En El Salvador, guerra contra los derechos humanos: detenciones arbitrarias, represión y abusos judiciales.

A más de 3 años bajo el “régimen de excepción” impuesto por Nayib Bukele en El Salvador, la oleada de represión y autoritarismo del gobierno continúa acentuándose. Sólo en lo que va de mayo de 2025 han arrestado de forma arbitraria a tres activistas y más de una decena de salvadoreños: la abogada de la ONG Cristosal y crítica del gobierno, Ruth Eleonora López, por supuesto “peculado”; al menos dos defensores de derechos humanos, José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez el 12 y el 13 de mayo, respectivamente, por haberse manifestado pacíficamente en las cercanías de la casa del mandatario contra un desalojo de la cooperativa El Bosque; y a 16 transportistas a comienzos de mes, de los cuáles uno falleció bajo custodia estatal y aún no ha sido aclarada la razón de su muerte, según Amnistía Internacional.

El arresto de Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal y considerada una de las 100 personas más influyentes por la BBC en 2024 por sus denuncias de corrupción o del uso de fondos públicos para espiar a periodistas, ha preocupado a varios sectores sociales e internacionales. La Fiscalía General de la República El Salvador publicó en X su arresto donde la acusó de colaborar en la “sustracción de fondos de las arcas del Estado”, aunque omitió información clave relacionada a la acusación.

«El Salvador es un país que no ofrece garantías judiciales», expresó Abraham Abrego, director de litigio estratégico de Cristosal durante una rueda de prensa este lunes, y advirtió que el gobierno utiliza formas irregulares para capturar a defensores de derechos humanos. También acusó a las autoridades de “desaparición forzada” por no permitir que los familiares y el abogado defensor de Ruth López tengan comunicación con ella. Por su parte, el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullok, denunció que “la detención de Ruth no es un hecho aislado, es parte de una estrategia sistemática de represión”.

El Salvador es un país con más de 85 mil detenidos por supuestamente pertenecer a pandillas y en el que al menos 405 personas han muerto en las cárceles bajo custodia policial, de acuerdo a cifras de la ONG Socorro Jurídico.

Poco tiempo después de la detención de Ruth López, el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, publicó en X su carta de renuncia, entregada el 15 de mayo. Es evidente que, a pesar de las adulaciones expresadas hacia el líder de Nuevas Ideas en el documento, no pudo evitar salirse de un barco donde los Derechos Humanos figuran en un papel muy alejado de la realidad salvadoreña.

En entrevista con Diario Red Latinoamérica, el representante del Foro del Agua, Carlos Flores, describió los sucesos durante la protesta que terminó en la detención de Alejandro Henríquez, defensor de derechos humanos y abogado de la cooperativa El Bosque, así como del presidente de la misma cooperativa y pastor de una iglesia evangélica, José Ángel Pérez.

Flores explicó que alrededor de 250 personas de Santa Tecla, quienes forman parte de la cooperativa El Bosque, salieron a manifestarse pacíficamente en los alrededores de la colonia donde vive Nayib Bukele desde el viernes 9 de mayo, contra una orden de desalojo del Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla fijada para el 22 de mayo.

Según los afectados, tras un largo proceso judicial de varios años, más de 300 familias habrían sido estafadas por un administrador, Luis Alonso Palomo Urbina, quien “se robó todo, a pesar de que el contrato decía que él iba a pagar la deuda (bancaria de 200 mil dólares), en realidad había saqueado todo lo de la cooperativa. La comunidad tiene mucho dolor de eso”, afirmó Flores, estimando que la cifra robada asciende a los 600 mil dólares.

A pesar de haber denunciado a Palomo por estafa agravada y administración fraudulenta, el juzgado habría emitido la orden de desalojo en favor del administrador. “Eso generó una gran angustia en la gente y entonces se puso en acción. Se hizo un plan de trabajo y decidieron que irían a la carretera porque ahí en la salida pasa el presidente” Nayib Bukele, describió el salvadoreño.

«Había familias, ancianos, incluso había niños jugando, porque nunca, jamás nos esperamos que hubiera represión»

“Fueron 3 días de manifestación pacífica donde la comunidad solo quería que Bukele los viera, tenían la fe puesta en que les iba a ayudar”, explicó Flores. Sin embargo, en la noche del 12 de mayo tras el retiro de placas de los vehículos y multas impuestas por la Policía Nacional Civil (PNC) a los manifestantes, éstos pidieron que se les regresaran sus placas. Ya para ese entonces había presencia de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO).

El jefe de unidad de la UMO, el oficial Guillén, solicitó al abogado Alejandro Henríquez y a otros líderes, entre ellos José Ángel Pérez, que se acercaran a hablar, pero “como ya era demasiado sospechoso, la gente no quiso dejarlos solos. Llegaron varios policías y había como 20 personas de la comunidad que estaban cubriendo a los compañeros”.

“Su plan era agarrar a Alejandro y Moisés (otro líder) para someterlos y llevarlos. Pero empezó el forcejeo y logramos zafar las manos del policía de la mochila de Alejandro. Entonces ‘corré’, le dije. Salió corriendo apenas se sintió libre”, expresó. “Se activaron los militares y empezaron a pegarnos los antimotines. Luego aparecieron más policías militares, que era otro equipo de uniformados con escudos y cascos”, describió el miembro de Foro del Agua. Esa noche la policía se llevó detenido al pastor José Luis Pérez.

En la escena de la agresión, “había familias, ancianos, incluso había niños jugando, porque nunca, jamás nos esperamos que hubiera represión, porque la policía jamás le dijo a la gente que se fuera, jamás les dijo que los iban a reprimir”.

Al día siguiente, Carlos Flores y Alejandro Henríquez iban camino a la oficina del Foro del Agua, cuando se les “atravesó un carro pickup doble cabina, placas particulares, vidrios oscuros. Entre saber si era la policía o si era un posible asalto, mi instinto fue escaparme. Pero como a unos 50 metros adelante estaban unos policías, había 3 apuntándome con armas largas y otros 3 con pistola”, relató Flores. El carro que los había cerrado los alcanzó y un policía se bajó muy molesto, intimidando al conductor e insinuando que había hecho un “intento de asesinato”.

“Le pusieron las esposas a Alejandro en menos de 30 segundos y lo metieron al carro. Nos quitaron los documentos, el DUI (Documento Único de Identidad) mientras seguían intimidándome, que yo les había tirado el carro”, comentó el representante del Foro del Agua.

Ante la violencia, consultó la razón por la que se llevaban al abogado: “’Lo estamos llevando por el delito de desorden público’. Me dijeron que se los llevaban DCI: Dirección Central de Investigación. Me pidieron que me quitara del frente de su carro, ‘o lo vamos a llevar por intento de homicidio’. Les dije ¿es un secuestro?”, por lo que se pusieron más agresivos y Flores tuvo que retirarse.

“A Alejandro nunca le leyeron sus derechos, nunca le dijeron está arrestado. Lo esposaron usando la fuerza. Y lo subieron al carro con ese engaño: ‘ya se va a ir, no se preocupe’. Ese fue el procedimiento”, lamentó Flores. Una de las trabajadoras del Foro del Agua salió de las oficinas del e intentó tomar fotos, pero un policía le obligó a borrarlas del celular.

«Estamos temerosos de que los delitos que se le imputen no tengan que ver con desórdenes públicos, sino que sean delitos fabricados vinculados a agrupaciones ilícitas, como las pandillas”

El 16 de mayo, el juzgado de lo laboral de Santa Tecla dejó sin efecto la orden de desalojo. Sin embargo, Carlos Flores no está seguro de qué significa eso, o si lo van a respetar.

“No hay garantías aquí”, afirmó Flores al reconocer que dos líderes de la comunidad tuvieron que abandonar el país. “La policía pasa todos los días en la comunidad. Hoy (domingo 18 de mayo) la gente denunció que había policías vestidos de civil intentando entrar a la cooperativa para agarrar los papeles de la cooperativa”, comentó.

“Estamos temerosos de que los delitos que se le imputen no tengan que ver con desórdenes públicos, sino que sean delitos fabricados vinculados a agrupaciones ilícitas, como las pandillas” cuando él no tenía nada que ver con eso. Además, al abogado Henríquez no lo recibieron con el acta de referencia propia, sino con el número del acta de Luis Ángel Pérez, lo que deja dudas sobre la transparencia del proceso.

Para la cereza del pastel, muy al estilo de medio informar o desinformar à la Donald Trump, Nayib Bukele subió un video expresamente cortado y descontextualizado, en el que un lugareño habla de “gente que no era de la comunidad”, pero no se refiere a infiltrados por los líderes como señala el presidente, sino a infiltrados de la misma policía.

Carlos Flores lo deja claro: “Sacaron de contexto el video. Había 2 personas que se dedicaron únicamente a registrar en video la actividad. Hacían paneo, intentando que toda la gente que estaba participando quedara (filmada). (…) Obviamente fue un infiltrado. Cristóbal, que aparece en el video del presidente e integró la comisión de seguridad, estaba hablando de que había personas infiltradas, pero eran personas de la Policía”, aclaró.

Hacia el final de la entrevista, Carlos Flores reconoció que desde la detención de Alejandro no ha vuelto a su casa por temor. Resaltó que “la situación es muy atemorizante e intimidante” porque “cada actividad que organizamos tiene una alta participación de policías infiltrados. Pero bueno, ahorita es la cuestión de darle. Cuando vemos esta situación y este montón de gente que conoce a Alejandro en México y España, actuando en comités, para la liberación, eso se llena de energía y motiva, de otra manera uno se quiebra”.

El mandatario salvadoreño aprovechó esta coyuntura para lanzar una iniciativa de la criticada Ley de Agentes Extranjeros, que impone un 30% de retención de ingresos a las ONGs.

«Estamos pasando de la dictadura a la tiranía»

Hasta el cierre de esta edición, no se tiene información de que los abogados o los familiares hayan podido ver a los defensores detenidos. Para la directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, “indudablemente estamos en una dictadura” porque la Constitución de El Salvador dice claramente 6 veces que la reelección inmediata es inconstitucional y Bukele se reeligió, comentó en una entrevista del canal FACTum. “Hay una deriva autoritaria, estamos pasando de la dictadura a la tiranía”, dijo.

A estas atrocidades y abusos de poder, se debe sumar la detención de 16 transportistas denunciada por varias organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional. En un comunicado informan que se “les atribuyeron delitos sin una base fáctica clara o sustento legal (…), se les imputó el delito de incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 321 del Código Penal, el cual aplica exclusivamente a funcionarios públicos, empleados del Estado o agentes de autoridad, y no a particulares como los concesionarios de transporte”.  Uno de ellos habría fallecido mientras estaba bajo custodia del Estado.

Una reciente encuesta del Centro de Opinión Pública refleja una caída de 20 puntos en la aprobación de Nayib Bukele: en un año pasó del 75% al 55%.%. Entre las razones, destaca el rechazo al encarcelamiento de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). ¿Será que asumirse como la “cárcel trasera” de Estados Unidos está debilitando su imagen y desatando el nerviosismo del ‘dictador cool’?