SITUACIONES Y EFECTOS GRAVES PARA LA CLASE TRABAJADORA, QUE MANIFIESTAN UN TOTAL DESINTERÉS DE LA PARTE GUBERNAMENTAL POR CUMPLIR.
Por: Róger Hernán Gutiérrez. *
El punto acá es el problema grave de disponer hasta ahora de un sistema previsional a punto de agotarse en su funcionalidad, con una deuda inmensa que va acumulándose a diario y convirtiéndose en impagable, si no se corrigen las fallas estructurales en el actual sistema. Para el caso, un síntoma a partir de la última reforma del 2022 es que las fallas estructurales que se ocasionaron por la transición del sistema público de capitalización colectiva, con mejores derechos en cuanto a disponer de un cálculo definido, a un sistema privado de capitalización individual de beneficios indefinidos con peores derechos, ocasionó un impago.
La ocasión a comentar como muestra de ese problema arriba mencionado—el gobierno tiene forzosamente que pedir prestado a las afp que administran el fondo de pensiones; y tiene grandes dificultades para pagar esa deuda, por cuanto fondos públicos resultado de la captación de impuestos es insuficiente para cubrir periódicamente la deuda previsional y realizar los pagos periódicos que se requieren, manifestándose una alta deuda morosa por el impago de capital e intereses resultado de dichos préstamos forzados, en tanto son propiedad de la clase trabajadora que cotiza (16%), y a ésta al no participar en la estructura decisoria en el sistema privado, no logra entender el problema, ni oponerse a la acción de hacer piñata con los fondos.
Para muestra un botón, antes de la reforma el gasto de pensiones pagadas con los préstamos, la deuda representaba un incremento paulatino a mayo 2023 representó 345.7 millones anuales y luego de hacer que finalmente desapareciera el INPEP y se impusiera vía la reforma al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) a abril 2025 representó 2,047.6 millones; eso significa que en menos de dos años aumentó más de 2,000 millones acumulados. Por cuanto el ISP está a cargo del pago de la deuda, y la reforma especificó una moratoria de no pagar el capital e intereses por más de 4 años.
El significado de todo esto es que los papeles de deuda previsional crecen de manera exorbitante—todos sabemos que ello no afecta la administración del manejo del fondo previsional—sino que la afectación es directamente a la clase trabajadora cotizante, quien ve depredar su derecho a beneficios mejores en materia de pensiones; sabemos que es necesario una reforma estructural al sistema previsional—por cuanto pasar de un sistema público a uno privado, lo que se ganó fue que la ganancia al cobrar por la administración del fondo un porcentaje sólo beneficia el negocio para la afp. Y la misma se desentiende de invertir los fondos a riesgos seguros para mayor rentabilidad y crecimiento del fondo, para cubrir y poder otorgar mejores beneficios de pensión.
El problema que tratamos de analizar es que pasar a un nuevo sistema, dejó sin resolver en quien recaería el pago de la deuda y cómo se pagaría la carga previsional, es decir claramente se socializaron las pérdidas y se privatizaron las ganancias, esa obra fue de arena al pretender favorecer a grupos oligárquicos, que se filtraron en el aseguramiento, respaldos financieros y
bancarios en una estructura de dirección fuera de toda participación de la clase trabajadora, cuyos fondos son de su propiedad.
El Fondo Monetario Internacional, ha visto ese problema que degrada las finanzas aumentando la deuda pública, que está siendo afectada por la acción de prestar a los fondos de pensión mensualmente y bajo tasas de interés acordadas que hacen insostenible y manejable el endeudamiento—y bajo las presiones de que el gobierno mantiene un hoyo fiscal cada vez más grande estaría solicitando al FMI 1400 millones. Dicho fondo no lo hará sin disponer a cambio de un manejo “adecuado” de la deuda pública—todos deberíamos saber que una deuda pública insostenible hace inviables las decisiones para mejorar la situación del país en diferentes áreas.
Una anomalía así, para su tratamiento ha implicado una calendarización que programa las acciones del gobierno para ir reduciendo la deuda previsional en un período determinado al 80%, es decir bajarla 6 ó 7 puntos del pib, que implica unos 300 millones o más y llegar a una reducción de 2,400 millones. Sin embargo, el compromiso del gobierno está incumplido en cuanto a la reforma del sistema previsional, y hoy en julio2025 tocaba presentar el estudio actuarial, que en pocas palabras significa garantías a la financiación y sostenibilidad del sistema.
El gobierno ha pedido prórroga a sep/25, y la presentación de la propuesta de reforma para feb26, va atrasarse—eso significa un total desinterés de la parte gubernamental y por tanto llevar a mayor deterioro el derecho a previsión social para la clase trabajadora.
