personal.
El grupo afirmó que su decisión representa un punto de inflexión en los tres años de estado de excepción de Bukele, ya que muchos periodistas y otros grupos de derechos humanos también consideran que no es seguro seguir operando allí.
«Cuando quedó claro que el gobierno estaba dispuesto a perseguirnos penalmente y que no hay posibilidad de defensa ni de juicio imparcial, eso hizo inviable seguir asumiendo esos riesgos», dijo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, que habló con Reuters desde Guatemala.
La Fiscalía pidió que el caso contra López se desarrolle bajo reserva, lo que la llevó a pedir un juicio público.
Reuters no pudo establecer de forma independiente los cargos contra ella.
Una portavoz de la fiscalía general de El Salvador no respondió a las solicitudes de comentarios sobre por qué el caso contra López está reservado y si las autoridades la consideran un peligro.
Un portavoz de Bukele no respondió a una solicitud de comentarios sobre la presión ejercida sobre las organizaciones de derechos humanos.
Desde que impuso el estado de excepción en marzo de 2022, Bukele ha suspendido derechos constitucionales, ha restringido la libertad de prensa y socavado la independencia judicial.
Los grupos de derechos humanos afirman que miles de personas inocentes han sido arrastradas por su represión contra las bandas, lo que ha llevado a la detención de más de 85.000 personas.
Bukele ha afirmado que estas medidas drásticas eran necesarias para eliminar el control de las bandas sobre el país. Los homicidios han descendido más de un 90% desde que asumió el cargo, según datos del gobierno.
A pesar de las críticas internacionales, el presidente sigue siendo extremadamente popular en El Salvador, con un índice de aprobación de casi el 85%, según una encuesta publicada en junio por la jesuita Universidad Centroamericana.
Pero hay signos de malestar: casi el 60% de los encuestados afirmaron que es muy probable que una persona o institución pueda sufrir consecuencias negativas por expresar críticas al presidente o al gobierno.
Una ley promulgada en mayo hace prácticamente imposible el funcionamiento de muchas organizaciones de derechos civiles con financiación internacional, según personas que trabajan en estas instituciones.
La ley exige a las personas y organizaciones que reciben financiamiento internacional que se registren como «agentes extranjeros» y grava con un impuesto del 30% todas las transacciones financieras con fondos extranjeros. El incumplimiento de la ley puede exponer a los grupos a acciones penales en virtud de las leyes contra el blanqueo de dinero.
Bukele, que fue elegido presidente en 2019, dedicó una parte importante de su discurso sobre el informe de gobierno el mes pasado a criticar a periodistas y grupos de derechos humanos. Dijo que los grupos de derechos humanos «reciben millones cada año para vender miseria y propagar violencia».
HUIDA DE ABOGADOS Y GRUPOS DE DERECHOS Al menos cuatro grupos de derechos humanos, además de Cristosal, han retirado a su personal por motivos de seguridad, dijo Bullock. Reuters pudo confirmar las salidas de dos de los grupos.
La detención de López, la conocida directora de anticorrupción y justicia de Cristosal, supuso una importante escalada en el ataque de Bukele contra los críticos, según los grupos de derechos humanos.
Desde mayo, unos 60 abogados y activistas de derechos humanos han huido, según la abogada salvadoreña de derechos humanos Ingrid Escobar, que abandonó el país tras lo que describió como una campaña de acoso policial. Al menos 40 periodistas también se han marchado desde mayo debido al acoso policial, la vigilancia y el temor a una detención inminente, según la Asociación de Periodistas de El Salvador.
En un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado, el presidente salvadoreño declaró que la libertad de expresión está protegida y «no arrestamos a las personas por expresar sus ideas».
El mes pasado, las autoridades detuvieron al abogado constitucionalista Enrique Anaya, acusado de blanqueo de dinero. Abiertamente crítico al presidente, Anaya había llamado dictador a Bukele en directo por televisión. Al igual que López, el caso de Anaya está reservado, y un juez ha ordenado que permanezca en prisión mientras continúa el proceso.
La portavoz de la fiscalía general de El Salvador no respondió a una solicitud de comentarios sobre el caso.
Angélica Cárcamo, directora de la Red Centroamericana de Periodistas, dijo que el caso de Anaya la convenció de que no era seguro regresar a El Salvador. Dijo que huyó después de que una cámara de seguridad de su casa captara imágenes de soldados armados merodeando afuera. Reuters no pudo confirmarlo de forma independiente.
«Mientras no haya garantías de protección hacia la prensa o quienes ejercemos periodismo o defensa de derechos humanos, no es conveniente retornar», dijo Cárcamo.
Bullock, de Cristosal, dijo que Bukele se ha envalentonado por su alianza con el presidente Donald Trump, cimentada por el acuerdo alcanzado en marzo para albergar a 238 venezolanos deportados de Estados Unidos en una prisión de máxima seguridad.
Bukele también se resistió a devolver a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño encarcelado y deportado injustamente por la administración Trump. También negó las afirmaciones de que el hombre fue torturado en la megacárcel de El Salvador.
Durante la visita de Bukele a la Casa Blanca en abril, Trump dijo que Bukele es «un gran presidente» y que «está haciendo algo increíble por su país.»
(Reportaje de Emily Green en Ciudad de México; Edición de Stephen Eisenhammer y Suzanne Goldenberg)