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LEGISLACIÓN, JUSTICIA, DEMOCRACIA, EL ORDEN CONSTITUCIONAL, LAS LIBERTADES, OTRAS RAZONES Y OBJETIVOS PARA UNA EXISTENCIA POTENCIALMENTE HUMANA.

Por: Róger Hernán Gutiérrez. *

Lo importante acá sería una existencia plena en materia de derechos humanos, cuyo significado deberíamos estar todos en una determinada sociedad de acuerdo, sin embargo, esto no ha sido posible y la humanización de todo debería ser la tarea concreta, en la economía, en lo social, en lo laboral, en lo científico; y sobre todo en lo político.

No obstante, involucrar los derechos humanos en todo lo que hacemos, decimos y pensamos, tiene un enorme valladar que conocemos como el poder—donde a lo largo de la historia, por el han caído grandes dictadores, personas y grupos que pretendieron dominar a otros que supuestamente fueron calificados por el poder como débiles, inferiores, desechables, lo que daba una arbitraria autoridad para quienes tenían el poder, para marginarlos y excluirlos de todo el bienestar posible de beneficio común.

Acá encontramos la tesis del bienestar común y su raíz en el orden constitucional, como un marco jurídico que todos los involucrados respetaríamos para disponer de una democracia—es decir un poder de la mayoría por sobre todas las cosas—bajo principios como todos somos iguales ante la ley, claro hablamos de una ley donde pocos habían participado en su construcción, con sus sesgos e intereses contrarios posibles. El caso de la Cn. de 1983, tuvo entendemos la visión de parar la guerra iniciada en esa década, además según datos a ese momento el conflicto había cuasi terminado—el ejército, no tenía ya la fuerza para sostener el conflicto armado.

Pero un giro importante se dio, que unos lo llamaron el paso de la guerra por un gobierno democrático revolucionario (GDR) a una guerra por un gobierno de amplia participación (GAP). El período de 1983 a 1985, fue el período de mayor represión social y política, y de agudización del conflicto armado—es decir que la Cn. a pesar de sus reformas y la implantación de un “nuevo orden democrático constitucional” no fue suficiente, y sólo dio paso al pacto político de la DC con el ejército, llevando al exiliado Duarte a la Presidencia de la República, dejando relegado a la persona de Dawison en la Asamblea Legislativa, movida claramente de los USA.

La tesis de que un orden constitucional diferente, sea el antídoto para rescatar la democracia, la historia demostró que no era posible y el poder quitado a los militares para darlo a los civiles como partidos políticos—no fue tampoco una solución, y luego de más de 40 años, hay una anulación del equilibrio en los poderes del Estado, dando una centralización de mayor concentración de poder en el ejecutivo. Es decir, hemos consolidado con algunas variantes el poder en un presidencialismo, que hoy se impuso violando toda la legislación electoral y constitucional trabajada en aquella reforma del 83.

Se dice que hay intenciones y, es el momento para abolir el orden constitucional iniciado en 1983; sin imponerse la justicia social como un imperativo para la defensa de los derechos humanos. En consecuencia, no hemos tenido una democracia como aquella acción que eleve

y prevalezca los derechos humanos por sobre todas las cosas—en la economía, lo social, lo militar y lo político.

Las supuestas libertades han estado igualmente restringidas, y sólo ha existido la libertad económica en el marco del neoliberalismo y la economía mundializada, ha hecho a los caracterizados y minoritarios grupos dominantes, más concentradores de la riqueza producida, favorecedores de las legislaciones en su violación sin penalización alguna y, en su aplicación abusiva y arbitraria con un uso desproporcionado del aparato del Estado.

Por tanto, razones han quedado atrás, apachurradas por la historia y la realidad, las relaciones de un poder abusivo, centralizado y autocrático entre otros factores han sido la norma determinada para la sociedad, que intenta reivindicar la justicia en todos sus órdenes; y llevar a un plano de alta y plena aplicación de los derechos humanos en una sociedad determinada.

Es así que nuestra sociedad se enmarca en una anulación plena del orden constitucional, un remedo de la legislación cuando conviene a intereses sectarios, anulación de los órganos del Estado, lo que deja el paso a la impunidad, y a la plena indefensión de la persona humana como tal; y abre la puerta a la arbitrariedad y, como es nuestro caso a mayor autocratismo.

Somos en todo sentido una sociedad débil, buscando fortalecerse en la organización como elemento crucial para defender las legislaciones que, en su aplicación, alcanzan la justicia social, la búsqueda de un nuevo orden social de bienestar para todos, que llevará a un plano de libertades colectivas e individuales capaces de encontrar una vida plena de humanización y derechos de ciudadanía.

*Sindicalista salvadoreño.

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