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LOS FALSOS POSITIVOS DEL ILEGAL RÉGIMEN SALVADOREÑO.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández, Educador.

El término “falso positivo” se acuña cuando se hace público como el régimen de Uribe en Colombia, presenta asesinatos sumariales de decenas de jóvenes campesinos y obreros, como guerrilleros caídos.

El de Uribe fue el clásico régimen de derecha, que apostó al neoliberalismo mientras a la par profundizo las desigualdades e inequidad en Colombia, favoreciendo a los de siempre, derivado en un agravamiento del conflicto por la participación del narco del lado del uribismo, con respaldo de EU, y con el propósito de neutralizar a la insurgencia.

En cambio, los reveses militares movieron a la derecha en el poder a implementar un pago por cada supuesto guerrillero anulado, lo que provocó que el ejército colombiano secuestrara, engañará, sedujera con ofertas de empleo, a decenas de jóvenes de los barrios populares, a los que asesino, para luego presentarlos como supuestos guerrilleros.

Esos crímenes fueron finalmente descubiertos por algunos jueces y fiscales comprometidos, lo que derivó en el procesamiento de algunos militares, sin que el propio Uribe haya a la fecha dado cuentas por su responsabilidad en ello.

En el país, el régimen se vende con la pretendida limpieza que ha supuestamente logrado contra las pandillas, alegando haber detenido en el marco de la excepcionalidad, a algo más de 80 mil supuestos pandilleros, mientras a la par admite haber liberado, también supuestamente, a 7,000 de esas personas, que no tenían ni causas penales pendientes, ni relación con las pandillas, a los que debemos sumar los algo más de 400 asesinados dentro del sistema penal, dentro de las cárceles para población común, de los cuales hasta el 94% tampoco carecían de relaciones con la criminalidad, agravado al ser sus muertes producto de torturas implementadas por agentes del estado.

Esas personas son presentadas públicamente como delincuentes, sin demostrarlo jurídicamente, para mantener la aceptación y el respaldo políticos de la población, para legitimar así su permanencia ilegal en el poder, sin importar la injusticia, las vidas arruinadas y las muertes de inocentes.

Porque lo relevante es la aprobación, no la justicia.

Ahora, el respaldo obtenido de la población, que también es un éxito de relaciones públicas, es simplemente insostenible.

Si suprimimos la excepcionalidad, sencillamente degenerará en el retorno de la violencia, porque sus causales estructurales han sido agravadas por el régimen.

Porque las pandillas son consecuencia de la exclusión social, de la desigualdad estructural que expulso a la mitad de nuestra población, que es doblemente expoliada porque sus remesas son las que sustentan la desigualdad, lo que la mayoría pasa por alto.

Entonces, no es cierta la implicación esgrimida desde el régimen, que endilga a las pandillas la causalidad de la violencia, que en realidad se corresponde con la exclusión y la marginación, permitiendo que las pandillas se empoderen territorialmente, para conformar un recurso que asegura la continuidad del modelo, mientras la población no comprende el juego.

Por lo que, concluyamos, la violencia, la pobreza, la exclusión, la desigualdad, etcétera, son consecuencias, mientras la causa es el modelo.

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