Seguridad sin Libertad: EL CHANTAJE EMOCIONAL que silencia a El Salvador. Cuando el miedo se disfraza de consenso.
Por: Miguel Saavedra.
En una mirada urgente y con lentes de realidad en el contexto de El Salvador en 2025, la «inseguridad de derechos» emerge como una categoría social que encapsula el clima de vulneración de garantías fundamentales, donde el miedo, la autocensura y la aceptación de un poder autoritario limitan la capacidad de los ciudadanos para exigir sus derechos. Esta categoría, derivada del análisis de la encuesta de la UCA (junio 2025) y del contexto político-cultural, refleja una sociedad atrapada en un chantaje implícito que prioriza la seguridad física sobre las libertades democráticas, económicas y sociales.
La trampa del silencio
En El Salvador, 2025, la palabra seguridad ha dejado de ser una promesa de bienestar para convertirse en una divisa emocional. Se negocia en el mercado del miedo: a cambio de calles sin pandillas, se entregan libertades, instituciones y hasta el derecho a disentir. Según la más reciente encuesta de la UCA, el 70% de la población respalda la reelección inconstitucional de Bukele y más del 58% prefiere callar antes que criticar al gobierno por temor a represalias. ¿Un consentimiento voluntario o un condicionamiento narrativo? ¿Libertad entregada, o libertad jamás conocida?
La “Inseguridad de Derechos” no es una exageración académica ni un concepto abstracto. Es una nueva categoría social: vivir con el temor permanente a que pensar, hablar o simplemente no aplaudir sea interpretado como una traición. Una especie de estado de excepción subjetivo, donde el castigo no siempre se ejecuta, pero siempre se intuye.
Características de la «Inseguridad de Derechos»
Miedo político y autocensura: El 58% teme represalias por criticar al gobierno, y el 37% evita opinar sobre los fracasos del régimen. Este miedo limita la libertad de expresión y lleva a los ciudadanos a alinearse con lo políticamente correcto, como aprobar el sistema de salud (59.7%) o la Asamblea (6.02), a pesar de no interactuar con ellos o no sentirse representados.
Erosión de la independencia institucional: El 55.3% percibe que la Corte Suprema está influenciada por el gobierno, y el 66.4% no se siente representado por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, ambas instituciones reciben calificaciones positivas, lo que indica una aceptación pasiva de su subordinación al poder ejecutivo, debilitando el acceso a una justicia imparcial.
Priorización de la seguridad física: La reducción de la delincuencia ha llevado al 66.6% a alabar las medidas contra las pandillas, pero esta obsesión con la seguridad eclipsa problemas como el estancamiento económico (66%) o la falta de acceso a vivienda (87%). Los ciudadanos sacrifican derechos económicos y sociales por la percepción de estabilidad.
Disonancia cognitiva y negación: La población reconoce problemas estructurales (economía, vivienda, falta de independencia judicial), pero otorga altas calificaciones al gobierno (7.85) y a Bukele (8.15). Esta contradicción refleja una negación colectiva, donde los ciudadanos evitan confrontar la realidad para mantener una coherencia emocional con la narrativa de seguridad.
Riesgo de vulneración directa: El régimen de excepción ha resultado en detenciones arbitrarias, desapariciones y violaciones de derechos humanos, según organizaciones como Human Rights Watch. La percepción de que «el próximo puedo ser yo» está presente, pero el miedo y la propaganda inhiben la acción colectiva.
Una seguridad que huele a chantaje
Durante décadas, El Salvador fue rehén de la violencia. Hoy, lo es del trauma. El régimen ha transformado la seguridad en un arma simbólica: si no estás conmigo, estás con los delincuentes. Esta simplificación brutal y eficaz ha convertido el miedo en virtud cívica. Como quien firma un contrato sin leer la letra pequeña, la ciudadanía ha aceptado condiciones que mutilan sus derechos a cambio de un tipo de paz con cerrojo.
Un líder que promete paz a cambio de obediencia. Según la encuesta de la UCA de junio 2025, el 70% aprueba su reelección, aunque sea inconstitucional, y más de la mitad teme hablar de política por miedo a represalias. En otras palabras: los ciudadanos se sienten más seguros sin derechos que con ellos.
Esta lógica se parece a una extorsión emocional: te salvo del caos si me entregas tu voz. El resultado es una paradoja amarga. Mientras la criminalidad disminuye (de 70.4% a 4.3% como principal preocupación), aumenta el número de personas que sienten que ejercer sus derechos es una forma de jugarse la vida.
Las medidas represivas no gozan de apoyo porque la gente las comprenda, sino porque está exhausta. Un pueblo fatigado es más fácil de gobernar. Y si además se le ofrece una narrativa épica, con enemigos externos, héroes iluminados y soluciones inmediatas, la crítica no solo se vuelve innecesaria: se vuelve sospechosa.
En la propaganda oficial, la disidencia no es simplemente rechazada; es desactivada simbólicamente. Criticar es colaborar con “los malos”. Dudar y pedirle cuentas al gobernante es un lujo de irresponsables. Así, la protesta se convierte en ruido y el disenso en traición. El gobierno no necesita censurar todas las voces: basta con que la mayoría deje de escucharlas.
Peor aún: las alternativas no logran conectar emocionalmente. Las voces críticas suenan técnicas, abstractas, distantes. No interpelan al ciudadano que se pregunta si mañana su hijo regresará del colegio o si el barrio seguirá libre de pandillas. En una sociedad que aprendió a asociar la democracia con el desorden, la libertad se ha vuelto una palabra extranjera.
Apatía e inmovilidad ciudadana
¿Por qué no hay una protesta popular con fuerza? Porque no se ha logrado crear una consigna que rompa el hechizo. La libertad, hoy, es como el aire acondicionado: solo se valora cuando se apaga. Y para muchos salvadoreños, nunca estuvo realmente encendido solo te hacen creer que lo está.
La ciudadanía no es apática por naturaleza, sino por decepción. El lenguaje técnico de los derechos no compite con la emoción que transmite un video de Bukele en TikTok anunciando una megaescuela. ¿Cómo se responde a una narrativa que ofrece milagros con solo levantar el pulgar? No basta con decir que mienten: hay que ofrecer otra historia.
El dilema: ¿elegimos o fuimos programados?
¿Ha elegido el pueblo salvadoreño la seguridad sobre la libertad? ¿O ha sido inducido, mediante un aparato de propaganda sofisticado, a pensar que no se puede tener ambas? Aquí no hay una respuesta sencilla. Pero sí hay una certeza: mientras la libertad siga siendo un lujo incomprendido y la seguridad se venda como una gracia divina, la balanza seguirá inclinándose hacia el control.
La Captación Ignorante de la Población
La «captación ignorante» refiere a la manera en que la población, influenciada por la propaganda y condicionada por el miedo, internaliza la narrativa oficial sin cuestionarla, incluso cuando esta contradice su realidad. Este fenómeno se explica por:
Propaganda efectiva: Anuncios como «dos escuelas por día» aunque haya cerrado (74) más que las que ha reconstruido o mejoras en salud generan percepciones positivas (59.7% aprueba el sistema de salud, 59.8% la educación), aunque los encuestados no tengan contacto directo con estos servicios. La narrativa de progreso, amplificada en X y medios oficialistas, llena el vacío de información objetiva.
Desconocimiento institucional: El 82.8% desconoce el trabajo de la Corte Suprema, y el 65% no se identifica con ningún partido político. Esta ignorancia facilita que los ciudadanos acepten evaluaciones positivas de instituciones sin base en hechos, como la nota de 6.02 a la Asamblea, a pesar de no sentirse representados.
Chantaje psicológico: La narrativa de «Bukele o el caos» explota el trauma colectivo de la violencia pandillera, llevando al 70% a apoyar la reelección inconstitucional. Los ciudadanos, temerosos de un retorno al pasado, se convierten en rehenes de esta narrativa, aceptando la pérdida de derechos como un mal necesario.
Cultura autoritaria: La preferencia por la «mano dura» (54.3%) refleja una mentalidad histórica que valora el liderazgo fuerte sobre la democracia participativa. Esta predisposición cultural hace que los ciudadanos sean más susceptibles a la propaganda que glorifica a Bukele como salvador.
La captación ignorante no implica una falta de inteligencia de la gente, sino una combinación de desinformación, miedo y arraigo cultural que limita el pensamiento crítico. «Como un adicto que niega su problema», la población reconoce las fallas (economía, vivienda, falta de independencia judicial), pero las minimiza públicamente para sobrevivir en un contexto de inseguridad de derechos.
“No somos libres si vivimos con miedo a opinar” no es solo una consigna: es una verdad urgente. Porque tener seguridad sin justicia no es vivir en paz; es vivir en una cárcel sin barrotes.
¿Qué hacer? La urgencia de una nueva consigna
Toda disidencia eficaz empieza por el lenguaje. Mientras los sectores críticos sigan hablando en código técnico, no penetrarán el blindaje emocional que el régimen ha tejido con precisión quirúrgica. La narrativa alternativa debe ser simple, emocional, concreta que «No niegue la necesidad de seguridad, pero recuerde que esa seguridad sin derechos es como un candado sin llave.»
Propuestas como:
“No quiero volver al pasado, pero tampoco vivir sin futuro”
…pueden comenzar a perforar el cascarón del consenso impuesto. No para derribarlo en un día, sino para abrir una rendija por donde entre el pensamiento.
Hacia un futuro sin chantaje
El desafío no es solo resistir. Es reconstruir la idea misma de comunidad y dignidad. Porque mientras el Estado siga ofreciendo seguridad como un favor en lugar de garantizarla como un derecho, cualquier estabilidad será efímera y cualquier libertad, condicional.
Y quizás esa sea la batalla más compleja, la de recuperar la imaginación política de un pueblo al que se le ha convencido de que obedecer es lo mismo que vivir en paz.
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